27 de enero de 2014
alcalorpolitico.com
Al publicarse en 2010 el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2011-2025, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se dieron a conocer 510 proyectos hidroeléctricos a nivel nacional, de los cuales 112 corresponden a Veracruz. Entre estas obras se encuentra la construcción de una presa-hidroeléctrica en la cuenca del Río Jalcomulco para abastecer de agua a la capital del estado.
Para este proyecto, el 1 de agosto del 2011 la empresa brasileña Odebrecht, presidida por Marcelo Bahía Odebrecht, corporativo líder en el negocio de ingeniería y el mayor de América Latina en su sector, dedicado desde hace más de 60 años a la construcción de edificios, hidroeléctricas, siderúrgicas, centrales nucleares, refinerías, complejos turísticos e inmobiliarios, entre otras grandes obras, presentó una propuesta al Gobierno del Estado de Veracruz para llevar a cabo una asociación público-privada para construir la presa.
Se acordó entonces establecer la sociedad Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, con una inversión total de 7 mil 500 millones de pesos, en la que el 72 por ciento sería de capital privado y el 28 por ciento correría por cuenta del gobierno veracruzano.
A finales de octubre del 2011 directivos de la empresa brasileña Odebrecht se reunieron con el gobernador Javier Duarte de Ochoa para anunciar la inversión millonaria que realizarán en Veracruz para la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI, una planta de etanol y la polémica presa. Inmediatamente se reunió el Consejo de Economía del Estado con el propósito de autorizar a los titulares de las secretarías de Desarrollo Económico y Portuario, de Finanzas y Planeación, y de Desarrollo Social para firmar el Acuerdo Preliminar entre Gobierno del Estado y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S. A. mediante el cual se instrumentaría el proyecto.
En marzo de 2013, con 32 votos a favor y 13 en contra, los legisladores veracruzanos autorizaron que el Ejecutivo estatal lleve a cabo el proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, a través del esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios. Esto a pesar de que especialistas en temas ambientales y habitantes de la región advirtieron que la construcción de la presa-hidroeléctrica traerá repercusiones ambientales irreversibles, el ecoturismo y el uso de recursos naturales se verían muy afectados por la disminución de agua en el afluente, además de señalar que la falta de fuentes de empleo, y por lo tanto la pobreza y la migración, serán las consecuencias directas que dejará el proyecto.
De acuerdo a la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) para cualquier persona con un mínimo de sentido común, resulta sorprendente que pueda faltar agua en una ciudad como Xalapa con una precipitación anual de 1, 800 mm, con manantiales que se derraman sobre las calles. El primer problema –argumentan- es sin duda la falta de planeación urbana que propicia la expansión de la ciudad, no tanto para cubrir necesidades reales de vivienda, sino para favorecer los intereses del gran capital inmobiliario. De acuerdo a este colectivo la única “racionalidad” que podría explicar que se busque traer agua desde lejos y bombearla desde los 500 hasta los 1400 metros sobre el nivel del mar, es la lógica del lucro. “En las obras de infraestructura se hacen grandes negocios”, señalan.
Con todo y las advertencias y oposición de los ambientalistas y pobladores de la zona, en agosto del año pasado la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó realizar el primer pago por un monto de 355 millones 795 mil pesos, para dar inicio a la construcción del proyecto, atendiendo al Acuerdo de Accionistas de fecha de 19 de abril de 2013, celebrado por Odebrecht Participaçiones e Investimentos S.A. y el Gobierno de Veracruz. En esa fecha los legisladores autorizaron también que la representación gubernamental en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, S.A.P.I. de C.V., se dé por conducto de la Secretaría de Finanzas en reemplazo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Desde el 2010 inició un movimiento en el municipio de Jalcomulco en oposición a la construcción de presas a lo largo de este río. Desde entonces han sido diversas las expresiones de rechazo que incluyen manifestaciones en el municipio, plantones en la Plaza Lerdo de Xalapa, marchas y movilizaciones que tuvieron su más reciente episodio con el bloqueo a la carretera Xalapa-Veracruz el pasado jueves 23 de enero.
Los inconformes argumentan que habrá afectaciones al 80 por ciento de los pobladores de la zona que dependen de las actividades relacionadas con el turismo y la acuacultura, y estiman que este proyecto inundaría a comunidades, “secaría” algunos tramos del cauce del río Jalcomulco que baña los cultivos de campesinos, da sustento alimentario y económico a pescadores y pobladores; y sostiene la principal actividad económica de la región: el ecoturismo.
La preocupación central de los opositores es la falta de información fidedigna sobre los permisos para ejecutar la obra, pese a que ya se encuentra en la zona maquinaria y personal de la empresa realizando trabajos, y que personeros de la misma presionan a pobladores y ejidatarios a vender sus terrenos. Afirman además que han acudido a instancias federales como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para conocer detalles del estudio de impacto ambiental y el proyecto de las presas, recibiendo evasivas de funcionarios de las dependencias.
