Seguro Social de Trabajadores de la Educación sigue sin pagar deudas con jubilados

El bloqueo de las oficinas del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) continúa tras el fracaso de las negociaciones entre profesores jubilados y representantes de la institución, así como de la Subsecretaría de Política Regional del Gobierno del Estado.

De acuerdo con uno de los enlaces del movimiento, Alejandro García Ruiz, el cónclave no logró ningún avance concreto a pesar de haber entregado previamente un pliego petitorio en Palacio de Gobierno. “No llegamos a ningún acuerdo. Fue una reunión muy desgastante. Se extendió casi hasta la medianoche y no hubo resultados. Se firmó un acta, pero bajo protesta”, relató.

Entre las demandas centrales de los jubilados está el pago completo de las medias pólizas de retiro y defunción, así como de los recursos del Fondo de Beneficios Complementarios (clave 80), un ahorro generado a lo largo de su vida laboral. Al respecto, denunciaron que hay adeudos desde 2022 y que los pagos se hacen con años de retraso y en parcialidades. “Actualmente hay compañeros que esperan hasta 6 años para recibir lo que por derecho les corresponde y aun así sólo les entregan 40 mil pesos por partes. Hay quienes incluso han fallecido sin haber cobrado. Es una injusticia”, acusó García Ruiz.

Los manifestantes también exigen una auditoría externa al Fondo de Beneficios Complementarios correspondiente a los ejercicios de 2023 a 2025 con la publicación clara y accesible de sus resultados, además del listado actualizado de beneficiarios que aún no han recibido sus pagos. La tensión aumentó cuando, según los manifestantes, personal del SSTEEV intentó intimidarlos: “Nos dijeron que nos íbamos a meter en problemas legales”, denunció García Ruiz, quien también rechazó las acusaciones de que se ha bloqueado la salida del personal de limpieza.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la toma como medida de presión y reiteraron su llamado para que la gobernadora Rocío Nahle García intervenga directamente en la solución del conflicto. “Queremos la intervención de la Gobernadora. No es una protesta política, es una exigencia por justicia y por lo que nos corresponde”, concluyó.