Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (III)

La polarización social en México no es un problema nuevo, existe desde tiempos históricos. En buena medida por el desprecio y mal trato de miembros de las clases sociales privilegiadas hacia los demás. En el nivel interpersonal se observa en el trato prepotente y la descortesía hacia el personal de servicio y la gente humilde; en el nivel empresarial se evidencia por el descuido y los salarios indignos a la clase trabajadora y, en el nivel gubernamental por la indiferencia e ineficacia de sus políticas para abatir la marginación social. Es evidente que la salud de la nación depende del bienestar de todos los mexicanos; y ese fue uno de los argumentos más contundentes en el discurso inicial del actual régimen. Sin embargo, en lugar de recurrir a la concordia y a una amplia convocatoria social para transformar colectivamente nuestra realidad nacional, se ha recurrido al discurso político de la revancha, agudizando la polarización de “los de abajo contra los de arriba”, sin distinción alguna. Se ha usado el entendible resentimiento social del sector de la población menos favorecida como estrategia política deliberada, fomentando entre otras cosas, el desprecio por el talento y la discriminación social que ahora se basa en la apariencia “fifí” de las personas y su ocupación laboral o nivel económico.

Ese mismo trato discriminatorio se ha enfocado hacia los organismos autónomos, incluyendo a los centros de investigación, iniciativas culturales y universidades públicas que practican la pluralidad de ideas, por su supuesto “conservadurismo”. Igual sucede con el discurso político que ridiculiza el “aspiracionismo de las clases medias” que no es otra cosa más que la fuerza individual y social que debe enaltecerse con mayor cultura, conocimiento y organización en toda la sociedad para promover la movilidad y la mejora de las condiciones de vida colectiva. Pareciera que el conformismo y la mediocridad se conciben como la fórmula ideal para México y que todo lo que conlleva la búsqueda de la excelencia, en cualquier labor humana, es reflejo de una ideología “neoliberal”.

El gran dilema de este enfoque es: ¿cómo lograr una auténtica transformación de México, sin mejorar las condiciones que realmente van a permitir el empoderamiento de la gente para que “aspiren y sean capaces” de construir un destino más digno y promisorio? No cabe duda, aquí lo más importante parece que es mantener una base popular de votos, alimentados por el resentimiento y los programas sociales, aunque sea una estrategia fallida para impulsar su superación. Tal estrategia inhibe la pasión, el potencial y la persistencia individual requeridos para prosperar. Es la trágica imagen del gobierno paternalista que no cree en la autoeficacia progresiva de sus “protegidos”, sólo en el beneficio de sus votos.



Por otra parte, qué equivocada ha sido la decisión de repartir dinero obtenido de recortes en los sueldos competitivos de los servidores públicos frente a los del sector privado, y en programas vitales como el de la educación (que se dejó en manos de sindicalistas beligerantes que han estado en todo, menos en el salón de clases), la salud (donde se desmanteló el programa Salud Popular, a cambio de nada), la alimentación (cuyo programa estelar Segalmex fue objeto de una escandalosa corrupción que aún no se castiga), la promoción del empleo (donde se decidió no apoyar a las miles de pequeñas empresas que debieron cerrar después del Covid 19), la infraestructura y la seguridad pública (áreas descuidadas que son claves para la calidad de vida comunitaria, la organización social y la promoción de inversiones productivas).

Sin duda que los programas sociales compensatorios tienen un fin loable, el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, a jóvenes que estudian o buscan un empleo digno, a campesinos que necesitan lograr una mayor productividad y mejores precios por sus productos, etc. Sin embargo, su operación opaca; su disfraz electorero; el que no haya una exigencia de resultados a los estudiantes becados ni a los jóvenes que “construyen su futuro”; que no existan reportes fidedignos, convincentes, sobre el manejo del dinero público y los resultados obtenidos; ni un catálogo transparente de beneficiarios identificables por su nombre, apellido, dirección y cédula de identidad, genera grandes dudas sobre su manejo.

