Señala Agente femenino de Tránsito de Boca del Río despido injustificado

Con el argumento de no haber aprobado los exámenes de confiabilidad, el Ayuntamiento de Boca del Río despidió injustificadamente a la agente de Tránsito Municipal Ana Irma Solís Guerrero, dejándola en la total indefensión, al quitarle el servicio médico y de seguridad social.

La quejosa informó que el pasado 21 de octubre del año en curso, fue notificada por Luis Ángel Castillo Torres que había sido despedida y sin derecho a liquidación, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al ser vulneradas sus garantías individuales, pero lo más grave al poner en riesgo su integridad física y la de su bebé en proceso de gestación.

Dio a conocer que en mayo pasado se enteró de su embarazo, luego de los estudios de laboratorios clínicos que se realizó, del cual informó oportunamente a su superior inmediato, quien la instruyó seguir laborando en vialidad, como lo había venido haciendo en lo que va de la actual administración municipal y que sería cambiada a otra área en su oportunidad.



Al cumplir el quinto mes de embarazo, acudió con su superior inmediato para solicitarle el cambio a un área administrativa, ya que contaba con los conocimientos suficientes y acreditados para ello, pero le fue negado dicho cambio y se le ordenó seguir en su puesto de trabajo, que no había espacio para ella y que su embarazo no era problema de él.

Ante la respuesta obtenida, dijo que acudió al área de Recursos Humanos en busca de una alternativa de solución a su problema, donde recibió también la negativa como respuesta. Refirió que tampoco logró audiencia con el Presidente Municipal.

Mencionó que su preocupación estriba en que al trabajar dirigiendo la vialidad citadina tiene temor de sufrir un riesgo en su persona y en su bebé y más por el acoso laboral de sus superiores, pues por cualquier motivo es cuestionada y amedrentada con palabras y comentarios misóginos, exigiéndole a pesar de su estado, no moverse del área de trabajo asignado.



Lamentó que a sabiendas de su estado físico, se le obligó a realizar pruebas de orina, química sanguínea y del polígrafo, bajo el argumento de que eran órdenes superiores, por el programa y examen del personal de confianza, oponiéndose al mismo en vista de la exigencia que las muestras fueran aportadas en estado de estrés y alteración hormonal, lo cual pone en riesgo su integridad física.

Por esta situación, los resultados obtenidos fueron negativos, lo que sirvió de argumento para despedirla ofreciéndole una liquidación de 6 mil pesos por 4 años de servicio, advirtiéndole que debía firmar su renuncia de manera voluntaria, a lo que se negó rotundamente.

Por ello, exigió la intervención de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la LXV Legislatura del Congreso del Estado para que investigue los hechos señalados.



Además, exigió el otorgamiento de la seguridad social, para ella y su bebé y una liquidación conforme a la ley, así como el apercibimiento de sus superiores para que dejen de acosarla a través de las redes sociales.