Aunque el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, fue detenido tras ser acusado de enriquecimiento ilícito, integrantes de diferentes colectivos de búsqueda de desaparecidos exigieron que también sea juzgado por su presunta participación en desapariciones forzadas.
Al manifestarse en las inmediaciones del Centro de Centro de Readaptación Social (CERESO) en Pacho Viejo, las madres recordaron que hay varios casos en los que el último punto del que se tiene registro de los desaparecidos, es la exacademia Estatal de Policía, actualmente Centro de Estudios e Investigación en Seguridad.
“Ahí llegaban las personas que al final desaparecían, ahí está la geolocalización de sus celulares. Hay detenidos desaparecidos, que casualidad que participó la Secretaría de Seguridad Pública y después ya no aparecieron”, señaló una integrante del Colectivo por la Paz.
Agregaron que, además de casos conocidos mediáticamente, como el de Gibrán Martiz Díaz, o los 5 jóvenes de Tierra Blanca, hay otros en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Bermúdez Zurita estuvo a cargo de la SSP.
Al respecto señalaron las desapariciones de Ivonne Amador Espíritu, Iriana Izet Luna Espíritu, Luis Alberto Torres Castillo, Jorge Barrera Fernández, José Manuel Hernández Ortiz, Julián Domínguez, Rafael Espinosa Gutiérrez, Guillermo Muñoz Roa, Carmelo Cervantes de Anda, Hugo Murrieta, Karla Nayeli Saldaña, entre otros.
“Pedimos castigo a Bermúdez por todas las desapariciones forzadas, porque violó los Derechos Humanos al no proteger a la población. Todos somos familiares de desaparecidos y pedimos justicia”.
“Hay casos en lo que está comprobado que se desapareció a las personas en la Academia de Policía, en esos casos hay elementos y fundamentos para que hagan el debido proceso contra los responsables”, reiteraron.
Finalmente, las integrantes del Colectivo por la Paz, del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz y del Colectivo Solecito, lamentaron que hasta la fecha sólo se acuse al exfuncionario estatal de desvío de recursos, cuando al menos podría señalársele de omisión de funciones, al solapar las desapariciones que sus elementos cometían.