7 de octubre de 2013
alcalorpolitico.com
La transición entre los siglos XX y XXI fue un torbellino de cambios políticos que los mexicanos impulsamos o atestiguamos con renovada esperanza. Fue el periodo de la llamada transición democrática, de la insurgencia ciudadana, de la movilización por la defensa del voto, del fin de la época del partido único, de la llegada de la alternancia política, de la confianza de muchos en el advenimiento de una nueva etapa marcada por una mayor democratización de la vida pública, de un estado de ánimo colectivo que miraba con optimismo hacia el futuro. Tiempo de esperanza que poco duró.
A juzgar por el convulso escenario nacional de hoy, por los magros resultados alcanzados en todos los órdenes, por la persistencia de los peores vicios del poder, por la explosión de violencia e inseguridad que abrazó al país en su conjunto, por la incompetencia de los gobernantes y el enseñoramiento de los poderes fácticos, incontrolables y desbocados, asistimos a un gran fracaso en la transición a la mexicana que explica la frustración y el desencanto actuales de millones de ciudadanos.
Se tiene hoy un sistema político aparentemente democratizado, sostenido por los frágiles equilibrios de una economía precaria, sobre el que pesa la hipoteca de la pobreza y la desigualdad; como se tiene también una sociedad frustrada, desmovilizada, apática, resignada a que una clase política rapaz haga de las suyas sin rendir cuentas a nadie.
Por ello nuestra democracia se encuentra permanentemente sujeta a continuas y grandes presiones. Porque la necesidad de contener las demandas dentro de los límites «aceptables» ha generado, a contrapelo de las visiones optimistas, un problema recurrente de gobernabilidad, agravado por la impericia de las administraciones públicas, la resistencia a ajustar cuentas con el pasado, la vocación patrimonialista de la clase política en general y la permanencia de un modelo económico excluyente.
La globalización y los modelos dictados por los grandes centros de poder económico mundial, asumidos acríticamente por los gobiernos panistas de la alternancia y ahora felizmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, han provocado y seguirán provocando la pauperización de grandes sectores de la población, la desestructuración de los actores sociales y la migración masiva al extranjero por falta de empleo.
Todos esos problemas se expresan en el desencanto que produjo el gobierno de Fox, el de Felipe Calderón, y el prematuro quiebre de expectativas en el regreso del PRI a la presidencia luego de la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que, sin el debido consenso, se vienen imponiendo a rajatabla con base en acuerdos cupulares con las dirigencias partidistas en el marco del Pacto por México y que han generado un ominoso escenario de ingobernabilidad cuando Peña Nieto no cumple ni un año en la Presidencia de México.
Estamos atrapados en la dinámica de los poderes fácticos y de la clase política sin que los ciudadanos atinen a plantar cara de manera organizada a esa frustrante realidad, y cuando lo han intentado, especialmente en épocas electorales, han sido más fuertes las inercias de los intereses creados, la vocación por trampear en los comicios, por comprar el sufragio, desmovilizar al elector y preservar la tónica de las elecciones controladas desde el poder. Y ahora, cuando las resistencias a las reformas se expresan en grandes movilizaciones sociales, como la lucha del magisterio, por citar un caso, la maquinaria para criminalizar la protesta social se pone en marcha a toda velocidad para construir el consenso que aísle a los “revoltosos”, a través de la censura mediática y el consentimiento de los sectores menos ilustrados, educados por Televisa, y que, lamentablemente, siguen sumando legiones.
Lo que es un hecho es que existe una gran incertidumbre sobre el futuro: no se puede garantizar que la reforma política que se discute en esta hora desemboque necesariamente en un régimen político más democrático, más justo y con mayores libertades. Incluso no hay que descartar la posibilidad de que se desarrollen nuevas formas de autoritarismo y de que se dote de más poder a la partidocracia.
La participación ciudadana, el fomento de una cultura política distinta a la que el antiguo régimen nos impuso, la consolidación de órganos y tribunales electorales realmente autónomos, sea con un Instituto Nacional de Elecciones o con los institutos con que contamos, con partidos políticos institucionalmente fuertes y con democracia interna, pero sobre todo comprometidos con el cumplimiento de la ley, son fundamentales para lograrlo.
La tarea de todas y todos consiste en construir una democracia con un alto contenido de responsabilidad entre gobernantes y gobernados; legalidad y respeto irrestricto a la ley; de rendición de cuentas; amplias posibilidades de ejercer la libertad; condiciones para la construcción de una sociedad con menos diferencias económicas y mayores oportunidades de mejorar su nivel de vida.
