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Sección: Estado de Veracruz

Que comparezca Buganza para informar de la obra inconclusa del Túnel Sumergido, pide diputado

- Herber Carballo expone que la inversión original fue de mil 784 mdp

- Al reestructurarse, la aportación pública se triplicó a 3 mil 411 mdp

- Por ello solicitará al Gobernador  instruya a regularizar la construcción y conclusión a la mayor brevedad

Javier Salas Hern?ndez Xalapa, Ver. 02/04/2014

alcalorpolitico.com

El proyecto original contemplaba una inversión total mil 784 millones de pesos; sin embargo, con la reestructuración del mismo, a la fecha, la aportación pública ha sido de 3 mil 411 millones de pesos, esto es el 71.5 por ciento.

Herber Carballo Solicitará al Gobernador que instruya a regularizar la construcción y conclusión a la mayor brevedad

El diputado local del PRI, Herber Alan Carballo, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para que se solicite al gobernador Javier Duarte de Ochoa, por conducto del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, informar a la Legislatura, con precisión y concisión, el estado que guarda el desarrollo del Proyecto denominado Túnel Sumergido, que se construye en Coatzacoalcos, en su caso, la problemática que reviste la continuación y consecución de la obra.



También para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a quien corresponda, a efecto de que lleve a cabo todas las medidas y providencias que resulten necesarias y convenientes al interés público del Estado, con el propósito de que el Proyecto denominado Túnel Sumergido se regularice, concluya y entre operación, a la mayor brevedad.

En la exposición de motivos, el legislador manifiesta que la obra lleva ya 10 años y no puede concluir; que se han hecho reprogramaciones y sobre costos; que el monto de la obrase ha incrementado en un 71.5 por ciento y los créditos que se han solicitado están siendo amortizados con recursos públicos de otro fondo.



Por ello, es de especial prioridad para el interés público del Estado de Veracruz, la conclusión y puesta en operación del Túnel Sumergido y que, en su caso, el Gobierno del Estado no tenga más cargas económicas que no le corresponden.

En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, como instituciones propias de un Estado Democrático de Derecho, se deslinden responsabilidades, trátese de entidades públicas o particulares, por el ejercicio y aplicación de recursos públicos.










































































De los archivos legislativos y de la información con que se cuenta, se infiere que a partir de que el Congreso del Estado aprobó la solicitud del Ejecutivo para que, previa licitación pública, otorgara la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el Túnel Sumergido, han transcurrido más de diez años sin que se haya concluido el proyecto.

En ese lapso se han realizado adecuaciones al procedimiento constructivo y proyecto original, dándose reprogramaciones y sobrecostos con repercusiones en la obra, con cargo al Gobierno del Estado y al parecer en detrimento del patrimonio de los veracruzanos.

El desarrollo regional y los beneficios sociales que inspiraron al Proyecto Túnel Sumergido no se han visto plasmados, al no haberse concluido y entrado en operación la obra de infraestructura referida.



El proyecto original contemplaba una inversión total mil 784 millones de pesos; sin embargo, con la reestructuración del mismo, a la fecha, la aportación pública ha sido de 3 mil 411 millones de pesos, esto es el 71.5 por ciento.

Los créditos solicitados y obtenidos por la Concesionaria están siendo amortizados con recursos públicos procedentes del Puente Coatzacoalcos I.

La obra lleva un retraso considerable en el avance físico, con respecto a su programa de obra original.
La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, por conducto de su Titular, con base en resultados obtenidos de acciones de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, formuló ante la Procuraduría General de Justicia del Estado denuncia de hechos, a fin de que se investigue si las irregularidades e inconsistencias que tuviere el proyecto, constituyen conductas que se encuentren tipificadas en el Código Penal o en leyes especiales.