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Sección: Estado de Veracruz

Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (VI)

- El balance de AMLO será: o asegura el sufragio efectivo o se desploma con una elección de estado

- Para lo primero, debe corregir su discurso proselitista y su imposición sobre los otros poderes y los órganos autónomos

- De suceder lo segundo, heredará un gobierno ilegítimo, inestabilidad social y grave regresión democrática

Vctor A. Arredondo 01/02/2024

alcalorpolitico.com

Desde la concepción del partido oficial y de su denominación de origen (MORENA), quedó claro cuál sería su foco de interés y la principal base electoral que buscaría. También se sabía que llevaba consigo un mensaje subliminal muy atractivo para el pueblo mexicano, la Virgen de Guadalupe. Quizás, dado que ese mensaje no era explícito, condujo a que no fueran aplicables las leyes electorales que prohíben las alusiones religiosas en el proselitismo partidista. Ese “sutil detalle de mercadotecnia política”, más el entendible hartazgo ciudadano hacia partidos políticos y gobiernos, el discurso lopezobradorista contra la “mafia del poder”, su perfil de “luchador social” y sus esperanzadoras promesas de abatir la corrupción, la impunidad y la marginación social, lo llevaron a la presidencia. Detrás de esa decisión mayoritaria estuvo el sufragio efectivo y el reconocimiento formal de su aplastante triunfo por parte del árbitro electoral, el INE. Estábamos en el umbral nacional para dar pasos firmes en materia de justicia social, crecimiento equilibrado de la economía y mayor armonía comunitaria. Tres años después, en las elecciones intermedias, y frente a los bajos resultados y errores de su gobierno, el partido oficial ya había perdido un segmento significativo de su base electoral ganada en las elecciones presidenciales.



No se puede decir que AMLO no había recibido señales sobre la disminución de su convocatoria social por la reducida participación ciudadana en sus ocurrentes “consultas populares” sobre temas cuyos “asesores” no lograron convencerlo de su naturaleza disfuncional: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el enjuiciamiento a los expresidentes y la “revocación-ratificación” del mandato presidencial. Su primer error como gobernante fue que no recurrió a una convocatoria nacional abierta a toda la población para apoyar su agenda a favor de una mayor justicia y bienestar social. El segundo error pudo haber consistido en que no supo distinguir entre su etapa de candidato en campaña electoral y el ejercicio cotidiano de un buen gobierno que necesita gente preparada, profesional, con experiencia probada y pasión por el servicio público. Fue quedando evidente que privilegiaba la lealtad a sus “posturas ideológicas” o el culto a su persona, en la selección de sus colaboradores para los distintos puestos de gobierno, en lugar de su talento y capacidad de desempeño. También fue obvio su desdén por asegurar condiciones óptimas en la prestación del servicio público (sueldos competitivos, recursos humanos calificados, infraestructura moderna y calidad de gestión), lo que perjudicó los resultados de gobierno y provocó mayores costos en el consumo básico de la población. Salvo honrosas excepciones, las dependencias públicas perdieron eficacia, eficiencia, transparencia y un buen trato hacia la ciudadanía. Los ya de por sí engorrosos trámites burocráticos, que todos conocemos desde hace tiempo, se volvieron más lentos e inoperantes, afectando más a los que menos tienen.

A cambio de la baja capacidad ejecutiva presidencial, los mexicanos solemos recurrir a justificaciones como: “no logró lo que se propuso, pero tuvo buenas intenciones”. El caso más emblemático fue el de Vicente Fox, quien creó grandes expectativas al “sacar al PRI de los Pinos”; pero que no supo construir un equipo de colaboradores que entregara los resultados esperados de la primera transición democrática federal. De Fox en adelante, el poder ejecutivo se ha alimentado de activistas del partido oficial en turno, en lugar de consolidar el “servicio público de carrera”. Si bien cada gobierno tiene su propia visión, prioridades y estrategia, necesita instrumentos ejecutivos que hagan factible la conversión de políticas en resultados. Y para ello, la administración pública requiere profesionales experimentados, con la necesaria probidad y capacidad demostrada.

Otro asunto de fondo, que se debe superar, es el relativo a los proyectos de largo aliento que implican muchos años para su consolidación, independientemente del grupo político en el poder. Para un país al que le urge dinero y gestión pública eficaz para abatir la marginación social, es inadmisible que sexenio tras sexenio se tiren recursos públicos a la basura, al abandonar enormes inversiones que fueron iniciadas en gobiernos anteriores. Esa reprobable torpeza viene ocurriendo, prácticamente, desde la fundación del México independiente: urgen acuerdos nacionales, legislaciones y la consecuente aplicación de consecuencias severas para desaparecer esa práctica de la administración pública nacional. Si los proyectos de mayor impacto social se consolidan de manera acumulada a lo largo de los años, debe haber un compromiso ineludible para continuarlos y consolidarlos, independientemente de los calendarios sexenales. He ahí una de las principales preocupaciones de cada administración sexenal; zozobra que evidentemente debe sufrir también el actual gobierno.



