Proyectos de hidroeléctricas no benefician a los pueblos, sino a empresarios

Integrantes del colectivo de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), señalaron que hubo violaciones a los derechos humanos sobre todo debido a los proyectos hidroeléctricos: El Naranjal y Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en la Sierra de Zongolica. Aunado a ello, ambos proyectos representan un grave riesgo no sólo para la sociedad, sino para el medio ambiente de estas personas.

“El beneficio para estas comunidades no implica poner una hidroeléctrica, sino apoyos de otros tipos que favorezcan su desarrollo integral”, aseguró Adriana Valera, del Centro del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacurría.

Por ello el llamado para ejecutar políticas públicas encaminadas a resolver las necesidades de la gente.

Refirió que de concretarse el proyecto El Naranjal, más de 30 mil habitantes de origen indígena y mestizo quienes vean afectadas sus condiciones de vida, sobre todo en cuanto a desplazamientos e inundaciones.

“Serán dañadas 106 hectáreas, 89 de ellas de uso agrícola y productivo; los impactos sociales y ambientales han sido minimizados en la Manifestación de Impacto Ambiental”, señaló Beatriz Vázquez

Resaltó que la empresa encargada de los proyectos no brinda información sobre los planes de realización de la obra e impulsa un proyecto que atenta contra el desarrollo de las comunidades, su alimentación, su desarrollo, así como al agua. Esto porque alterarán el flujo del río, lo cual tendría gran impacto como contaminación en los canales subterráneos.

Básicamente no se ha realizado ninguna acción de referéndum para conocer la opinión de los habitantes.

Por su parte, el Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en la Sierra de Zongolica, a cargo de Electricidad del Golfo dejaría alrededor de 5 mil afectados en Mixtla de Altamirano, Zongolica y San Juan Texhuacán, que son de las comunidades más pobres a nivel nacional.

El proyecto incluye la construcción de presas que provocarían inundaciones en las partes bajas del Municipio de Zongolica. Sin embargo, la solución del gobierno es que se construya un túnel, lo cual provocaría inundaciones en la parte más baja

El problema del abasto del agua es muy grave, por lo que los dictámenes del Tribunal Permanente de los Pueblos, un organismo internacional no gubernamental va en torno a que se cancelen los proyectos.

Los representantes mencionaron que hay recomendaciones a los tres órganos de Gobierno son reparar las violaciones de derechos humanos ya ocurridas y a prevenir nuevas violaciones por la construcción de presas.

Del mismo modo se debe garantizar la transparencia en cuanto a la información, ya que actualmente ni los comunicadores tienen acceso a estos datos.

El impacto social y ambiental es muy fuerte ya que en la zona hay terrenos cultivables de azúcar, café y naranjas. La gente no ha vendido sus tierras, los ejidatarios no han hecho concesiones para vender terrenos; sin embargo, los empresarios han entrado a realizar estudios, pese a que no tienen permisos necesarios.

Finalmente, lo que se requiere es acción inmediata, en cuanto a que se requiere frenar estos proyectos, así como informar sobre ellos a los habitantes de la comunidad, ya que son los verdaderos despojados de sus tierras.

“No se beneficia a la comunidad, sino a los empresarios, hay que pensar en los pobladores y su riqueza ancestral”, concluyeron.