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Sección: Nacional

Se solidarizan en diversas ciudades del mundo con la marcha del INE en México

En Los Ángeles, Chicago, Madrid, Barcelona y Glasgow, familias mexicanas se sumaron a protestas

El Universal Ciudad de México 13/11/2022

alcalorpolitico.com


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Este domingo se realiza la llamada “Marcha en defensa del INE”, para protestar en contra de la reforma electoral que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril pasado.
La marcha está prevista para realizarse en más de 50 ciudades del país, pero también en otras naciones se han anunciado actos en solidaridad.

Es el caso de Madrid, donde se reunieron decenas de personas frente a la residencia de la embajada de México en España, al grito de “el grito no se toca, Obrador, traidor” y pancartas que decían “el INE no”, o “en defensa de la democracia”.

En Barcelona también se anunció un acto en solidaridad con la protesta mexicana frente al Consulado de México. Mismo caso de Los Ángeles, en California, y de Chicago, en Illinois.

Incluso en Glasgow, en Escocia, una familia se sumó a las protestas, con una pancarta que decía: “Yo defiendo al INE. Mexicanos en Glasgow”.

También se ha organizado una “marcha virtual” en distintas plataformas para la gente que no puede acudir.
La reforma electoral plantea que el INE cambie de nombre, a Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que seguirá siendo autónomo, pero tendría menos consejeros: siete, en vez de los 11 actuales.

Reduce el número de diputados, de los 500 actuales a 300. En el caso de los senadores, la propuesta es reducir el número a 96, de los 128 actuales.

Bajo la iniciativa, los consejeros del INEC, así como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por voto popular.

Plantea reducir el financiamiento público a partidos políticos, que se limitaría a las campañas electorales; eliminaría órganos electorales locales y se implementaría el voto electrónico.

Otra de las propuestas que ha desatado polémica es la de reducir a 33% la participación mínima en una consulta popular para que sea vinculante. Actualmente es 40%.