Seguridad Pública de Veracruz desapareció a policías, constata CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentará una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz contra 15 agentes integrantes “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y quienes resulten responsables, por la desaparición forzada de 8 policías en el municipio de Úrsulo Galván el 11 de enero de 2013, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Además, presentará una queja de responsabilidad administrativa contra los mismos funcionarios involucrados.

Así lo informó el organismo, presidido por Luis Raúl González Pérez, luego de que dirigió la Recomendación 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz, por violaciones graves a derechos humanos tras la desaparición forzada de los elementos municipales.



En el informe se señala que los hechos son atribuibles a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Además, la recomendación de la CNDH involucra a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.

De acuerdo con información difundida este viernes por el organismo se acreditó que los policías que laboraban en el municipio de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad.



Además, a la fecha se desconoce el paradero de los elementos municipales tras ser abordados por el denominado “Grupo Tajín”.

La Recomendación de la CNDH acreditó que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP de Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado “Grupo Tajín”, aunque existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso.

Por esas razones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.



También proporcionarles atención integral y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.

Igualmente, la CNDH recomienda también a la SSP Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017 y consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades.

Respecto a la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz en este caso, la CNDH acreditó que la referida institución no realizó de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización, además de señalar omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos.



Esto queda evidenciado debido a que a más de seis años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván y de acuerdo con la información obtenida no se cuenta con evidencias suficientes que conduzcan a la identificación y detención de las personas presuntamente responsables.

Por esta razón, la CNDH solicitó a la Fiscalía General de Veracruz, continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos; colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación, por las irregularidades cometidas y se anexe copia de la Recomendación en sus expedientes administrativos-laborales.

También se pidió al personal adscrito al Ministerio Público que tenga contacto con las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada, con el propósito de ofrecerles un trato digno.