Una fachada, el programa de verificación vehicular en Veracruz

Las deficiencias de los Programas de Calidad del Aire y de Verificación Vehicular Obligatoria heredadas de la administración de Javier Duarte de Ochoa, se multiplicaron en la actual de Miguel Ángel Yunes Linares, pues el área a cargo, la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEDEMA), no ha atinado a corregirlas y por el contrario, ha permitido que la verificación de vehículos automotores sea sólo una fachada.

Hoy, al no contar en la actual administración estatal con el software que es el eje del Sistema Integral de Verificación del Estado de Veracruz (SIVVER), en cada uno de los 186 Centros de Verificación y 64 Verificentros del estado de Veracruz se opera de acuerdo a los criterios de sus propietarios, sin control alguno de la autoridad estatal, pues no existe el obligado monitoreo en tiempo real con el cual el Gobierno del Estado debiera supervisar el proceso de verificación, conformar la base de datos de vehículos verificados y sobre todo, no se tiene control de los folios de hologramas utilizados cada día.

Lo anterior permite la venta en mano de hologramas a menor precio, sin necesidad de verificar las emisiones de un vehículo, tal y como algunos verificadores lo han denunciado a la SEDEMA en la ciudad de Xalapa, sin que hasta ahora haya respuesta de parte del Gobierno del Estado.



Fuentes consultadas por Al Calor Político.com, coinciden que las deficiencias de los referidos programas se multiplicaron cuando la titular de la SEDEMA, Mariana Aguilar López, publicó en la Gaceta del Estado número extraordinario 158 del jueves 20 de abril de 2017, (https://bit.ly/2OHxkKV ) promovido por el área jurídica a cargo de Carlos Federico Cantú Uscanga, el acuerdo delegatorio de facultades a favor de Arturo Mejía García, Ejecutivo de Proyectos y Programas Especiales de Vinculación las atribuciones de: Coordinar, operar y ejecutar el programa de calidad del aire en el Estado, así como poner bajo su cargo a los titulares de la Consultoría del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria y de la Consultoría del Programa de Gestión Industrial, al igual que el monitoreo de la calidad del aire, “lo anterior sin perjuicio de que dichas funciones las ejerza personalmente como Titular de la Secretaría, especialmente y con reserva de los casos que se requiera previo acuerdo con la suscrita, para que desde esta fecha pueda firmar por sí y/o en conjunto con la suscrita todos los documentos que se generen y sean relativos a los actos siguientes:”

Abogados ambientalistas y de la misma SEDEMA en ese entonces, hoy fuera de la dependencia, advirtieron a la titular de esa dependencia que la delegación de facultades siempre será parcial, pues ninguna autoridad podrá delegar el ejercicio total de sus atribuciones esto último, de hacerse, llevaría a pensar en una real sustitución de órganos, advertencias que resultaron infructuosas.

Desde entonces y Arturo Mejía García, opera el programa de verificación vehicular obligatoria con dicho acuerdo delegatorio, no obstante que su vigencia era solo por unos meses incumpliendo los principios de parcialidad, transparencia, legalidad y combate a la corrupción, propuestos por la actual administración estatal.



Funcionarios de la misma dependencia ambiental señalan que a partir del primero de noviembre de 2017 el programa opera –supuestamente– a través de la Dirección General de Control de Contaminación y Evaluación Ambiental, sin embargo Mejía García sigue actuando como si aún tuviera vigencia el acuerdo delegatorio del jueves 20 de abril de 2017.

Todo lo anterior no sólo se lo han hecho saber los verificadores del estado de Veracruz que han tenido la suerte de coincidir en la ciudad de Xalapa con la titular de la SEDEMA, sino también personal a su cargo que incluso mediante oficios le han enterado a la Contraloría Interna y al Órgano Interno de Control, que con el respaldo del director jurídico de esa secretaría Carlos Federico Cantú Uscanga, se reactivaron por ejemplo Centros de verificación Vehicular que tenían más de seis meses sin operar y sin dar aviso a la autoridad por lo que procedía la revocación de la concesión.

Se permitió la operación de los verificentros durante el 2017, sin el pago de la fianza y el seguro de responsabilidad civil, incurriendo en faltas a la normatividad vigente y peor aún, se les proporcionaron certificados holográficos sin llevar a cabo el debido procedimiento administrativo para sancionar dicha inconsistencia o en su caso, si así se ameritaba proceder a la revocación.



Se realizaron visitas de verificación o supervisión a los Centros de Verificación y Verificentros sin respetar el proceso establecido en el Código de Procedimientos Administrativos para el estado y la Ley Estatal de Protección al Medio Ambiente, por lo que el acto de autoridad no fue válido.

En descargo de los empresarios del ramo, los concesionarios de verificentros operan en inequidad, ya que la inversión realizada es superior a la de los Centros de Verificación Vehicular, los cuales deberían encontrarse en un proceso de migración y homologación, pero que sin embargo ambos verifican libremente, de acuerdocon versiones recogidas por Al Calor Político.com