Rechazo al acta

El presidente Felipe Calderón recientemente y sin hacer mucho ruido, firmó un acuerdo internacional para respaldar el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo comercial anti-falsificación), aún con la oposición del Senado de la República, cuya autorización es necesaria para adherirse formalmente a cualquier tratado internacional, lo que demuestra una vez más el carácter autoritario y sumiso a los mandatos estadounidenses del actual Ejecutivo.

¿Qué es el ACTA?

El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo comercial anti-falsificación es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al "incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global". El ámbito de ACTA es amplio, incluyendo la falsificación de bienes físicos, así como la "distribución en Internet y las tecnologías de la información".

En octubre de 2007, los Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón anunciaron que negociarían ACTA. Además, los siguientes países se unieron a las negociaciones: Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá. Las negociaciones de ACTA se han llevado en secreto. El 22 de mayo de 2008 un documento de discusión sobre el acuerdo fue filtrado a través de WikiLeaks, lo cual fue seguido de múltiples noticias en los medios.

A pesar de que el título del tratado sugiere que el acuerdo sólo cubre falsificaciones de bienes físicos (como medicinas), el tratado propuesto tendrá un alcance más amplio, incluyendo "la distribución de Internet y de las tecnologías de la información". En la hoja de hechos de ACTA publicada en noviembre de 2008 la Comisión europea declaró que "Hasta la fecha, no se ha acordado ningún texto."Un documento, que se filtró, titulado Discussion Paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement sugiere que los siguientes puntos serán incluidos en ACTA: nuevos regímenes legales para “incentivar a los proveedores de acceso a Internet (ISP) a cooperar con los titulares de derechos en la eliminación de materiales que infringen la ley, medidas penales e incremento del accionar aduanero en las fronteras”.

En el caso de México, la aprobación la debe dar el Senado, el cual ya tomó un acuerdo en contra de la firma de ACTA, pero ahora nos enteramos que “en lo oscurito” Calderón ya firmó el acuerdo; aunque al ser enterada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya expresó su desacuerdo.

Los opositores al ACTA advierten sobre el riesgo de que su aprobación violente la privacidad de los usuarios, además de que consideran que se trata de debilitar la faceta social gratuita de la web, para favorecer su comercialización a ultranza. Además de los usuarios de Internet, los dueños de las grandes empresas que hacen funcionar la red miran con reserva el ACTA.

Por esa razón, el 25 y 26 de mayo se llevó a cabo en París la cumbre tecnológica G-8, en la que responsables de empresas como Facebook, Google, Wikipedia y eBay, entre otras, llamaron a los gobiernos promotores de ACTA a ser muy prudentes para que la regulación legal de Internet no ponga en peligro el espíritu emprendedor de la red.

Sin embargo, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dijo en representación de los firmantes de ACTA que el reto que supone Internet no puede ser ajeno a la vigilancia de los gobiernos, los únicos representantes legítimos de la voluntad general.

Esta última declaración revela uno de los verdaderos objetivos del ACTA: ejercer un control estricto sobre medios informáticos de acceso y distribución del conocimiento, pues, en la sociedad global actual –la sociedad de conocimiento- el conocimiento es un factor de poder, sea para dar continuidad a la dominación imperialista (ya entrada en su etapa facistoide), o bien para resistirla.

Quienes aspiran a continuar dominando al mundo, ya han establecido instituciones vigilantes: la SPA, que realmente significa "Software Publisher's Association" (Asociación de Editores de Software), ha sido reemplazada en su rol policíaco por la BSA, o "Business Software Alliance". Esta no es una fuerza policíaca, pero extraoficialmente actúa como si lo fuera. Utilizando métodos que recuerdan a la antigua Unión Soviética, invita a la gente a informar sobre posibles infracciones de sus compañeros de trabajo y amigos. En 2001 una campaña de terror de la BSA en Argentina realizó amenazas veladas de que aquellos que compartieran programas de cómputo terminarían siendo violados en prisión.

Desde hace algún tiempo, la SPA ha estado amenazando a pequeños proveedores de Internet (ISP) para que les permita controlar a sus usuarios. La mayoría de ellos cedieron al ser amenazados, ya que no podían costearse la pelea judicial en los tribunales. Al menos un ISP, "Community ConneXion" en Oakland, California, se negó a aceptar las presiones y fue eventualmente demandado. La SPA luego retiró la demanda, pero obtuvo la DMCA ("Digital Millenium Copyright Act", o Ley del Copyright del Milenio Digital), la cual les dio el tipo de poder que buscaban.

Son este tipo de medidas las que podrían implantarse en México en caso de hacerse efectiva la firma del ACTA. Señala el periodista Hermann Bellinghausen que a pocos días de que el gobierno de Felipe Calderón, bordeando lo ilegal y anticonstitucional como acostumbra, avalara el ACTA, el 15 de julio se supo que la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió el año pasado equipo sofisticadísimo para espionaje, intervención telefónica (mensajitos y Twitter incluidos), cámaras que entrarán donde cualquier pantalla esté conectada y localización geográfica precisa de cualquier blanco (o sea nosotros). Cinco mil millones de pesos pagamos (es nuestro dinero) a la empresa binacional Tracking Devices, a través del Ejército federal, para mejor acceso del poder autoritario a nuestras vidas. La mayor parte de los medios masivos lo minimizaron o ignoraron, y rápidamente lo olvidaron. Es probable que el millonario equipo ya esté en uso, bajo el cómodo pretexto de lucha contra el crimen organizado, que tantas aplicaciones tiene ahora. Se trata, por lo demás, de una mera actualización, un remozamiento de los equipos de intervención que el Estado viene aplicando contra los ciudadanos (y no sólo los criminales) de tiempo atrás, y que el ACTA legitimaría.

Es aquí y ahora, en nuestra cara y en nuestra casa. Y quizás porque la ficción realista nos preparó para renunciar a las intimidades básicas y dejarlas de ver como derechos, la respuesta social y mediática contra la invasión del poder en nuestra alcoba parece pobre, desganada o resignada, como si nos hubiéramos anestesiado con cuentos para cuando el destino nos alcanzara, concluye Bellinghausen.

Es necesario ver más allá del circo electoral, que ha servido de pantalla (como si nos hubieran anestesiado con cuentos) para ocultar la implantación de medidas –como la firma del ACTA- perjudiciales en alto grado para todos los mexicanos, y dejar oír nuestra voz en rechazo a estas medidas.