Al respecto es importante destacar que durante los últimos 10 años el turismo en Jalcomulco creció en un 50 por ciento con visitantes nacionales y extranjeros, principalmente de Japón, China y Estados Unidos, lo que ha significado una derrama económica importante en la región. Durante esa década Jalcomulco atrajo la atención de inversionistas que construyeron cinco hoteles en el pueblo, donde además hay 15 campamentos que ofrecen como actividad principal el descenso de río, recorridos de montaña, ciclismo, cabalgata y otras actividades que se han hecho necesarias como la espeleología, el rappel y la tirolesa. Pero todo ello quedará en el recuerdo, pues las utilidades que dejará este gran negocio lo justifican, donde, como siempre, los mayores beneficiados serán los empresarios y los intereses particulares en juego.
Por ello resulta ingenuo pensar que servirán de algo los foros de análisis sobre aspectos técnicos, sociales, políticos y ambientales que implica la obra, acordados en el Congreso del Estado luego de reuniones en las que participaron autoridades estatales, federales, legisladores y habitantes de los municipios de Jalcomulco, Apazapan, Tlaltetela, Coatepec, Teocelo e Ixhuacán de los Reyes que se oponen a la construcción de la presa.
La comisión de funcionarios, encabezada por el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Nicolás Callejas Arroyo, que se reunió con los inconformes, luego de un largo bloqueo carretero, hizo hincapié en que los trabajos que se efectúan en la zona “no corresponden a la construcción de una presa, sino a análisis sobre la viabilidad técnica y ecológica”, y que se requiere todavía una serie de estudios especializados para obtener la autorización del Gobierno de la República.
Les dicen, en suma, que apenas se va a evaluar si procede la construcción de la presa, pero es más que evidente que todo está listo para su realización. Si existe un convenio suscrito entre el Gobierno del Estado y la empresa Odebrecht, asociados en el proyecto. Si ya la anterior Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó realizar un primer pago por más de 355 millones para ello, ¿Es creíble que se dará marcha atrás a la obra? Salvo que el gobierno federal diga otra cosa.
Lo que es un hecho es que no hay información confiable y de acceso público sobre este proyecto ni de los compromisos financieros, y a cuántos años, que asume el gobierno de Veracruz con esta asociación.
Pero sobre todo llama la atención cómo, aprovechando la laxitud de la legislación local y apoyados en la Ley de Fomento Económico, se eludiera la licitación pública bajo el argumento de que es una asociación mixta de capital público y privado, y se haya adjudicado de manera directa al consorcio Odebrecht un proyecto de enormes dimensiones que implicará una inversión superior a los 7 mil 500 millones de pesos.
Por lo que se ve, el costo ambiental y la oposición de la ciudadanía es lo de menos ante el evidente beneficio económico.
Ya veremos el costo político. Ese es el quid de la cuestión.
[email protected]
Para este proyecto, el 1 de agosto del 2011 la empresa brasileña Odebrecht, presidida por Marcelo Bahía Odebrecht, corporativo líder en el negocio de ingeniería y el mayor de América Latina en su sector, dedicado desde hace más de 60 años a la construcción de edificios, hidroeléctricas, siderúrgicas, centrales nucleares, refinerías, complejos turísticos e inmobiliarios, entre otras grandes obras, presentó una propuesta al Gobierno del Estado de Veracruz para llevar a cabo una asociación público-privada para construir la presa.
Se acordó entonces establecer la sociedad Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, con una inversión total de 7 mil 500 millones de pesos, en la que el 72 por ciento sería de capital privado y el 28 por ciento correría por cuenta del gobierno veracruzano.
A finales de octubre del 2011 directivos de la empresa brasileña Odebrecht se reunieron con el gobernador Javier Duarte de Ochoa para anunciar la inversión millonaria que realizarán en Veracruz para la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI, una planta de etanol y la polémica presa. Inmediatamente se reunió el Consejo de Economía del Estado con el propósito de autorizar a los titulares de las secretarías de Desarrollo Económico y Portuario, de Finanzas y Planeación, y de Desarrollo Social para firmar el Acuerdo Preliminar entre Gobierno del Estado y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S. A. mediante el cual se instrumentaría el proyecto.
En marzo de 2013, con 32 votos a favor y 13 en contra, los legisladores veracruzanos autorizaron que el Ejecutivo estatal lleve a cabo el proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, a través del esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios. Esto a pesar de que especialistas en temas ambientales y habitantes de la región advirtieron que la construcción de la presa-hidroeléctrica traerá repercusiones ambientales irreversibles, el ecoturismo y el uso de recursos naturales se verían muy afectados por la disminución de agua en el afluente, además de señalar que la falta de fuentes de empleo, y por lo tanto la pobreza y la migración, serán las consecuencias directas que dejará el proyecto.
De acuerdo a la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) para cualquier persona con un mínimo de sentido común, resulta sorprendente que pueda faltar agua en una ciudad como Xalapa con una precipitación anual de 1, 800 mm, con manantiales que se derraman sobre las calles. El primer problema –argumentan- es sin duda la falta de planeación urbana que propicia la expansión de la ciudad, no tanto para cubrir necesidades reales de vivienda, sino para favorecer los intereses del gran capital inmobiliario. De acuerdo a este colectivo la única “racionalidad” que podría explicar que se busque traer agua desde lejos y bombearla desde los 500 hasta los 1400 metros sobre el nivel del mar, es la lógica del lucro. “En las obras de infraestructura se hacen grandes negocios”, señalan.