En el tema de la seguridad pública ha resultado funesto el lema de “Abrazos no balazos”, pensado para el aplauso de las tribunas, sin consideración alguna a sus consecuencias reales en la vida cotidiana, donde la violencia avanza de manera incontrolable. Claro que todos, o mejor dicho casi todos, preferimos la paz a la violencia y la concordia en lugar de la confrontación; pero el punto clave son las acciones pertinentes (gestión pública) para que eso se haga realidad en todos los rincones del país. Y son varios los factores a considerar y extinguir: el mercado de las drogas y sus flujos de dinero, el traspaso ilegal de armas, los lugares de producción y sus rutas de traslado, las distintas áreas de negocio ilegal de la delincuencia y su colusión con las autoridades locales, regionales y federales, incluidos miembros del Ejército.



Por ello, es urgente desechar el enfoque y la consecuente gestión pública que conlleva el lema de “Abrazos no balazos” para las autoridades de todos los niveles que se ven sometidas a la presión de la delincuencia. ¿Es acaso un permiso oficial implícito para “llevar la fiesta en paz” y permitir que continúen con sus operaciones delictivas? ¿Se trata de permitir acuerdos entre ambas partes para beneficios recíprocos? ¿Dichos arreglos devienen en fuentes de financiamiento complementario para las campañas políticas? Este último tema es un asunto de indagación seria que ocupa la atención de agencias que están decididas a hacer pública la información y evidencias acumuladas al respecto.

Otra parte de la estrategia de polarización social es la que se ha ideado para reducir y simplificar la complejidad y diversidad mexicana en dos bandos, los conservadores (o neoliberales) y los liberales. Las evidencias muestran que esto se ha usado para asegurar la lealtad irrestricta a toda decisión presidencial. Los legisladores oficiales asumen sumisos las iniciativas del Poder Ejecutivo sin cambiarles una coma; si alguno de ellos se opone es acusado de conservador y “traidor a la nación”. Los funcionarios que no coinciden con las decisiones del Ejecutivo son relevados con las mismas consignas. Los empresarios, o asumen las decisiones presidenciales unipersonales o salen del paraíso y enfrentan extorsiones. Ya no importa que el gobierno se distinga como “progresista”, por su enfoque ideológico liberal, dado que muchas de sus decisiones caen en el campo del “conservadurismo radical”: el autoritarismo extorsionador, la militarización de la vida nacional y el desdén por la salud y la educación pública, así como por una cultura inspiradora y vivificante para las clases populares. Ahora los programas educativos y culturales incluyen contenidos que alientan el resentimiento social y el “victimismo”; en lugar del empoderamiento individual que permita a la gente generar condiciones para adueñarse de su propio destino a partir del conocimiento y el cultivo de la autoestima, la autoeficacia, los valores y la solidaridad social.

En cuanto a la capacidad nacional de gestión pública, ésta ha sido desmantelada con la disminución de su presupuesto de inversión y operación, incluyendo la reducción de salarios de los servidores públicos. Esto ha llevado al éxodo del personal talentoso hacia fuentes de empleo mejor remuneradas y al reemplazo del personal competente por “miembros del movimiento político” cuya encomienda se concentra en la promoción electoral. Son muchas las evidencias de que los servidores públicos son forzados, bajo la amenaza de ser despedidos, a participar en mítines y pintas a favor del partido oficial, incluso para dirigirse a otras ciudades donde tienen que cubrir con recursos personales sus gastos de traslado y viáticos.



El descuido de la infraestructura física, equipamiento y capacitación del personal a cargo de los servicios públicos ha resultado lamentable; las condiciones de abandono en las que se encuentran nuestras oficinas públicas parecen remontarnos a los años sesenta. No es extraño observar que esos espacios son utilizados por “personal de confianza” para vender alimentos chatarra como una fuente de ingreso adicional. Tampoco lo es, el mal trato que ofrecen a los más necesitados, lo que no es congruente con el lema de “primero los pobres”. A ello se agregan los largos tiempos de espera para ser remitidos a sospechosos negocios particulares cercanos para sacar fotocopias o comprar “implementos necesarios” para poder continuar su trámite. En algunas clínicas se llegan a alquilar las almohadas a los pacientes o a venderles los insumos básicos de curación y las medicinas de atención primaria. Esto no es más que resultado del desinterés de las autoridades actuales por la operación y supervisión de la calidad de los servicios para las clases populares y por la ineficacia de la gestión pública, lo que no es congruente con un gobierno que se autocalifica como “humanista”.


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Artículos de esta serie:
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (XII)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (XI)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (X)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (IX)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (VIII)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (VII)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (VI)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (V)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (IV)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (III)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (II)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (I)