TSJ inicia nueva etapa en la tutela de los derechos de los pueblos originarios: Edel

Para Edel Humberto Álvarez Peña, presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucre derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, no es una declaración de buena voluntad, sino el comienzo de una nueva etapa en la tutela de los derechos de los pueblos originarios.

Su objetivo es garantizar el derecho que tiene la población de los 13 pueblos originarios de Veracruz de acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado, tal y como lo exige la Constitución Política del país; a una justicia pronta y expedita; se trata de un verdadero compromiso y una herramienta de trabajo para la impartición de justicia.

“La causa que hoy nos reúne es una de las luchas más nobles y a la vez más difíciles que ha enfrentado el estado de Veracruz a lo largo de su historia. La reivindicación que le debemos a nuestros pueblos originarios, es una deuda histórica”.



El protocolo –añadió— guía al juzgador sobre cómo debe actuar para atender un asunto en donde se involucren derechos de indígenas y exigible para las autoridades judiciales.

Los objetivos institucionales de ese plan son claros, ya que se promoverá la armonización y adecuación del marco normativo del Poder Judicial, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las personas indígenas.

Se difundirá el Protocolo en todos los distritos judiciales, priorizando aquellos que cuenten con un mayor número de población indígena; se coordinarán acciones con la Dirección de la Defensoría de Oficio para incrementar el número de peritos interpretes en todo el Estado; se establecerá una coordinación permanente con los Consejos Consultivos Regionales para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.



Se realizará un diagnóstico de los procesos penales en donde estén involucrados indígenas, con la finalidad de informarles los beneficios que les otorga la Ley Nacional de Ejecuciones Penales y verificar que las personas indígenas cuenten con intérpretes certificados.

Con esto se logra reducir la desigualdad y el respeto a la dignidad humana, pues los derechos que no se hacen cumplir, se vuelven inexistentes.

Expuso que en un estado de derecho y democrático no basta con hacer un reconocimiento formal a la naturaleza pluricultural de la sociedad, sino que es preciso protegerla, cultivarla, respetarla y preservarla.



Dijo que por ello, el Poder Judicial de Veracruz, tomando como base el Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024, ha decidido atender la demanda de la justicia indígena y con ello, aportar lo necesario para que las políticas públicas que buscan la paz, igualdad y justicia de los estratos más débiles de la sociedad, se cumplan.

Álvarez Peña, añadió que Veracruz por ser la tercera entidad del país con mayor concentración de población indígena, el Protocolo fue diseñado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, por lo que todos los servidores públicos encargados de impartir justicia, tienen la obligación de acatarlo.