Veracruz, a las estadísticas en agresión a periodistas; segundo lugar nacional

El Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) como un avance del reporte que saldrá a la luz en enero próximo, dio a conocer que en 2009 se presentaron 186 periodistas agredidos en territorio nacional por ejercer su profesión informativa, lo que resulta un claro agravio a la libertad de expresión.

Los tres lugares con más periodistas agraviados los ocupan las entidades de Oaxaca, con 17 casos (12.23%); Veracruz, con 15 (10.79%) y Chihuahua, con 15 (10.79%), lo que representa que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques a la libertad de expresión.

Entre las agresiones más frecuentes a los comunicadores y sus medios, se presentan intimidaciones, lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e incluso ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada.

El CEPET señala que 19 casos se refieren a acciones dirigidas contra medios de comunicación, incluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de Sinaloa y los disparos de armas de alto poder contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.

En este informe se hace referencia al crimen organizado y el narcotráfico como presuntos responsables de al menos 11 eventos. No obstante, las cifras indican que son las fuerzas encargadas del orden público como militares, policías federales, estatales, municipales, así como funcionarios públicos, sobre todo del ámbito municipal, quienes resultan ser los principales agresores de periodistas. Así mismo el reporte indica que las amenazas y agresiones tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.

Para el periodo 2009, el CEPET cuenta con un registro de 12 periodistas asesinados, uno de ellos en el estado de Veracruz. Es también en la entidad donde se ha incrementado el número de ataques a periodistas entre 2008 y 2009, al pasar de 12 a 15.

El CEPET indica que el secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas de Veracruz, Reynaldo Escobar, fue señalado este año como responsable de iniciar demandas contra dos comunicadores locales que, a consideración del funcionario, dañaban su imagen por criticar su desempeño público.

Por ello, en el reporte anual se hace una dura crítica al gobierno estatal. Señalan que el organismo, creado el 3 de mayo de 2006, parece venir cumpliendo funciones de mejora de imagen para el gobierno estatal en lugar de responder a la preocupación legítima de la autoridad por salvaguardar la libertad de informar, opinar y criticar.

Como ejemplo exponen el caso de Ixhuatlancillo, Veracruz, registrado el 20 de septiembre, cuando cinco sujetos, uno de ellos chofer del presidente municipal de la localidad, Leonardo Cruz Flores, atacaron con un bate e hirieron con disparos de arma de fuego al jefe de Circulación de El Sol de Orizaba y a uno de sus asistentes, mientras distribuían ejemplares del diario en la colonia Nuevo Amanecer, en los que se denunciaba el despojo de predios por parte del líder de esa colonia en complicidad con el alcalde. Casi dos meses después, la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas anunció —lo que bien podría haber hecho el área de Comunicación Social de la Procuraduría estatal— la liberación de una orden de aprehensión contra el mencionado chofer, sin que se diera a conocer el inicio de ninguna indagatoria que involucre al funcionario.

También mencionan los casos de Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango; Juan Daniel Martínez Gil, periodista de Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 27 de julio; Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre; y Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en la capital del estado.

La CEPET agrega que La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), aún no ofrece resultados, avances concretos o datos de consignaciones que abonen a la confianza.

Así mismo indican que México ha sido considerado en años recientes uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, tanto por el número de casos violentos registrados contra comunicadores en el ejercicio de su trabajo, como por la pasividad y demora en la atención de denuncias por parte de las autoridades, que termina reflejado en un preocupante rezago de expedientes a la fecha.

CEPET menciona que la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística, continúa sin ser agendada para su discusión en el Senado, pese a haber sido aprobada en abril de este año.

El CEPET juzga estos hechos como un retroceso en el camino a abrir mayores espacios a la pluralidad y a una mayor fiscalización de la función pública. Concluyen diciendo que “es inevitable que la delincuencia organizada busque silenciar las voces incómodas, pero cuando esos intentos provienen desde el poder entonces ya no hay donde refugiarse”.