Sigue conflicto en TSJE; consejeros solicitan sesión urgente del Consejo de la Judicatura

La presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, junto con otros servidores públicos, ha dispuesto de aproximadamente 60 millones de pesos sin la autorización del Consejo de la Judicatura para procesos de adquisición, servicios contrataciones y obras, sin observar los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, austeridad, honradez y eficiencia.

Además, reconoce 13 actas apócrifas de supuestas sesiones extraordinarias del pleno del Consejo de la Judicatura, a las cuales, los consejeros no han sido convocados y por consecuencia se niegan a firmar pese a las presiones que están recibiendo para que estampen su rúbrica.

Aseveraron que no serán cómplices de la fabricación de diversa documentación con la intención de que Martínez Huerta justifique su mal actuar como presidenta del Consejo de la Judicatura.



Por ello, el magistrado Andrés Cruz Ibarra y los consejeros Carla Rodríguez González y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, respectivamente, solicitaron a Sofia Martínez que convoque a una sesión plenaria del Consejo de la Judicatura con carácter de extraordinaria, urgente y pública en la que se incluya en el orden del día, lo antes señalado.

Mediante el oficio CJ/032/2020 con fecha de este 22 de septiembre, los tres integrantes del Consejo de la Judicatura dan respuesta al oficio 0168/20 signado por Martínez Huerta, en la cual expone una serie de argumentos “fuera de la realidad”, dicen los consejeros.

Los consejeros cuestionan que la magistrada presidenta reconozca la existencia de 13 actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura, mismas que se encuentran en proceso de firmas por parte de los consejeros; además de expedientes para ser revisados y explicados por el personal “idóneo”.



También reconoce que existe autorización para transferir recursos “por cambio de capítulo del Tribunal al Consejo” para comprar artículos urgentes para distribución de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, con motivo del regreso a labores.

Aunado a ello, la magistrada presidenta señala que con base a un Decreto publicado el 27 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación, le autoriza realizar adquisiciones sin tomar en cuenta al Consejo de la Judicatura.

En ese sentido, los tres consejeros sostienen, “de los puntos anteriores, se desprende su reconocimiento expreso de que, sin autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura, ha comprometido y ejercido el gasto público sin ajustarse al marco jurídico aplicable al Consejo, es decir, ha realizado procesos de adquisición, servicios contrataciones y obras sin observar los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, austeridad, honradez y eficiencia”.



Y añaden, “le reiteramos nuestra preocupación por el uso y ejercicio que usted y el anterior Director General de Administración, entre otros servidores públicos, han dado al menos, aproximadamente, a 60 millones de pesos sin la autorización del Consejo de la Judicatura”.

Además, dicen sentirse sorprendidos porque la presidenta magistrada se haya tomado atribuciones que no le competen al haber contestado con una negativa entregar información respecto a diversas observaciones atribuidas a la administración saliente.

Los inconformes reiteraron que no han sido convocados a ninguna sesión plenaria del Consejo de la Judicatura en donde supuestamente se acordó la firma de 13 actas, pues tales sesiones no se celebraron.



Dijeron que no se niegan a firmar actas, siempre y cuando emanen de sesiones válidamente celebradas.

Con la finalidad de aclarar esa situación han solicitado que se convoque a una sesión plenaria del Consejo de la Judicatura con carácter de extraordinaria, urgente y pública.