¿Podremos lograrlo y retomar el espíritu de la transición inacabada? ¿O lo dejaremos como siempre en mano de los políticos? ¿No es acaso tarea de los ciudadanos poner manos a la obra?
[email protected]
A juzgar por el convulso escenario nacional de hoy, por los magros resultados alcanzados en todos los órdenes, por la persistencia de los peores vicios del poder, por la explosión de violencia e inseguridad que abrazó al país en su conjunto, por la incompetencia de los gobernantes y el enseñoramiento de los poderes fácticos, incontrolables y desbocados, asistimos a un gran fracaso en la transición a la mexicana que explica la frustración y el desencanto actuales de millones de ciudadanos.
Se tiene hoy un sistema político aparentemente democratizado, sostenido por los frágiles equilibrios de una economía precaria, sobre el que pesa la hipoteca de la pobreza y la desigualdad; como se tiene también una sociedad frustrada, desmovilizada, apática, resignada a que una clase política rapaz haga de las suyas sin rendir cuentas a nadie.
Por ello nuestra democracia se encuentra permanentemente sujeta a continuas y grandes presiones. Porque la necesidad de contener las demandas dentro de los límites «aceptables» ha generado, a contrapelo de las visiones optimistas, un problema recurrente de gobernabilidad, agravado por la impericia de las administraciones públicas, la resistencia a ajustar cuentas con el pasado, la vocación patrimonialista de la clase política en general y la permanencia de un modelo económico excluyente.
La globalización y los modelos dictados por los grandes centros de poder económico mundial, asumidos acríticamente por los gobiernos panistas de la alternancia y ahora felizmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, han provocado y seguirán provocando la pauperización de grandes sectores de la población, la desestructuración de los actores sociales y la migración masiva al extranjero por falta de empleo.
Todos esos problemas se expresan en el desencanto que produjo el gobierno de Fox, el de Felipe Calderón, y el prematuro quiebre de expectativas en el regreso del PRI a la presidencia luego de la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que, sin el debido consenso, se vienen imponiendo a rajatabla con base en acuerdos cupulares con las dirigencias partidistas en el marco del Pacto por México y que han generado un ominoso escenario de ingobernabilidad cuando Peña Nieto no cumple ni un año en la Presidencia de México.
Estamos atrapados en la dinámica de los poderes fácticos y de la clase política sin que los ciudadanos atinen a plantar cara de manera organizada a esa frustrante realidad, y cuando lo han intentado, especialmente en épocas electorales, han sido más fuertes las inercias de los intereses creados, la vocación por trampear en los comicios, por comprar el sufragio, desmovilizar al elector y preservar la tónica de las elecciones controladas desde el poder. Y ahora, cuando las resistencias a las reformas se expresan en grandes movilizaciones sociales, como la lucha del magisterio, por citar un caso, la maquinaria para criminalizar la protesta social se pone en marcha a toda velocidad para construir el consenso que aísle a los “revoltosos”, a través de la censura mediática y el consentimiento de los sectores menos ilustrados, educados por Televisa, y que, lamentablemente, siguen sumando legiones.
Lo que es un hecho es que existe una gran incertidumbre sobre el futuro: no se puede garantizar que la reforma política que se discute en esta hora desemboque necesariamente en un régimen político más democrático, más justo y con mayores libertades. Incluso no hay que descartar la posibilidad de que se desarrollen nuevas formas de autoritarismo y de que se dote de más poder a la partidocracia.
La participación ciudadana, el fomento de una cultura política distinta a la que el antiguo régimen nos impuso, la consolidación de órganos y tribunales electorales realmente autónomos, sea con un Instituto Nacional de Elecciones o con los institutos con que contamos, con partidos políticos institucionalmente fuertes y con democracia interna, pero sobre todo comprometidos con el cumplimiento de la ley, son fundamentales para lograrlo.
La tarea de todas y todos consiste en construir una democracia con un alto contenido de responsabilidad entre gobernantes y gobernados; legalidad y respeto irrestricto a la ley; de rendición de cuentas; amplias posibilidades de ejercer la libertad; condiciones para la construcción de una sociedad con menos diferencias económicas y mayores oportunidades de mejorar su nivel de vida.
¿Podremos lograrlo y retomar el espíritu de la transición inacabada? ¿O lo dejaremos como siempre en mano de los políticos? ¿No es acaso tarea de los ciudadanos poner manos a la obra?
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