Tras detención ilegal, ingenieros buscan ampliar amparo; Fiscalía “violó derechos humanos”

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, junto con 6 personas más, buscan ampliar la demanda de amparo que presentaron contra la Fiscalía General del Estado y otras autoridades.

Ante el juez quinto de Distrito acusaron que además de cometer actos privativos de libertad, dicho organismo autónomo a cargo de Jorge Winckler Ortiz violó sus derechos humanos al no permitirles distribuir libremente víveres y medicinas a los afectados por los sismos del mes de septiembre.

Además de Winckler Ortiz, los quejosos señalan como autoridades responsables al fiscal de investigaciones ministeriales, así como a Jaime Cisneros, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y al Director de la Policía Ministerial.



También acusan al Fiscal Regional de la Zona Centro y al Delegado de la Policía Ministerial de la zona centro de Veracruz.

Cabe recordar que el pasado 27 de septiembre la Fiscalía General del Estado arrestó, sin orden de aprehensión, a los siete ingenieros.

Entre ellos se encontraba Pinilla Rodríguez, esposo de la directora de Servicios Públicos Municipales de Veracruz, Fabiola Balmori, y la Fiscalía señaló que los retuvo al sorprenderlos en supuesta flagrancia.



Sin embargo, después se justificó que la ayuda era para la delegación de la Cruz Roja del puerto de Veracruz, por lo que los detenidos tramitaron un amparo consiguiendo quedar en libertad unas horas después aunque sin los vehículos y los víveres que transportaban.

De acuerdo con el expediente 857/2017 como actos reclamados Pinilla Rodríguez; Gerardo Zárate; Rogelio Barros; Daniel Hernández; César Galicia; Jesús López y Alfredo Herrera, argumentan que existió una violación “flagrante e inminente” a los artículos Séptimo y demás relativos y aplicables del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Así, los ingenieros insisten en que tienen Derecho de posesión legal de las despensas y alimentos que son de “ayuda humanitaria”, pero que se encuentran legalmente resguardadas en el Fraccionamiento “Las Palmas” de Medellín de Bravo.



Igualmente señalar tener otras despensas retenidas en “Las Bajadas”, en el kilómetro 8 de la carretera Federal Veracruz-Xalapa, enfrente de GeoVillas del Puerto.

Al buscar ampliar la demanda de amparo consideran que dichas autoridades violan el artículo primero de la Constitución, así como los artículos 1, 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al impedir la ayuda humanitaria, restringiendo los Derechos de alimentación, salud, integridad física y a la vida de las personas.

En el documento aluden a la suspensión de plano ordenada en autos del incidente de suspensión al juicio de amparo indirecto, con la que fueron puestos en libertad.



Insisten en que las autoridades violan sus derechos humanos de los imperantes de amparo, ya que no permiten distribuir libremente, de manera directa, apoyos a los afectados por los sismos del pasado mes de septiembre.

“La solidaridad es un Derecho y obligación reciproca de los miembros, de grupos u organizaciones para apoyarse mutuamente (…), las autoridades no otorgan las garantías para la protección de los derechos humanos de las personas, ya que, abusando de su poder, retienen la mercancía y la dirigen a sus bodegas, para darles fin incierto”.