Remite Congreso cuentas públicas 2019 de 41 Municipios al ORFIS

La Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado remitió al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) el segundo paquete de Cuentas Púbicas 2019, con la finalidad de que inicie el proceso de fiscalización.

El paquete consiste en las Cuentas Públicas de 41 entes fiscalizables municipales y se entregó sin opiniones ni recomendaciones

Se trata de las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos de Tampico Alto, Totutla, Teocelo, Misantla, Chacaltianguis, Atoyac, Nogales, Jalacingo y San Andrés Tenejapan.



Acula, Acultzingo, Apazapan, Carrillo Puerto, Catemaco, Chocamán, Coatzintla, Coscomatepec, Espinal, Filomeno Mata, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Jilotepec y Juchique de Ferrer.

Mecatlán, Minatitlán, Nanchital, Orizaba, Otatitlán, Perote, Poza Rica, Puente Nacional, Soteapan, Tantoyuca, Tempoal, Texcatepec, Texhuacan, Tlaltetela y Zentla.

Así como la del Instituto Municipal de la Mujer de Jalacingo y de las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento de Fortín y La Antigua.



El primer paquete de Cuentas Públicas 2019 que llegó al ORFIS son de cuatro 4 órganos autónomos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y Fiscalía General del Estado (FGE), ésta corresponde a los últimos 9 meses de la gestión del ex fiscal Jorge Winckler Ortiz y los primeros 3 meses de la encargada del despacho, Verónica Hernández Giadáns.

Y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en este caso, los primeros 10 meses de la Cuenta Pública corresponde a la Comisionada Yolli García Álvarez, quien dejó la Presidencia del IVAI en los primeros días del mes de octubre, al concluir su periodo, y los últimos dos mes ya es de la gestión de José Rubén Mendoza Hernández, quien asumió la titularidad del órgano.



Cabe señalar que la Cuenta Pública 2019 será la primera del Gobierno del Estado que preside Cuitláhuac García Jiménez; y la segunda de las actuales administraciones municipales.

El incumplimiento de esa obligación es sancionado por el Congreso, por conducto de su unidad o área administrativa responsable de los servicios jurídicos, con la imposición, al servidor público responsable, de una multa de 26 mil 40 pesos a 86 mil 800 pesos.