Si imponen Fiscal anticorrupción y 12 magistrados, Veracruz peligra: Tomás Mundo

Este tema es considerado en Colombia como el mayor escándalo de corrupción en la justicia de ese país, señala de entrada el litigante veracruzano Tomás Mundo Arriasa.

Se le conoce como “el cártel de la toga”.

Pareciera que eso mismo pretende implementarse en Veracruz con la designación de un fiscal anticorrupción a modo, que desde ya sabemos --pese a que se diga que lo designa el congreso local-- en quien recaerá tal designación democrática; desde ya se puede adelantar que será un funcionario que despacha en la Fiscalía General.



Por otra parte, manifiesta que a los propuestos para ser magistrado, entre ellos hay jueces de los que habría que analizar su currículum, para así conocer, si más allá de la finalidad de dejar en prisión, curiosamente, a todos los ex funcionarios Duartistas, tienen la experticia y calidad moral para ocupar esa magistratura; esto, porque coincidentemente ya se cuenta con varios magistrados que antes fueron jueces de control, y también libraron órdenes de aprehensión contra todo aquello que sonara a ese sexenio o vincularon a proceso a los ex funcionarios, caídos en desgracia. Que claro, no defiendo, pero a los que se les debió seguir la causa penal atendiendo al debido proceso.

Otros aspirantes, habría que revisar si aparte de ser jueces, no influye que sean compadres de algún excandidato, por supuesto perdedor.

Sea la decisión que se tome, al designarlos, no todo está perdido; los que se oponen a tales nombramientos pueden acudir a entes internacionales a denunciar esos hechos.



Les recuerdo, indica el jurista, cómo funcionó y lo hizo muy bien, en beneficio de los probables delincuentes, el llamado “Cártel de la Toga” en Colombia.

Así tenemos el caso de Gustavo Moreno quien deberá responder por los delitos de conspiración para lavado de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.

Once meses después de la captura del exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el pasado jueves 17 de mayo se hizo realidad su extradición. El exfuncionario fue enviado a Estados Unidos tras el pedido de la Corte del Distrito Sur de la Florida.



El pasado 3 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos firmó una resolución ejecutiva con la que dio luz verde a la extradición del quien es considerado la pieza fundamental en el entramado de corrupción que habría surgido en la Corte Suprema de Justicia. La petición del país norteamericano se basó en las grabaciones hechas por la DEA el año pasado, en las que se evidenciaría que Moreno y el abogado, Leonardo Luis Pinilla (también solicitado en extradición) pedían dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus para frenar un proceso penal en su contra por actos de corrupción durante su administración en el departamento.

Según el gobierno de Estados Unidos, tanto Pinilla como Moreno se aliaron para abusar de la posición del entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y así enriquecerse a cambio de información y un trato favorable en el caso contra Lyons. La solicitud de extradición precisa que Pinilla contactó a Lyons mediante una aplicación de mensajería instantánea para pedirle dinero a nombre de Moreno. En esa conversación se pactó una reunión en Miami, Estados Unidos.

Estos hechos se dieron a conocer a la opinión pública el 27 de junio del año pasado, cuando Moreno fue detenido en su propia oficina. Luego, el 15 de agosto, el fiscal Néstor Humberto Martínez en simultánea acción con los magistrados José Luis Barceló, Rigoberto Echeverri y Eugenio Fernández Carlier desde la Corte Suprema, anunciaron que algunos exmagistrados, en asociación con abogados litigantes, habrían creado una organización para pedir millonarias sumas de dinero a cambio de dilatar procesos judiciales al interior del alto tribunal.



El pasado 5 de mayo, el presidente Santos ratificó la orden de extradición, mediante la resolución 086 de 2018, asegurando que es claro que Moreno ya acabó su proceso de colaboración con la justicia colombiana. Es decir, que el ex fiscal Moreno, ya narró todo lo que sabe, de cómo personas, entre ellas varios congresistas, habrían pagado millonarias sumas de dinero a cambio de que magistrados del alto tribunal intervinieran en procesos judiciales en su contra.

En el documento queda claro que el caso del exfuncionario de la Fiscalía cumplió con los requisitos que exigió el propio Juan Manuel Santos cuando avaló, en marzo de este año, la extradición de Moreno. En ese momento, el primer mandatario estableció que, antes de que el ex fiscal pasara a ser custodiado por la DEA, debía contarle todo lo que sabía sobre el cártel de la toga a la justicia colombiana, para no dejar ninguno de los procesos, que son de talla mayor, en suspenso.



El pasado 29 de noviembre de 2017, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición, tras verificar que se cumplieron todos los requisitos de ley y luego que el propio Moreno pidiera que el trámite se realizara de manera rápida. En ese momento, la Corte precisó que la entrega a las autoridades de los Estados Unidos, tanto de Moreno como de Pinilla Gómez, estarían condicionadas "al compromiso, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, de mantenerlos disponibles para que las autoridades judiciales colombianas amplíen testimonios y practiquen las diligencias que consideren necesarias en desarrollo de los procesos que adelantan en el país”.

Así funcionaba el Cártel de la Toga en Colombia. Y se desarticuló.

Por eso digo que no todo está perdido, solo hay que saber litigar, pero sobre todo hacerlo internacionalmente, como ocurrió en este caso en el país sudamericano.



El abogado veracruzano, reconocido en diversos foros de América, en el desempeño de su profesión en cuestión del sistema adversarial, reiteró que es urgente dignificar la procuración y la impartición de justicia en nuestra entidad. Abundó Mundo Arriasa que nada mejor que iniciar una nueva etapa con la llegada de autoridades adecuadas y no dejar en puestos públicos a quienes no garantizan capacidad, probidad y compromiso para los justiciables; concluyó externando que en Veracruz hay profesionales de carrera en ambos ámbitos, la procuración y la impartición de justicia, por lo que deben sopesarse las decisiones para elegir tanto a fiscal anticorrupción como a magistrados.

Exhorto a los abogados:

Por esto, agrega Mundo Arriasa, la sociedad veracruzana, debe manifestarse a través de los diferentes medios legales existentes, denunciando a malos funcionarios y desde luego haciendo notar que no debe dejarse imponer a fiscal anticorrupción y funcionarios judiciales.

También por ello, sin miedo, los abogados de Veracruz, deben dar a conocer en concepto de denuncia todo tipo de anomalías, equiparando esto, a la ausencia de temor o miedo al igual que ocurrió en la pasada elección del primero de julio, donde se salió a votar libremente.



Los doce Magistrados y el fiscal anticorrupción, deben ser una decisión más allá de todo tipo de compromiso.