Con todo y las advertencias y oposición de los ambientalistas y pobladores de la zona, en agosto del año pasado la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó realizar el primer pago por un monto de 355 millones 795 mil pesos, para dar inicio a la construcción del proyecto, atendiendo al Acuerdo de Accionistas de fecha de 19 de abril de 2013, celebrado por Odebrecht Participaçiones e Investimentos S.A. y el Gobierno de Veracruz. En esa fecha los legisladores autorizaron también que la representación gubernamental en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, S.A.P.I. de C.V., se dé por conducto de la Secretaría de Finanzas en reemplazo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Desde el 2010 inició un movimiento en el municipio de Jalcomulco en oposición a la construcción de presas a lo largo de este río. Desde entonces han sido diversas las expresiones de rechazo que incluyen manifestaciones en el municipio, plantones en la Plaza Lerdo de Xalapa, marchas y movilizaciones que tuvieron su más reciente episodio con el bloqueo a la carretera Xalapa-Veracruz el pasado jueves 23 de enero.
Los inconformes argumentan que habrá afectaciones al 80 por ciento de los pobladores de la zona que dependen de las actividades relacionadas con el turismo y la acuacultura, y estiman que este proyecto inundaría a comunidades, “secaría” algunos tramos del cauce del río Jalcomulco que baña los cultivos de campesinos, da sustento alimentario y económico a pescadores y pobladores; y sostiene la principal actividad económica de la región: el ecoturismo.
La preocupación central de los opositores es la falta de información fidedigna sobre los permisos para ejecutar la obra, pese a que ya se encuentra en la zona maquinaria y personal de la empresa realizando trabajos, y que personeros de la misma presionan a pobladores y ejidatarios a vender sus terrenos. Afirman además que han acudido a instancias federales como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para conocer detalles del estudio de impacto ambiental y el proyecto de las presas, recibiendo evasivas de funcionarios de las dependencias.
Al respecto es importante destacar que durante los últimos 10 años el turismo en Jalcomulco creció en un 50 por ciento con visitantes nacionales y extranjeros, principalmente de Japón, China y Estados Unidos, lo que ha significado una derrama económica importante en la región. Durante esa década Jalcomulco atrajo la atención de inversionistas que construyeron cinco hoteles en el pueblo, donde además hay 15 campamentos que ofrecen como actividad principal el descenso de río, recorridos de montaña, ciclismo, cabalgata y otras actividades que se han hecho necesarias como la espeleología, el rappel y la tirolesa. Pero todo ello quedará en el recuerdo, pues las utilidades que dejará este gran negocio lo justifican, donde, como siempre, los mayores beneficiados serán los empresarios y los intereses particulares en juego.
Por ello resulta ingenuo pensar que servirán de algo los foros de análisis sobre aspectos técnicos, sociales, políticos y ambientales que implica la obra, acordados en el Congreso del Estado luego de reuniones en las que participaron autoridades estatales, federales, legisladores y habitantes de los municipios de Jalcomulco, Apazapan, Tlaltetela, Coatepec, Teocelo e Ixhuacán de los Reyes que se oponen a la construcción de la presa.
La comisión de funcionarios, encabezada por el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Nicolás Callejas Arroyo, que se reunió con los inconformes, luego de un largo bloqueo carretero, hizo hincapié en que los trabajos que se efectúan en la zona “no corresponden a la construcción de una presa, sino a análisis sobre la viabilidad técnica y ecológica”, y que se requiere todavía una serie de estudios especializados para obtener la autorización del Gobierno de la República.
Les dicen, en suma, que apenas se va a evaluar si procede la construcción de la presa, pero es más que evidente que todo está listo para su realización. Si existe un convenio suscrito entre el Gobierno del Estado y la empresa Odebrecht, asociados en el proyecto. Si ya la anterior Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó realizar un primer pago por más de 355 millones para ello, ¿Es creíble que se dará marcha atrás a la obra? Salvo que el gobierno federal diga otra cosa.
Lo que es un hecho es que no hay información confiable y de acceso público sobre este proyecto ni de los compromisos financieros, y a cuántos años, que asume el gobierno de Veracruz con esta asociación.
Pero sobre todo llama la atención cómo, aprovechando la laxitud de la legislación local y apoyados en la Ley de Fomento Económico, se eludiera la licitación pública bajo el argumento de que es una asociación mixta de capital público y privado, y se haya adjudicado de manera directa al consorcio Odebrecht un proyecto de enormes dimensiones que implicará una inversión superior a los 7 mil 500 millones de pesos.
Por lo que se ve, el costo ambiental y la oposición de la ciudadanía es lo de menos ante el evidente beneficio económico.
Ya veremos el costo político. Ese es el quid de la cuestión.
[email protected]