El problema de algunos políticos mexicanos es no saber distinguir entre su función pública y su función política partidista, de repente Javier Duarte de Ochoa se enfundó su camiseta tricolor y pensó en voz alta su deseo de declarar “persona non grata” en Veracruz a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo del gobierno federal y aspirante panista a la presidencia de la República. Le fallaron los asesores políticos a Duarte porque no le corresponde a él como jefe del ejecutivo andar de busca bullas con funcionarios federales ni líderes partidistas, en todo caso se hubiera aventado al ruedo el dirigente estatal del PRI, Héctor Yunes Landa, a quien sí le corresponde defender plaza para el tricolor.

 

Javier Duarte cometió un grave error al enfrentar así a Lozano Alarcón, a quien no hace falta hacer explícito que resulta persona non grata para millones de trabajadores mexicanos electricistas, mineros, maestros, empleados en retiro, en tercera edad y ahora hasta para los universitarios a quienes tacha de analfabetas funcionales que no leen o no comprenden lo que leen respecto de las bondades de la Reforma Laboral que impulsan PAN, PRI y CTM.

 

Duarte no debe olvidar que es gobernador y, por tanto, principal anfitrión de un estado al que son libres de visitar y hacer proselitismo personas y políticos de diversas ideologías; segundo, que su partido y el PAN están unidos en el esfuerzo por sacar adelante esta reforma lesiva para los trabajadores pero necesaria para los empresarios a los quienes sirven ambos partidos y; tercero, que mientras Lozano y cualesquier otro funcionario del nivel y partido que sea realice proselitismo fuera de su horario de trabajo (fue en fin de semana) no hay problema. Ahora que, si como afirma Duarte, disponen del erario público para estos viajes proselitistas habrá que interponer oportuna denuncia pero, insisto, ese papelito le corresponde a Héctor Yunes no al gobernador.

 

En fin, por lo pronto, quien sí distingue entre su militancia partidista y su compromiso con los trabajadores es el diputado del PRI, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) y del Fesapauv, Enrique Levet Gorozpe, quien con un poco de retraso este primero de abril hizo publicar los acuerdos de la Contu de fecha 25 de marzo, cuando puntualizó que 250 mil trabajadores universitarios de los 86 sindicatos miembros de la Contu rechazan la Reforma Laboral porque no fue consensuada con las bases de trabajadores y organizaciones sindicales (aunque Lozano insiste que sí se consensó con legisladores del PRI, PAN y el dirigente de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe), violenta la autonomía sindical vía la intervención en las revisiones contractuales, reduce a un año el pago de salarios caídos por conflicto laboral, flexibiliza las relaciones laborales y facilita el uso intensivo de la fuerza de trabajo, promueve la subcontratación y la inestabilidad laboral, lesiona el derecho a estabilidad en el trabajo y en los hechos reforma artículos de la legislación laboral.

 

Con seguridad, más que el rechazo a la Reforma Laboral lo que molestó a Lozano y a Calderón fue que los universitarios subrayan que “las acciones del gobierno federal no están resolviendo el alarmante problema de inseguridad que se vive en el país” y marcan su “desacuerdo con las políticas y estrategias implementadas” por Felipe Calderón.