31 de agosto de 2012
alcalorpolitico.com
El debate público sobre una decisión gubernamental es sano y sobre todo en un contexto de una frágil democracia como la veracruzana que delimita o pone a prueba a un gobierno que decide no continuar posponiendo sus decisiones.
Escribir sobre las pensiones lo puede hacer cualquiera como ya lo vimos en estos últimos días pero reflexionar sobre ellas pocos, leímos sobre el análisis del discurso del gobernador o del director del lPE, o el “cliché” sobre lo que fue el instituto en gobiernos anteriores: la “caja chica”, hasta la mayor ocurrencia como fue la del diputado Callejas Briones, quien en su función como diputado local le aprobó las cuentas públicas al fidelato y no dijo absolutamente nada sobre el tema, ya que es muy fácil hacer una denuncia mediática sin pruebas y sin asistir a la instancia correspondiente para denunciar, además cuando ya no está en funciones el exgobernador, así es demasiado fácil hacer un posicionamiento crítico sobre el pasado, porque pocas veces se tiene la valentía de hacer una crítica en el presente.
Por otra parte, están los jubilados identificados con la izquierda partidaria que plantean una refundación del instituto pero mantienen un perfil neoconservador, lo que en nada se parece a lo que hizo el gobierno de coalición en Oaxaca, quienes pragmáticamente se plantearon derrotar al PRI con un programa de gobierno definido, el cual incluía la modificación al sistema de pensiones, veamos lo que pasó en esa entidad federativa.
En enero de este año se aprobó la siguiente reforma: las contribuciones totales son de 27%, la edad mínima de jubilación en varones de 65 años y 33 de servicio, y mujeres 63 años y 31 de servicio, además de una contribución de los jubilados del 9% de su pensión. Se constituyó un Fondo de Pensiones, además la reforma establece con carácter obligatorio los siguientes seguros y prestaciones: 1.- el sistema de pensiones para: jubilación, vejez, inhabilitación por riesgos de trabajo, invalidez por causas ajenas al servicio, muerte del trabajador por riesgo de trabajo, muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, muerte de los jubilados o pensionados; 2.- gastos de defunción por fallecimiento de un trabajador, del jubilado o pensionado; 3.- préstamos quirografarios; 4.- préstamos hipotecarios, entre otras fuentes de financiamiento se encuentran: a) aportaciones a cargo del gobierno del estado, equivalentes al 18.5% del sueldo de los trabajadores y el 18.5% de las pensiones de jubilados y pensionados; b) cuotas a cargo de los trabajadores, equivalentes al 9% de su sueldo base; c) cuotas de los jubilados, equivalente al 9% de su pensión; d) cuotas de los pensionados, equivalentes al 9% de su pensión, y e) las aportaciones extraordinarias que para estos casos fije en sus presupuestos el gobierno del estado.
Es importante mencionar que el tema de las pensiones será la próxima crisis del gobierno federal, ya que existen más de 105 sistemas de pensiones en el país y 4.1 millones de pensionados, esto como producto de los gobiernos del PRI y de la ineficacia gubernamental panista, cuando sólo debería existir un solo sistema de pensiones; inclusive es pertinente mencionar que la mayoría de esos sistemas no tienen fondos.
Los especialistas en el tema consideran que el compromiso de pagar las pensiones públicas podría representar un pasivo actuarial del 104% del PIB de 2010, esto es producto de que el país no se preparó en los últimos 30 años para el cambio demográfico, se reaccionó de manera muy lenta en 1995 con la reforma al IMSS y en 2007 con la reforma a la Ley del ISSSTE, la cual conozco porque la aprobé siendo diputado federal.
Actualmente en el plano nacional existe un choque entre el crecimiento de las pensiones públicas con respecto a la capacidad fiscal del Estado mexicano, por lo tanto la crisis que seguramente se producirá en el sexenio 2012-2018, la cual se podría dar por incumplimiento en el pago de las pensiones- dicho sea de paso-, así empezó parte de la crisis en Grecia, por eso es importante abrir este debate, entre los trabajadores, sindicatos, partidos políticos y el gobierno federal, ya que hoy en día observamos a los nuevos jubilados de 50 años, y que posiblemente tendrán como mínimo cotizando 25 años más, porque la esperanza de vida actualmente es de 80 años; a diferencia de lo que pasó en los años 50 del siglo pasado donde la esperanza de vida del mexicano era de 57 años, allí el Estado absorbía pocos años de esa jubilación y/o pensión, hoy esos nuevos jubilados y/o pensionados se convierten en una carga fiscal para el Estado y para cualquier ciudadano que paga impuestos directos, los cuales se van a financiar pensiones y otros rubros.
