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Sección: Estado de Veracruz

¿Construir o cancelar? Incierto futuro de las Ciudades Judiciales de Veracruz

- Meses atrás se buscaban cancelar estos contratos; ahora “se evalúan”

- Se requiere decisión bien pensada y objetiva, dice nueva Presidenta del Poder

- Proyecto millonario por 12 ciudades ha causado problemas financieros

Lissette Hernández Orizaba, Ver. 08/01/2023

alcalorpolitico.com


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La construcción o cancelación de los contratos de la edificación de Ciudades Judiciales en Veracruz es un tema no definido, pues la decisión aún no se ha tomado debido a que aún sigue el proceso entrega-recepción, reconoció la presidenta del Tribunal Superior de Justicia el Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

"El tema de las ciudades judiciales se está evaluando, tiene que ser una decisión bien pensada y objetiva, pero debo terminar la entrega-recepción para poder tomar una decisión", dijo.

Añadió que la determinación no será de manera personal, sino del Pleno del Consejo de la Judicatura y del Tribunal.

Sobre si cancelar los contratos provocaría una penalización que el Poder Judicial tendría que pagar, comentó no saber qué sucedería.

"No le puedo decir precisamente, por eso le digo que estamos haciendo una evaluación muy objetiva y por eso no podría precisar la información".

Cabe recordar que desde octubre del año pasado la pasada magistrada presidenta, Inés Romero Cruz, informó que contemplaban cancelar la construcción de 12 ciudades judiciales en el Estado ante las complicaciones financieras que implicarían.

Esto lo confirmó la directora de Administración del Poder, Joana Marlén Bautista, quien explicó que buscaba la cancelación de contratos “en términos amistosos con las empresas sin llegar a una denuncia”.

De 20 ciudades que se contemplaban, quedaron en el limbo los proyectos para Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.

Fue durante la presidencia de Edel Álvarez Peña, cuando el Poder Judicial del Estado se comprometió a pagar casi 6 mil millones de pesos por la construcción de 20 ciudades judiciales, comprometiendo recursos del Poder Judicial durante más de dos décadas, lo que ha generado una crisis financiera que ha tenido que ser enfrentada con medidas de austeridad.