Solicita Toño Nemi que SEFIPLAN expropie los bienes de la empresa FINAMED

El secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib,anunció que solicitó formalmente a la SEFIPLAN que se proceda a la expropiación de los bienes de la empresa FINAMED con la finalidad de que no se dejen de prestar los servicios complementarios como al parecer pretendía hacer la empresa.

“Al día de hoy tenemos la pretensión fundada de que la empresa FINAMED pudiera decidir unilateralmente suspender la prestación de los servicios y poner en peligro la vida de miles de veracruzanos que son atendidos en 11 hospitales equipados por FINAMED y esto evidentemente sería una flagrante violación al derecho a la salud consagrado en la Constitución de la República”, manifestó.

Añadió: “Ante este escenario y ante la gravedad de la situación y dado el compromiso del Gobierno de Veracruz de garantizar incondicionalmente la salud de los veracruzanos y la adecuada prestación de los servicios hospitalarios, que son nuestra responsabilidad, es que la Secretaría de Salud a mi cargo ha solicitado formalmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación que se proceda a la expropiación de los bienes de la empresa FINAMED para que éstos permanezcan bajo el control del gobierno y continúen prestando sus servicios”.

En conferencia de prensa junto con el Contralor, Iván López Fernández; el titular de Patrimonio del Estado, Antonio Gómez Anell; el procurador Fiscal de la SEFIPLAN, José Ramón Cárdenas Shaadi y la vocera del Gobierno estatal, Gina Domínguez; Nemi Dib admitió que una de las causales para haber tomado la medida es que muchos de los equipos por los que estaba cobrando FINAMED a la Secretaría de Salud son propiedad del Gobierno del Estado.

Destacó que la Secretaría de Finanzas estaría notificando en lunes al mediodía a la empresa en la ciudad de México, con lo cual se da inicio al procedimiento expropiatorio.

Juan Antonio Nemi Dib recordó que en 2008, el Gobierno del Estado firmó con FINAMED un contrato multianual con autorización del Congreso local por 12 años para la prestación de servicios complementarios de salud, específicamente en cirugía cardiovascular, hemodinamia, equipamiento para quirófanos, imagenología y hemodiálisis, anestesia avanzada, lo cual implica que muchos pacientes permanentes pudieran dejar de recibir el servicio si la empresa se llevara sus equipos.

Sin embargo, FINAMED ha incurrido en una serie de violaciones al contrato por la falta de equipamiento suficiente, incumplimiento en algunos servicios comprometidos y de manera particular la pretensión de cobros "absolutamente improcedentes" desde el punto de vista de la Secretaría de Salud.

Y es que reveló, la empresa pretendía cobrar 530 millones de pesos, cargo en el que están en total desacuerdo porque de acuerdo a los registros, la empresa ha incumplido en la prestación de ciertos servicios; así como el equipamiento total, "nos parece que están sobreestimando la valoración de sus arrendamientos y sus servicios profesionales".

Indicó que los 530 millones de pesos no se refieren a un monto en particular, sino a supuestos adeudos que SESVER tendría por la prestación de servicios y que no reconocen en su totalidad, por considerarlos excedidos, muchos infundados, pero sobre todo porque la empresa incumplió con varias de las contraprestaciones a la que estaba obligada.

Afirmó que se intentó en distintas ocasiones negociar con la empresa para que se ajustaran al cumplimiento de lo pactado, incluso ante la presencia de Notario público para acreditar la buena fe del Gobierno estatal y la disposición para cumplir bilateralmente el contrato, pero lamentablemente la posición que ha mantenido ha sido “irreductible” y se niegan a revisar los adeudos que la Secretaría desconoce y al contrario, no ha demostrado ninguna voluntad de mejorar la calidad de sus servicios y cumplir lo que estaba pactado.

El servidor público subrayó que es determinación del Gobierno de Veracruz que ninguna sola persona se quede sin atender y que se garantice la prestación de los servicios, es decir, a partir de este momento que el equipamiento que FINAMED tiene colocado en los 11 hospitales será operado por personal de los Servicios de Salud y su valor será cubierto a los precios actuales, de acuerdo a la norma.