En el caso de Veracruz, el IPE cuenta con 23,289 pensionados y están contabilizados 94,428 trabajadores activos, esto de acuerdo a su portal: http://www.ipever.gob.mx/informacion-institucional/; por otra parte, el diagnóstico estatal lo proporcionó la Consultoría “a-regional”, hace algunos meses, dando la siguiente información: se necesitan las cuotas y aportaciones de aproximadamente 7 trabajadores para cubrir el gasto de un pensionado, y cuyo déficit era de 59 millones en 2009 y en 2011 era de 653 millones de pesos, donde probablemente en este año ascendió a los 1,000 millones de pesos, lo que significará que requerirá aportaciones extraordinarias en un contexto de alto endeudamiento estatal. Por lo tanto, las pensiones en Veracruz se encuentran en una situación grave, y que necesita una reforma paramétrica (incrementar los años de cotización, aumentar la edad de retiro, establecer un salario regulador, fijar límites a las pensiones directas e indirectas, indexar el aumento de las pensiones al INPC, estimular la permanencia en el empleo).
Dado lo anterior, Veracruz requiere una reforma de largo alcance, puesto que las realizadas en 1996 y 2007 son insuficientes para atender a los ya existentes jubilados y pensionados, y a los próximos 23,500 que se sumarán en los próximos 5 años.
Finalmente y sólo por compararnos con otros sistemas de pensiones estatales, sólo por citar a algunos: Aguascalientes esta fondeado para los próximos 100 años, Guanajuato hasta el 2039; Sonora, hasta 2037, y Campeche, hasta 2034. Por lo tanto, se tiene que debatir sobre el tema en Veracruz para evitar esta crisis que impactará severamente en las finanzas estatales.
Escribir sobre las pensiones lo puede hacer cualquiera como ya lo vimos en estos últimos días pero reflexionar sobre ellas pocos, leímos sobre el análisis del discurso del gobernador o del director del lPE, o el “cliché” sobre lo que fue el instituto en gobiernos anteriores: la “caja chica”, hasta la mayor ocurrencia como fue la del diputado Callejas Briones, quien en su función como diputado local le aprobó las cuentas públicas al fidelato y no dijo absolutamente nada sobre el tema, ya que es muy fácil hacer una denuncia mediática sin pruebas y sin asistir a la instancia correspondiente para denunciar, además cuando ya no está en funciones el exgobernador, así es demasiado fácil hacer un posicionamiento crítico sobre el pasado, porque pocas veces se tiene la valentía de hacer una crítica en el presente.
Por otra parte, están los jubilados identificados con la izquierda partidaria que plantean una refundación del instituto pero mantienen un perfil neoconservador, lo que en nada se parece a lo que hizo el gobierno de coalición en Oaxaca, quienes pragmáticamente se plantearon derrotar al PRI con un programa de gobierno definido, el cual incluía la modificación al sistema de pensiones, veamos lo que pasó en esa entidad federativa.
En enero de este año se aprobó la siguiente reforma: las contribuciones totales son de 27%, la edad mínima de jubilación en varones de 65 años y 33 de servicio, y mujeres 63 años y 31 de servicio, además de una contribución de los jubilados del 9% de su pensión. Se constituyó un Fondo de Pensiones, además la reforma establece con carácter obligatorio los siguientes seguros y prestaciones: 1.- el sistema de pensiones para: jubilación, vejez, inhabilitación por riesgos de trabajo, invalidez por causas ajenas al servicio, muerte del trabajador por riesgo de trabajo, muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, muerte de los jubilados o pensionados; 2.- gastos de defunción por fallecimiento de un trabajador, del jubilado o pensionado; 3.- préstamos quirografarios; 4.- préstamos hipotecarios, entre otras fuentes de financiamiento se encuentran: a) aportaciones a cargo del gobierno del estado, equivalentes al 18.5% del sueldo de los trabajadores y el 18.5% de las pensiones de jubilados y pensionados; b) cuotas a cargo de los trabajadores, equivalentes al 9% de su sueldo base; c) cuotas de los jubilados, equivalente al 9% de su pensión; d) cuotas de los pensionados, equivalentes al 9% de su pensión, y e) las aportaciones extraordinarias que para estos casos fije en sus presupuestos el gobierno del estado.
