¿Qué hacer con los gobernadores?

En los tiempos del partido hegemónico los gobernadores eran una pieza secundaria en el sistema político mexicano, ya que de Plutarco Elías Calles hasta Ernesto Zedillo Ponce de León se ejerció el poder presidencial para destituir a cualquier gobernador, es decir de 1924 hasta 1995 se mantuvo esta práctica metaconstitucional de la destitución de los gobernadores, aunque constitucionalmente es una facultad de la Cámara de Senadores.

Hagamos un poco de historia, tan solo por citar a dos presidentes que ejercieron su poder para destituir a un número importante de gobernadores, en este caso se encuentran Lázaro Cárdenas del Río y de Carlos Salinas de Gortari; con el primero y debido al enfrentamiento político con Plutarco Elías Calles, a quien por cierto desterró, y de allí destituyó a su gabinete en pleno, a los jefes militares en diversas zonas, así como desaforó diputados federales y senadores, y por supuesto a los gobernadores callistas de: Tabasco, Colima, Guerrero, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Sonora; en el caso del segundo, destituyó primero a los gobernadores donde perdió la elección en 1988, posteriormente a quienes se habían opuesto a su candidatura presidencial y otros por motivos electorales, allí están los casos de Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas.

Esta práctica cambió en la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aún destituyó a los gobernadores de: Guerrero, Nuevo León, Morelos y Chiapas; empero, en 1995 cuando el ineficaz Esteban Moctezuma Barragán siendo secretario de gobernación no pudo continuar con esa tradición política, la cual la había cumplido muy bien el exsecretario de gobernación Manuel Bartlett Díaz, porque el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado a pesar de que le ofrecieron la secretaría de educación se rebeló con el apoyo de Carlos Hank González; de allí le siguieron en la rebelión priista, el entonces gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz quien propuso una ley estatal de los recursos federales en los municipios, con el ridículo argumento para proteger la soberanía económica de Puebla.



Continuando con la línea de interpretación anterior, en la presidencia de Zedillo Ponce de León, éste cedió el control político de los estados, inclusive terminó su sexenio confrontado con el entonces gobernador del PRI de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila por la terminación de algunas carreteras en esa entidad federativa.
De la pérdida del control político en el último gobierno del PRI en el siglo XX, se transitó en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa hacia la incapacidad para limitar el poder de los gobernadores, lo que se tradujo en un proceso de balcanización política por parte de los gobernadores, lo que empezó con la creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en 2003; con ese nuevo instrumento político es cuando los gobernadores pasaron a tener un papel relevante, quienes basaron su acción política en los diputados federales para presionar en el aumento de los presupuestos estatales, que por cierto aumentaron el doble de la administración zedillista a los gobiernos del PAN, pero lo peor es que en la alternancia el gobierno federal aplicó el laissez faire laissez passer, dejen hacer, dejen pasar, lo que con el paso del tiempo se convirtió en complicidad política, ésta claramente observable en la elección federal de 2006 cuando se tejieron alianzas electorales entre los gobernadores del PRI y el presidente Vicente Fox Quesada, cuya intermediaria fue Elba Esther Gordillo.

Fue entonces cuando los gobernadores se convirtieron en los nuevos señores feudales, como un dato duro para sustentar lo anterior, se puede revisar que las deudas públicas reconocidas por la SHCP empezaron en el año de 1993 pero eran insignificantes, paradójicamente empezaron a crecer con el relajamiento de los controles políticos en el último sexenio del PRI del siglo pasado, pero se dispara en los gobiernos de la alternancia; por ejemplo la deuda de los gobiernos subnacionales en 2015 era de 510,030.8 millones de pesos, cuyo crecimiento de 1993 a 2015 fue del 343%. Ya en el año 2016, la deuda aumentó a 568,592 millones de pesos, en donde las entidades más endeudadas son: CDMX, Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Chihuahua y Veracruz.

Los gobernadores se consolidaron como los nuevos señores feudales, los representantes del feuderalismo, esta deformación del federalismo, quienes se conducen con su instrumento político que era la Conago, estos nuevos actores políticos amorfos no tienen ningún control político nacional ni estatal, porque sus congresos locales tienen una actitud de vasallaje político, lo que diga el nuevo señor feudal, si se tiene que endeudar el estado, se hace, si se tienen que crear o suprimir ayuntamientos, también legislan a la carta; asimismo, el poder judicial sirve para designar a sus compinches y nuevamente se experimenta la nula división de poderes en los estados, no sólo es una regresión política sino que es parte de la degradación de la vida pública que padece cualquier entidad federativa. Los órganos autónomos sólo lo son en el papel, porque están sujetos a los caprichos de los nuevos señores feudales, éstos han rebasado lo que se denominó en otro tiempo, las facultades metaconstitucionales, porque ya no se gobierna para ejercer el poder sino para poder enriquecerse a través de los presupuestos públicos o por las acciones ilegales como lo observamos con el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.



Finalmente, la generación de gobernadores 2012, estos que se les denominó la “nueva generación del PRI”, si muy jóvenes pero extremadamente corruptos, si con más grados académicos pero se comportan con tal banalidad, que de ella hicieron metafísica, allí está el nuevo gobernador de Chihuahua, que tenía que llamarse Javier pero de diferente apellido Corral; es una generación de políticos que no es exclusiva del PRI sino también del PAN, como muestra está el gobernador Guillermo Padrés o los del PRD como Gabino Cué Montelongo, Graco Ramírez o Silvano Aureoles. El problema es esta generación de políticos, lo cuales lo reitero emanan de la misma sociedad de la cual salieron para desgobernar.

El terrible diagnóstico es que en el autoritarismo había control para los gobernadores, en donde paradójicamente había límites y autolímites; y en la democracia se fracasó en lo financiero (allí está el crecimiento de las deudas públicas), en lo político porque no hay rendición de cuentas y al democratizarse la corrupción en el subsistema de partidos, hace del modelo democrático algo insustancial pero sobre todo en cuanto a la liquidación de la ética pública, la cual hoy es realmente irrelevante su práctica individual sin efectos sociales; quizá la única salvedad del grotesco espectáculo que estamos observando con Javier Duarte de Ochoa es el fiel reflejo que los excesos terminan en el escarnio público y en vergüenza global, se podrán hacer millonarios de fast track, pero no podrán esconder sus corruptelas por mucho tiempo, no es un asunto de justicia, sino de control ciudadano sobre este tipo de gobernantes. A la judicialización de la corrupción no escapa ningún político hoy en día, porque las acciones de hoy tendrán consecuencias en el futuro inmediato, es decir, quien juzga hoy, podrá ser juzgado mañana.