Sector salud de Veracruz pone trabas al aborto legal en casos de violación: Informe

En Veracruz, la interrupción del embarazo por causa de violación enfrentaría restricciones en la práctica médica, pese a que la legislación estatal no fija un límite de semanas de gestación para esos casos, de acuerdo con el informe “Aborto: de la despenalización al acceso”, elaborado por el Instituto de Liderazgo “Simone de Beauvoir”.

El documento advierte que, aunque la normativa permite la interrupción voluntaria del embarazo sin límite de tiempo cuando el embarazo es resultado de una violación, algunos servicios de salud estarían aplicando en los hechos el mismo tope de 12 semanas previsto para los casos sin causal.

La investigación señala que esta situación no sólo se reportó en Veracruz, sino también en entidades como Ciudad de México y Michoacán, donde personas entrevistadas refirieron que personal médico limita la atención a los primeros 3 meses de gestación, incluso cuando existe una causal legal que permite el procedimiento después de ese periodo. “Sin embargo, pese a que normativamente la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) debe poder realizarse sin límite de semanas (…) algunas personas entrevistadas señalaron limitaciones en la atención por la causal de violación, debido a que cierto personal médico sólo realiza abortos hasta la semana 12, independientemente de la causa legal que los justifique”, indica el informe.

En Veracruz, desde 2021 el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación cuando se realiza sin invocar una causal. No obstante, la legislación también contempla supuestos en los que la interrupción del embarazo puede practicarse sin límite de tiempo, entre ellos cuando el embarazo deriva de una violación, cuando existe riesgo para la salud de la mujer o cuando hay malformaciones graves del feto. El informe sostiene que negar o condicionar el procedimiento por el número de semanas en casos de violación contraviene lo permitido por la normativa vigente.

El documento también identifica las razones que explicarían por qué persisten esas barreras en la atención. Entre ellas, menciona decisiones individuales del personal médico, confusión sobre el marco legal aplicable, falta de conocimiento técnico para atender embarazos en etapas más avanzadas y carencias en el primer nivel de atención. “Entre las razones se mencionaron decisiones individuales del personal, confusión con el marco legal, falta de conocimiento técnico sobre edades gestacionales más avanzadas o la falta de herramientas en el primer nivel de atención”, refiere el informe.

La investigación plantea que el acceso legal no necesariamente se traduce en acceso efectivo. En ese sentido, la despenalización o las causales previstas en la Ley no bastan por sí mismas si en los servicios de salud persisten interpretaciones restrictivas o limitaciones operativas que impiden concretar el procedimiento en los términos permitidos por la norma.