Sindicalizado pretende apoderarse del inmueble donde opera Casa Magnolia

Utilizando el nombre de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, José Ángel Salas Palmeros, pretende apoderarse del inmueble donde actualmente funciona Casa Magnolia, en donde se brindan actividades de formación ambiental, artística, educativa, deportiva y de convivencia a la población xalapeña.

Los integrantes del colectivo “Casa Magnolia” dieron a conocer que este inmueble, ubicado en el centro histórico de la ciudad, estuvo abandonado por muchos años y se había convertido en un nido de delincuentes, por lo que iniciaron las acciones de rescate del mismo para convertirlo en un centro de encuentro social.

En este espacio, donde se crean vínculos, aprendizajes y propuestas para mejorar la calidad de vida de la comunidad, con el apoyo vecinal y de manera creativa, fue arrendada hace dos años y nueves meses mediante un convenio de renta y restauración del mismo, y ahora bajo amenazas y argucias legaloides Salas Palmeros trata de apoderarse del inmueble.



Mediante una carta abierta, dirigida a las órganos defensores de los Derechos Humanos, institucionales e independientes, así como de la sociedad en general y a los medios de comunicación, el colectivo mencionado señala que este centro cultural opera gracias a la iniciativa y compromiso de la sociedad civil y estudiantes de la Universidad Veracruzana, de 17 facultades, entre ellas Ingeniería, Contaduría, Artes, Antropología, Historia, Sociología, Odontología, Biología, Agronomía, Arquitectura, Filosofía, Economía, Idiomas, Letras Españolas y Ciencias Administrativas y Sociales, así como de otros centros educativos como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, miembros del vecindario y diversas organizaciones ciudadanas.

Denunciaron que desde hace año han sufrido acoso por parte de José Ángel Salas Palmeros, quien utilizando el nombre del FESAPAUV (sindicato al cual dijo pertenecer) “pretende desalojarnos del mismo, diciendo ser legítimo propietario del inmueble desde 2011, fecha en que dijo haberlo comprado”.

“Inicialmente trató de realizarlo mediante amenazas y violencia, sin embargo, al no conseguirlo, promovió una demanda por despojo sin bases legales, pues ha quedado plenamente demostrado que éramos posesionarios del inmueble antes de la supuesta compra, como atestiguaron legalmente miembros del vecindario que han visto y acompañado la transformación del espacio”, se indica en el documento.



Se evidencia también que el proceso legal ha sido turbio e incluso ha impedido que el apoyo del vecindario incida en el juicio penal, puesto que Salas Palmeros ha utilizado sus influencias para impedir la correcta aplicación de las leyes, aparentemente solapado por el aparato estatal de justicia. “De esta manera ha logrado entorpecer el proceso de manera ilegal, poniendo en entredicho la imparcialidad del juez”.

Los integrantes del colectivo Casa Magnolia han presentado pruebas y testigos buscando una solución civil al asunto, sin embargo, éstas no han sido consideradas por el juez, como consta en el expediente de origen 1934/2013 y en la orden de aprehensión contra uno de sus compañeros (del que no se informa quién es) el pasado 17 de abril y cuyo amparo tuvo como número 935/2013.

Se señala que a pesar de que han acudido a los canales jurídicos adecuados, Salas Palmeros ha sido favorecido nuevamente cuando se giró una nueva orden de aprehensión a su compañero. Ello los ha obligado iniciar una costosa defensa legal con recursos que de otra manera serían destinados al apoyo comunitario.



Enumeran las irregularidades: el proceso fue convertido en un juicio penal cuando a todas luces se trataba de un juicio civil. En segundo término, “se nota una clara actitud de renuencia por parte de Salas Palmeros a enfrentar un juicio civil, debido a que éstos se caracterizan por ser costosos en tiempo y en recursos económicos”. En tercer lugar, el delito que se les imputa no fue cometido –según los quejosos- y además, no está tipificado como delito grave, por lo que es sorpresivo e irregular que se hayan girado dichas órdenes de aprensión.

Evidencian que esta argucia legal del demandante, busca ejercer una fuerte intimidación contra el proyecto y sus integrantes y lograr el despojo rápido del inmueble.

Lamentan que con estas acciones de hostigamiento y connivencia, las autoridades están privilegiando los intereses particulares y políticos sobre los intereses de la comunidad, materializados en uno de los escasos proyectos comunitarios existentes en Xalapa.



Por esa razón exigen a las autoridades gubernamentales deje de solapar las prácticas ilegales de las que han sido víctimas y retire todo tipo de acoso hacia los miembros del Colectivo Casa Magnolia.

Finalmente, demandaron que se reconozca este emprendimiento como una iniciativa tanto ciudadana como universitaria que pugna por la reconstitución del tejido social, por el bienestar colectivo y el desarrollo de actividades en beneficio de todos.