Sanciona TRIJAEV a yunistas por fraude en sistema de videovigilancia

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) inhabilitó por 20 años al exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie y 3 exfuncionarios más por el daño patrimonial causado en el pago para la instalación del sistema de cámaras de videovigilancia por parte de la empresa COMTELSAT, además de estar obligados a pagar el monto del daño que asciende a casi 700 millones de pesos.

La Sala Regional Unitaria Centro dictó sentencia en el proceso que inició el Órgano Interno de Control de la SSP contra los exfuncionarios del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. En el documento se advierte que los exfuncionarios estarán inhabilitados de la función pública durante 20 años y que deberán pagar el monto daño en cuanto a los recursos estatales, pues el contrato emitido en 2017 en favor de la empresa era por mil 116 millones de pesos, de los cuales fueron pagado mil 44 millones.

De esa cifra pagada, 350 millones de pesos son de recursos federales, por lo que ese monto está en investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el resto son recursos estatales que deberán ser pagados.



La sentencia fue dictada por la Sala Regional Unitaria centro, por el magistrado Jaziel Cabrera Pacheco, sin embargo algunos de los sentenciados promovieron un amparo, por lo que el caso escalaría a la Sala Superior.

Hay que recordar que el Órgano Interno de Control de la SSP inició la investigación contra el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, así como el ex jefe de la Unidad Administrativa, Juan Carlos Saldaña Morán; Guillermo Moreno Sentíes, ex jefe de la Unidad Administrativa e Iván Cuauhtémoc Santos Álvarez, ex director del C4, por el contrato entregado a la empresa COMTELSAT.

El 4 de diciembre de 2017, el director general del C4 remitió al jefe de la Unidad Administrativa el Dictamen de procedencia que exceptuaba el procedimiento de licitación pública nacional para la contratación mediante la modalidad de adjudicación directa para la adquisición, suministro e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión para un Sistema Estatal de Video Vigilancia en el Estado de Veracruz.



En este se resolvió que considerando la cotización de la empresa COMTELSAT S.A de C.V, por un monto de mil 116 millones de pesos era la mejor propuesta, remitiéndolo al Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaria de Seguridad Pública, y le solicitó el inicio del proceso de adquisición, suministro, instalación y puesta en operación del sistema.

Luego, el 6 de diciembre de 2017, en la Novena Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de Seguridad Pública, fue aprobada mediante el acuerdo de autorización E-IX-135-06/12/17 la adquisición sin cubrir los requisitos de la ley de adquisiciones, argumentando la excepción por motivos de seguridad.

El 7 de diciembre de 2017, el jefe de la Unidad Administrativa suscribió el contrato SSP-UA-111/17 en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz con la empresa “COMTELSAT” S.A. de C.V. por un monto de mil 116 millones de pesos



Se realizaron pagos por un total de mil 044 millones de pesos, de los cuales 350 millones de pesos correspondían a recursos federales, de los cuales la auditoría Superior de la Federación inició lo investigación correspondiente.

El expediente indica que a pesar de los recursos pagados no se obtuvieron la totalidad de los bienes y el servicio contratado, aunado a que la mayoría de los bienes recibidos presentaban fallas o no servían, siendo que en el contrato fue acordado que el pago correspondiente a la primera etapa sería efectuado dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de presentación por parte de la empresa de la póliza de fianza de cumplimiento.

Mientras que el pago de la segunda etapa se realizaría el 70 por ciento a más tardar el 15 de marzo de 2018 y el 30 por ciento restante dentro de los 5 días naturales a la entrega del proyecto, realizándose así pagos excedentes que rebasaban lo estipulado en el contrato.



La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que cuando se detecte daño patrimonial se finque indemnización a los presuntos responsables, por lo que se finco indemnización por el 100 por ciento del daño y una Inhabilitación para desempeñar para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.