Proyectos como el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, el Corredor Transístmico o la Refinería de Dos Bocas, deberán ser objeto de consolidación, reingeniería o perfeccionamiento con el apoyo de iniciativas colaterales que acrecienten su “sustentabilidad integral”. Eso mismo será necesario hacer para otros proyectos pendientes de administraciones anteriores, independientemente del “color político” de los futuros gobiernos. Hay que ser claros, no es suficiente con elevar a rango constitucional la permanencia de iniciativas presidenciales, como ha sido el caso de los actuales programas sociales (asistenciales), pues ya hemos atestiguado que es factible ignorar o modificar la Constitución a modo.

Entonces, nos enfrentamos a una gran interrogante: ¿será factible que AMLO concentre su esfuerzo en alcanzar un gran acuerdo nacional sobre los puntos anteriores, entre otros, en lugar de dedicar tiempo y recursos públicos para asegurar la presidencia de su candidata?. Desde luego, hay una enorme diferencia entre ambas opciones, o culmina su gobierno dejando en manos del electorado el sufragio efectivo, sea el resultado electoral que fuere; o pasa a la historia de México como un presidente autoritario que impidió el trabajo autónomo de los órganos ciudadanos encargados de las elecciones y del acceso a la información pública, que sometió a los otros dos poderes de la Unión, junto con las soberanías estatales, y que se dedicó a imponer una “elección de estado”.

El actual presidente sabe bien que la sociedad mexicana ya no es manipulable como en los tiempos del monopolio partidista; también sabe que, desde la presidencia de Carlos Salinas, ningún mandatario ha logrado que el voto popular se incline por su “candidato oficial de origen”. Ante ello, AMLO deberá ser muy prudente y pensar en el juicio histórico al que se someterá si obstaculiza el sufragio efectivo, usando ilegalmente el poder y el gasto público con el fin de forzar la balanza electoral a favor de su partido, controlando al árbitro electoral federal y al de las entidades federativas. Tales hechos conllevarían a regresar a los tiempos del gobierno autoritario que los jóvenes estudiantes y libres pensadores de la generación de 1968 combatimos en las calles.



Entonces, se trata de defender la democracia, la que se sustenta en el auténtico voto mayoritario de la ciudadanía. Aunque siempre quedará la interrogante sobre la elección de 2006, donde se alegó fraude electoral; lo que, si quedó claro, es que buena parte de la ciudadanía asumió la decisión del árbitro electoral ciudadano; de la misma manera que en el 2018 aceptó la contundente victoria del actual líder del partido en el poder. ¿Por qué 18 años después de aquella votación, el presidente hace manifiesta su intención de eliminar al actual INE, que hace cinco años le concedió amplios resultados electorales a su favor? ¿Acaso desea regresar la organización del proceso electoral, la contabilidad de votos y la ratificación de resultados a las mismas oficinas que, en 1988, avalaron el triunfo de Carlos Salinas sobre Cuauhtémoc Cárdenas?

Los últimos meses de este gobierno estarán bajo la lupa del escrutinio público de la historia, tanto en el país como en el extranjero. Ello se debe a la importancia estratégica de México ante el mundo. El gran dilema es si el gobierno y la ciudadanía pueden transitar conjuntamente en la consolidación democrática y plural del país, o si los ciudadanos tendremos que enfrentar la intención del gobierno de invalidar el sufragio efectivo y de regresar a un sistema político autoritario. De ese tamaño es la responsabilidad del actual gobierno y de la sociedad; ni más ni menos. Un asunto relacionado con esto y que llama la atención es: ¿por qué la insistencia del poder ejecutivo federal en desaparecer los organismos autónomos, si no cuenta con el respaldo requerido en el poder legislativo para lograrlo? ¿Se trata de aminorar la legitimidad social y autoridad moral de esos órganos, ante la decisión ya tomada de infringir la ley electoral, la del derecho ciudadano al acceso a la información o la concerniente a la responsabilidad gubernamental por la rendición de cuentas públicas? Seguramente estos temas estarán en la agenda de los observadores nacionales e internacionales que, por ley, deben participar a lo largo del proceso que habremos de construir y protagonizar los ciudadanos, y más, a partir de ahora.


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Artículos de esta serie:
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (XII)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (XI)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (X)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (IX)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (VIII)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (VII)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (VI)
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Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (II)
Discurso Político, Gestión Pública y Resultados Gubernamentales: Dilemas y Contradicciones (I)