La Universidad Veracruzana (UV) aceptó la recomendación 17/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por actos de violencia laboral e institucional cometidos contra una académica en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, aunque previamente rechazó otra recomendación de ese mismo organismo.
En el documento, la CEDH acreditó que “personal de la Universidad Veracruzana realizó actos y omisiones que actualizan violencia laboral e institucional en contra de V1”, quien presentó la queja el 14 de marzo de 2019.
Según la relatoría de hechos, la víctima denunció haber sido “receptora de acoso y hostigamiento laboral, violencia de género, agresión verbal, insultos, difamación, amenazas, descalificación y encierro” por parte del jefe de carrera del programa de Publicidad y Relaciones Públicas.
Relató que el 12 de marzo de 2019 fue interceptada por su superior, quien la condujo a una oficina, cerró la puerta, la increpó, “golpeó el escritorio por varios minutos” y la insultó. Dijo que al intentar escapar fue perseguida hasta otra oficina, donde se resguardó con la Secretaria Académica. “Yo sólo buscaba en la Dirección apoyo y protección, el cual desafortunadamente no lo recibí”, afirmó.
La Dirección de la Facultad citó a las partes, pero de acuerdo con la víctima, el Director minimizó los hechos al señalar que “la violencia es percepción” y que él mismo “había sido violentado y no se había quejado”. La académica también acudió a la Unidad de Género (UGE), donde, según el expediente, fue cuestionada por la difusión del caso y advertida de que “quedaría muy expuesta” si seguía con su queja. “La UGE aceptó haber prevenido a V1 sobre la tardanza que podría acarrear su proceso y que esto, además de exponerla emocionalmente, traería consigo (afectaciones)”, se lee en el documento.
Aunque la UGE aseguró haber ofrecido atención psicológica, la CEDH concluyó que no existen evidencias de que ésta se haya concretado. La víctima también declaró que, como represalia, sufrió desprestigio entre la comunidad universitaria y dejó de recibir asignaciones. Durante la investigación, la Secretaria Académica confirmó que encontró a la víctima “sumamente nerviosa y llorando”, mientras que el jefe de carrera negó haber cerrado la puerta y aseguró que sólo “privilegió el diálogo”. En una reunión posterior, señaló: “No era justo que, por el hecho de ser hombre, tener voz fuerte y temperamento enérgico se le juzgara por violencia”.
La Comisión concluyó que los hechos constituyeron violencia laboral “a través de actos que la hicieron sentir afectada emocionalmente; es decir, ocasionó un daño a su integridad psicológica”. Un dictamen psicológico del Instituto Municipal de las Mujeres confirmó que fue víctima de violencia psicológica en modalidad laboral.
La CEDH también acreditó violencia institucional por parte de la Dirección de la Facultad y de la UGE, al señalar que la Universidad intentó “persuadirla de desistir en sus pretensiones, sin implementar las medidas idóneas para evitar que situaciones análogas siguieran presentándose”.
La recomendación obliga a la UV a reconocer la calidad de víctima de la docente, gestionar atención médica y psicológica, pagar una compensación económica con base en lo que determine la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y capacitar al personal involucrado. La institución también deberá iniciar procedimientos administrativos contra los funcionarios que intervinieron, “tomando en cuenta lo establecido en los artículos 39 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz y 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.