Federación advierte por violencia contra candidatos en Veracruz; urge a protegerlos

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, pidió al Gobierno de Veracruz colaborar en la protección de aspirantes y candidatos a cargo públicos amenazados.

Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, la Secretaria detalló que en lo que va del actual proceso electoral 2020-2021, de los 73 delitos relacionados con violencia política, que incluyen agresiones, más de la mitad han ocurrido en siete Estados.

Se trata de Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco, según la funcionaria federal.



Además, advirtió que al menos 64 políticos mexicanos han sido víctimas de homicidio en lo que va del proceso electoral, de septiembre de 2020 a febrero de 2021.

Rodríguez Velázquez presentó la "Estrategia de protección en contexto electoral" para los próximos comicios del 6 de junio.

“Estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política".



Cabe recordar que el 6 de junio, los votantes en México elegirán a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 Estados, 30 congresos estatales, mil 900 Ayuntamientos, entre otros cargos.

La funcionaria reconoció que en los Estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco ve mayor riesgo de que el crimen coopte a candidatos.

“Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo", argumentó Rodríguez.



Adelantó que la estrategia de protección incluirá mesas de trabajo entre autoridades judiciales y electorales, así como reforzar la seguridad en municipios de alto riesgo y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados.

Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en el plan participarán la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Subrayó que el objetivo es "darles protección a candidatos" y "que no los obliguen a declinar por amenazas" pues se debe de frenar a los grupos del crimen organizado como a los "criminales de cuello blanco".



Igualmente, dijo que la protección tiene que ser voluntaria, es decir que no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral.