Ir a Menú

Ir a Contenido

Sección: Estado de Veracruz

Tiene ORFIS abiertos 129 expedientes por irregularidades en Cuenta Pública 2017

El monto del presunto daño patrimonial en 111 Ayuntamientos y en 18 entes estatales es de más de mil 600 mdp

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 22/03/2019

alcalorpolitico.com

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)) aún tiene abiertos 129 procedimientos administrativos para investigar un presunto daño patrimonial por 1 mil 600 millones de pesos en la Cuenta Pública 2017, la última de las ex administraciones municipales pasadas, y la primera del Gobierno del Estado que presidió Miguel Ángel Yunes Linares.

Se trata de un presunto daño patrimonial superior a los 730 millones de pesos en 111 Ayuntamientos y más de 500 millones de pesos en 18 entes estatales, sin contar el presunto quebranto patrimonial en Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos, refirió Óscar Ocampo Acosta, Director General de Asuntos Jurídicos del ente fiscalizador.

Asimismo, manifestó que la próxima semana se presentarán otras 7 denuncias penales por la Cuenta Pública 2017, derivado de 9 procesos administrativos que ya concluyeron y en donde no se pudo solventar un daño patrimonial casi de 38 millones de pesos ORFIS; dos denuncias se presentaron esta tarde en contra de los Institutos Tecnológicos Superiores de Pánuco y Perote por 5.7 millones de pesos, debido a que sí hubo elementos para atribuir responsabilidades.



Añadió que en los 129 procedimientos administrativos puede que en la fase de investigación, algunas de las observaciones se solventen o en su caso, se confirme el daño patrimonial, por lo que es aventurado manifestar que habrán de presentarse 129 denuncias penales.

“Para que nosotros podamos iniciar un procedimiento de responsabilidad debemos contar con todos los elementos para imputarle algo al servidor público. Lo que pretendemos es contar con los elementos suficientes para atribuir una responsabilidad”.

Expuso que al tener elementos para fincar responsabilidades, el ORFIS presenta las denuncias y serán las instancias correspondientes las que sancionarán, ya sea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el caso de las denuncias penales; o el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en el caso de faltas administrativas graves.