“La de hoy es una medida muy fuerte, muy drástica, pero agotamos todas las posibilidades antes de llevarla a cabo y tiene un solo propósito: garantizar la salud y la integridad de los veracruzanos, eso nos motiva y por eso se procedió al inicio del procedimiento de expropiación de los bienes que son propiedad de la empresa FINAMED”, destacó.

Este proceso complejo culmina con el dictamen de Finanzas que definirá si se concreta o no la expropiación.

Añadió que una vez que se solicitó a Finanzas iniciar dicho procedimiento de expropiación se abre todo un proceso complejo que implica la elaboración de dictámenes, de peritajes, de evaluación de los bienes, la notificación al afectado; posteriormente comenzarán los alegatos para la defensa y al término la Secretaría de Finanzas emitirá un dictamen concretando o no la expropiación.

“Lo que está claramente demostrado, lo que no tiene lugar a dudas, es la causa de utilidad pública que es tan sencilla como proteger la vida y la salud de los beneficiados por ese tipo de equipamientos”, subrayó.

Se contratará a todos aquellos que trabajaban para FINAMED

Destacó que se han tomado las previsiones correspondientes para que los equipos sigan operando; aunque en la mayoría de los casos la empresa utilizaba servidores públicos para operar los aparatos, de tal manera que los que trabajan para FINAMED en un segundo turno serán contratados por SESVER y así garantizar que haya servicio.

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El funcionario estatal explicó que la empresa FINAMED es una persona moral que tiene de acuerdo con la ley una conformación previamente registrada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora de la Secretaría de Economía, es decir, es una sociedad que tributa, que tiene un registro fiscal como todos los contribuyentes de este país y en ninguno de esos registros aparece vínculo de ningún veracruzano relacionado a la política, es una empresa con dirección en la ciudad de México y tiene muchos años de operar.

“Y hasta donde identificamos no hay personas de Veracruz que formen parte de esta sociedad o que hubieran formado parte en el pasado hasta donde nosotros tenemos la capacidad para verificarlo”, apuntó.

Los hospitales donde otorga servicio la empresa son: Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz puerto, Yanga, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

No había más tiempo para plazos

Nemi Dib reiteró que la salud de los veracruzanos no admite más espacios para la negociación y para garantizar la vida de los pacientes no van a estar concediendo tiempo a un particular que finalmente, con todo derecho, tiene intereses lucrativos protegidos por la ley, pero que nunca van a ser superiores a la vida de la gente, de suerte que no hay más plazo y el tiempo para negociar se agotó con muy buena voluntad sin resultados o de lo contrario no hubieran llegado a esta decisión.

Toda expropiación para ser procedente, tiene que ir acompañada de una indemnización justa, “pero no reconocemos la deuda de 530 millones”.

Abundó que el dictamen que emitirá la SEFIPLAN tiene plazos y es que el afectado tiene que presentar pruebas y alegatos, que tienen que ser considerados para que se respete su derecho constitucional de audiencia.

“El procedimiento de expropiación es una nueva entidad jurídica que no tiene vínculo procesal, ninguno con el contrato de servicios que tenemos pactado. Son dos cosas diferentes. El proceso de expropiación que anunciamos es para garantizar que los bienes muebles -propiedad de FINAMED- permanezcan bajo nuestra custodia, eventualmente bajo la propiedad pública, del gobierno, previo pago de la indemnización constitucional, porque una indemnización tiene dos condiciones: la primera que se funde y justifique el interés público, la utilidad pública y; la segunda, toda expropiación para ser procedente, tiene que ir acompañada de una indemnización justa”, enfatizó.

De tal manera que al expropiar están garantizando la permanencia y la operación de los bienes, por ello -afirmó- se le pagará a FINAMED el equipamiento a un precio justo, al precio que marca la ley y al día de hoy, no lo que costaban cuando ellos los instalaron.

Resaltó que si reconocieran el adeudo de los 530 millones de pesos no hubieran llegado a este extremo; aunque esquivó decir cuánto es lo que sí se le debe a la empresa, “eso lo diré en los tribunales”.