Rechaza Tribunal Internacional proyecto de Hidroeléctrica en Naranjal

El Tribunal Internacional de los Derechos de los Pueblos falló a favor del “Colectivo Defensa Verde”, al rechazar el proyecto de la hidroeléctrica de Naranjal por las omisiones ambientales y repercusiones sociales que se tendría en las comunidades de los municipios involucrados en el proyecto.

Gabriela Sainz Cadenas, representante del colectivo, explicó que el dictamen se turnará a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, e incluso al Gobierno del Estado para impedir que la empresa Agroetanol de Veracruz, S.R. L de C.V. a la que señalan por acoso a los ejidatarios para poder concretar el proyecto.

Y es que aseguró que serán cerca de 30 mil habitantes de 7 municipios de la región los que podrían resultar afectados, debido a que nos habla del saneamiento de los ríos, ni de la contaminación que estos tendrán al tener más elementos pesados después de que se trate el vital líquido y se regrese al cauce del río.

Recriminó que haya sido únicamente a través del Instituto de Acceso a la Información que se haya obtenido la información del proyecto, “no hemos tenido respuesta, lo único que nos han remitido las instancias es que no es competencia de CONAGUA, ni de SEMARNAT, últimamente el que nos ha estado buscando ha sido la empresa; sin embargo, nosotros tenemos claro y los ejidos tienen claro que no es con la empresa con la que tenemos que dialogar”.

Los integrantes del Colectivo Defensa Verde advirtieron que se encuentran cerrados al diálogo con la empresa, a la que ya han manifestado su negativa para vender los predios, por lo que sólo esperan o exigen la intervención de las autoridades para impedir que el proyecto se ejecute.

La empresa interesada en el desarrollo del proyecto aún no cuenta ni con las disposiciones solicitadas por la misma SEMARNAT, por lo que se espera que no se desarrolle la hidroeléctrica considerando los daños ambientales que ocasionaría.

Explicó que la instancia es un Tribunal moral que funcionará en el país durante 3 años, recibiendo los casos de violación a los derechos en 7 rubros y uno de ellos es la devastación ambiental en la que se solicitó su intervención para proceder contra la hidroeléctrica.