Veracruz, tercer lugar nacional en denuncias por tortura

De acuerdo con la diputada local de MORENA, Patricia Rodríguez Cueto, los estados donde se presentan más denuncias por tortura en el país son: Jalisco con mil 363, Tamaulipas con mil 166, Veracruz con 734, Baja California con 720, el Estado de México con 668 y Nuevo León con 641.

La legisladora alertó que de acuerdo con los registros del Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), la tortura creció 846 por ciento, al pasar de 266 casos en 2012 a 2 mil 515 entre enero y agosto de 2016.

Por lo anterior, a nombre de su bancada presentó una iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 3 de la Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado, lamentando que la entidad ocupe el tercer lugar nacional en este rubro.



Criticó que dichos métodos y formas sigan siendo utilizados por algunas autoridades al interrogar a los presuntos culpables, para hacerles confesar.

“Esto claramente es estar fuera de la Ley. Estas prácticas deben terminar. Cualquier gobierno tiene el imperativo moral de salvaguardar los derechos humanos de sus gobernados”, consideró.

Con su propuesta se establece que comete el delito de tortura quien inflinja dolosamente a cualquier persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión.



Igualmente, a quien castigue a una persona por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

“Utilizando diferentes métodos tales como: choques eléctricos, asfixia, golpes con diferentes instrumentos, quemar, cortar, mutilar, privar del sueño, insertar objetos en cavidades, extirpar algún miembro del cuerpo, atar, azotar, aplastar extremidades, entre otros”.

La diputada recordó que además de legislación internacional en la materia, en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene diversos instrumentos legales para prevenir y sancionar la tortura.



Entre estos están el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Para el desahogo de la iniciativa, el proyecto se turnó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.