Reitera ORFIS que puede solo con auditoría al primer año de Cuitláhuac

Para las auditorías a la Cuenta Pública 2019, la primera del Gobierno de Cuitláhuac García y la segunda de las actuales administraciones municipales, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no contratará despachos contables externos, aseguró la auditora general Delia González Cobos.

Reconoció que recientemente se publicó el Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, sin embargo, aclaró que básicamente está dirigido para los ayuntamientos que los deseen contratar.

Y en lo que respecta al ORFIS agregó que no es la intención contratar despachos externos.

“Lo que queremos es que sea una autoridad la que revise, no un ente privado como sería un despacho, sino una autoridad, que lo público regrese a lo público. Nosotros tenemos facultades, queremos ejercerlas, es decir, que esa atribución no se transmita a un ente privado”.

Agregó que los Ayuntamientos como entes constitucionales autónomos pueden contratar despachos contables externos a cargo de su presupuesto, por ello, el Reglamento emitido establece límites en esas contrataciones.

Recordó que en el pasado reciente se contrataban despachos contables externos, sin embargo, hoy en día el ORFIS quiere hacer su tarea de fiscalización y no transferirla a entes privados.

Y pese a que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado un incremento en la carga de trabajo, si cumplirán con la entrega en tiempo y forma del Informe General Ejecutivo y con los Informes Individuales del ejercicio fiscal 2019.

“Nos va a dar tiempo. Hemos estado trabajando horas extras, sábados y domingos y el trabajo va a salir, vamos a cumplir en tiempo con el plazo que nos dio el Congreso”.

Cabe recordar que el Congreso del Estado autorizó al ORFIS, por única ocasión, a entregar el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales hasta el 31 de enero del próximo año.

La prórroga se concedió debido a los meses de inactividad de los entes fiscalizables por la pandemia y que el propio ente fiscalizador ha reducido su plantilla laboral en virtud de que un porcentaje de empleados se encuentra en situación de vulnerabilidad, el atraso en la entrega de notificaciones de auditorías y las posibles dificultades que se pudieran presentar con las comparecencias de servidores públicos que deberán solventar observaciones, ya que aún persiste la emergencia sanitaria.