Es importante mencionar que el tema de las pensiones será la próxima crisis del gobierno federal, ya que existen más de 105 sistemas de pensiones en el país y 4.1 millones de pensionados, esto como producto de los gobiernos del PRI y de la ineficacia gubernamental panista, cuando sólo debería existir un solo sistema de pensiones; inclusive es pertinente mencionar que la mayoría de esos sistemas no tienen fondos.
Los especialistas en el tema consideran que el compromiso de pagar las pensiones públicas podría representar un pasivo actuarial del 104% del PIB de 2010, esto es producto de que el país no se preparó en los últimos 30 años para el cambio demográfico, se reaccionó de manera muy lenta en 1995 con la reforma al IMSS y en 2007 con la reforma a la Ley del ISSSTE, la cual conozco porque la aprobé siendo diputado federal.
Actualmente en el plano nacional existe un choque entre el crecimiento de las pensiones públicas con respecto a la capacidad fiscal del Estado mexicano, por lo tanto la crisis que seguramente se producirá en el sexenio 2012-2018, la cual se podría dar por incumplimiento en el pago de las pensiones- dicho sea de paso-, así empezó parte de la crisis en Grecia, por eso es importante abrir este debate, entre los trabajadores, sindicatos, partidos políticos y el gobierno federal, ya que hoy en día observamos a los nuevos jubilados de 50 años, y que posiblemente tendrán como mínimo cotizando 25 años más, porque la esperanza de vida actualmente es de 80 años; a diferencia de lo que pasó en los años 50 del siglo pasado donde la esperanza de vida del mexicano era de 57 años, allí el Estado absorbía pocos años de esa jubilación y/o pensión, hoy esos nuevos jubilados y/o pensionados se convierten en una carga fiscal para el Estado y para cualquier ciudadano que paga impuestos directos, los cuales se van a financiar pensiones y otros rubros.
En el caso de Veracruz, el IPE cuenta con 23,289 pensionados y están contabilizados 94,428 trabajadores activos, esto de acuerdo a su portal: http://www.ipever.gob.mx/informacion-institucional/; por otra parte, el diagnóstico estatal lo proporcionó la Consultoría “a-regional”, hace algunos meses, dando la siguiente información: se necesitan las cuotas y aportaciones de aproximadamente 7 trabajadores para cubrir el gasto de un pensionado, y cuyo déficit era de 59 millones en 2009 y en 2011 era de 653 millones de pesos, donde probablemente en este año ascendió a los 1,000 millones de pesos, lo que significará que requerirá aportaciones extraordinarias en un contexto de alto endeudamiento estatal. Por lo tanto, las pensiones en Veracruz se encuentran en una situación grave, y que necesita una reforma paramétrica (incrementar los años de cotización, aumentar la edad de retiro, establecer un salario regulador, fijar límites a las pensiones directas e indirectas, indexar el aumento de las pensiones al INPC, estimular la permanencia en el empleo).
Dado lo anterior, Veracruz requiere una reforma de largo alcance, puesto que las realizadas en 1996 y 2007 son insuficientes para atender a los ya existentes jubilados y pensionados, y a los próximos 23,500 que se sumarán en los próximos 5 años.
Finalmente y sólo por compararnos con otros sistemas de pensiones estatales, sólo por citar a algunos: Aguascalientes esta fondeado para los próximos 100 años, Guanajuato hasta el 2039; Sonora, hasta 2037, y Campeche, hasta 2034. Por lo tanto, se tiene que debatir sobre el tema en Veracruz para evitar esta crisis que impactará severamente en las finanzas estatales.