Tras reclamos de Cuitláhuac, quitan a Magistrado que liberaba presuntos delincuentes

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) retiró al magistrado José Octavio Rodarte Ibarra de su cargo como integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.

Esto, luego de críticas del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y del extrañamiento del Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, debido a resoluciones de Rodarte Ibarra con amparos que dejan libres a presuntos delincuentes.

A partir de este martes, surte efecto el acuerdo de fecha 27 de octubre de la Judicatura Federal mediante el cual anuncia la readscripción de la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, Estado de México, al Segundo Colegiado Penal de Boca del Río.



“Se hace del conocimiento de las partes que la integración de este Tribunal Colegiado a partir del uno de noviembre del año en curso, será la siguiente: Magistrado Presidente José Saturnino Suero Alva, Magistrada María Elena Leguízamo Ferrer y Magistrado Antonio Soto Martínez” versa el acuerdo publicado en estrados del tribunal en cuestión.

El pasado 4 de octubre, el Gobernador reprochó el actuar de los magistrados Suero Ávila, Soto Martínez y Rodarte Ibarra —ya removido— además de los jueces federales José Ezequiel Santos Álvarez y Alejandro Quijano Álvarez.

Y es que por medio de amparos recuperó su libertad la exdiputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Azúcense Rodríguez Zamora, vinculada a proceso por el homicidio del político tihuateco Nicanor Martínez Holguín.



Además, el 6 de octubre, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, mostró su público extrañamiento ante el desempeño de los tres magistrados del mismo Tribunal Colegiado luego de ratificar un amparo a favor de Casto Emilio “N”, Roberto Trinidad “N” y Ana Laura “N”, investigados por su probable participación en el homicidio del periodista Jacinto Romero.

Tanto el funcionario federal como el Gobernador aludieron a un presunto “modus operandi” para amparar a presuntos criminales.

“Aquí llama la atención que es el mismo juez el que resuelve ambos casos, y ya confirma el Tribunal (Segundo Colegiado Penal). Como se nos ha instruido, cuando hay estos casos se va a proceder también con las denuncias penales correspondientes contra el juez por delitos relacionados contra la administración de la justicia”, dijo en su momento el Subsecretario.