Tarek “explicó” la no comprobación de $315 millones porque los echó a “la licuadora”

Antonio Tarek Abdalá, diputado federal priísta, confesó haber desviado 315 millones de pesos en su paso por la Tesorería de Veracruz, en 2013. Según sus argumentos dictados en comparecencia ante la Contraloría del Estado, las partidas federales fueron ocupadas en nóminas de médicos, docentes, policías y hasta en pagos a pensionados.

Un modus operandi denominado “efecto licuadora”, que el propio Antonio Gómez Pelegrín, sexto secretario de Finanzas en el gobierno Próspero, aceptó haber practicado. Se trata de un delito de peculado, que de acuerdo con el Código Penal Federal se sanciona hasta con 14 años de prisión.

El medio alcalorpolitico.com

tuvo acceso al Procedimiento Disciplinario Administrativo 171/2015, en el cual la Contraloría General dictaminó una inhabilitación temporal a Tarek Abdalá Saad para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de diez años. Es decir, el castigo máximo de carácter administrativo para un servidor público.

Lo anterior, se originó tras una revisión en la Cuenta Pública de 2013, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); que mediante el Pliego de Observaciones número PO0686/15 con Clave de Auditoría número 13-A-30000-14-0799-06-001, avisó a la Contraloría veracruzana de un probable daño patrimonial de Abdalá Saad.

Según dicta el documento oficial, el Gobierno Federal depositó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), la cantidad de 315 millones 627 mil 148 pesos por medio del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el segundo subsidio federal más sustancial que recibe Veracruz en el rubro de Desarrollo Social.



Con base en las leyes de Coordinación Fiscal, la partida federal debió ser transferida cinco días posteriores al depósito en la SEFIPLAN a los Servicios de Salud Veracruz (SESVER). Sin embargo, Tarek Abdalá dispersó el dinero en cuentas bancarias a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se ignora por qué Juan Antonio Nemi Dib, entonces titular de la SESVER, no denunció la falta de depósito en favor del Sector Salud; hecho que podría ser juzgado por la Procuraduría General de la República por delito de omisión.

No obstante los argumentos presentados por la ASF, desde 2014, la Contraloría ya dirigida por Ricardo García Guzmán, decidió llamar a comparecer a Abdalá Saad hasta el 11 de diciembre de 2015, a través del oficio número CG/DGIyESP/2728/2015.



Fue hasta el 11 de febrero de 2016 cuando el aún diputado por el distrito de Cosamaloapan decidió asistir a rendir cuentas, confirmando el desvío de los 315 millones de pesos.

En un alegato casi idéntico al del actual secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, Tarek Abdalá aseguró que la cantidad millonaria fue repartida en presuntas obligaciones de la operación gubernamental, en especial, declaró, en el pago de médicos, policías y del Gobierno del Estado. “De igual manera, respecto de las prestaciones sociales a los empleados estatales activos y jubilados”.

Argumentos que fueron desechados por la contraloría veracruzana, pues determinó que el funcionario priísta causó un daño y prejuicio a la Hacienda Pública Federal. “Tarek Abdalá no planeó, programó, ni presupuestó correctamente los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)”.