Reforma electoral. Yo tengo otros datos

En la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, suscrita por el Diputado federal por el principio de representación proporcional, Sergio Gutiérrez Luna, se plantea la “necesidad” de desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), encargados de organizar las elecciones locales (gubernatura, diputaciones locales y ediles de los ayuntamientos) en cada una de las 32 entidades federativas, bajo el argumento de que dichas instituciones no justifican su razón de ser; pues a su juicio, hacen lo mismo que el Instituto Nacional Electoral (INE).

La iniciativa está construida bajo el paradigma de “austeridad electoral” –que se pretende insertar en el texto constitucional como uno de los principios rectores de la función electoral- y considera que mantener en funcionamiento 32 OPLES que “no realizan actividades sustanciales” no encuentra justificación alguna y significa el dispendio de recursos públicos.

Para ilustrar su planteamiento, en la exposición de motivos se presentan –como es de rigor en este tipo de documentos- cifras que “justifican” la desaparición de los OPLES, pues, según se lee, desaparecer a los organismos locales traerá como consecuencia un ahorro anual de poco más de once mil seiscientos millones de pesos[1].



Sin embargo, las cifras de gasto que se presentan en la exposición de motivos con respecto al INE y los 32 OPLES del país son erróneas, pues en el “análisis financiero”, si se le puede llamar así por su escaso valor metodológico, se consigna como monto total de gasto ejercido por los organismos electorales (nacional y locales) el monto del presupuesto que para cada ejercicio fiscal, fue autorizado por la Cámara de Diputados en el caso del INE y por los congresos locales en el caso de los 32 OPLES del País; sin embargo, el presupuesto que se autorizó a los citados órganos electorales no constituye el gasto que en realidad ejercen, pues dentro del mismo se integra el financiamiento público que en el ámbito federal y local se otorga a los partidos políticos.

Por tanto, en este ejercicio 2019, si bien es cierto al INE se aprobó un presupuesto anual de $15,363,037,745 (quince mil, trescientos sesenta y tres mil millones, treinta y siete mil, setecientos cuarenta y cinco pesos), de esa cifra, $4,965,828,351 (cuatro mil, novecientos cuarenta y cinco millones, ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos) corresponden al financiamiento público de los partidos políticos, de donde resulta, que el gasto que en realidad ejercerá el INE en este año es de $10,397,209,394 (diez mil trescientos noventa y siete millones, doscientos nueve mil trescientos noventa y cuatro pesos), esto es, casi 5 mil millones menos que los que, por error o deliberadamente, reporta la exposición de motivos.

Lo mismo acontece en el caso de los 32 OPLES del país, pues en la exposición de motivos se consigna que en 2019 ejercerán en su conjunto un gasto de $9,272,293,777.57 (nueve mil doscientos setenta y dos millones de pesos, doscientos noventa y tres mil, setecientos setenta y siete pesos 57/100 M.N.) sin embargo, dicha cifra, si bien se aproxima al presupuesto que les fue autorizado para este ejercicio 2019, de igual manera comprende el financiamiento que en el ámbito local, se otorga a partidos políticos nacionales y locales.



Así, después de haber consultado los presupuestos que los congresos locales aprobaron en definitiva a cada uno de los 32 OPLES del país; resulta que a dichos organismos se les autorizó un presupuesto de $9,510,170,746.41 (nueve mil quinientos diez millones, ciento setenta mil, setecientos cuarenta y un pesos 41/100) de los cuales $4,676,568,681.97 (cuatro mil seiscientos setenta y seis millones, quinientos sesenta y ocho mil, seiscientos ochenta y un pesos) corresponden a financiamiento de los partidos políticos, tal y como se observa en la gráfica siguiente:



De lo anterior, se observa que el gasto anual de los 32 OPLES en este ejercicio 2019 es de poco más de 4 mil 800 millones de pesos, no de 9 mil 500 como se pretende destacar en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, así que el ahorro aparente por desaparecer a los OPLES será de menos de 5 mil millones de pesos al año; sin embargo ello es incierto, pues de desaparecer a los OPLES, las funciones que realiza se deberán trasladar al INE, y asumir las nuevas funciones sin duda alguna impactará en su gasto operativo, de tal suerte que al ahorrar en el gasto local, este se reflejará necesariamente como un gasto adicional al que ejerce el INE.



Por otra parte, debe destacarse que el costo operativo de los OPLES significa el 51% del presupuesto total que administran los 32 OPLES del País, mientras que el 49% restante lo ejercen los partidos políticos. Como se ve, en el ámbito local, el gasto que ejercen los OPLES es prácticamente equivalente al que ejercen los partidos políticos; sin embargo debe destacarse que en los partidos políticos nacionales, acceden al financiamiento público que otorga el INE, a la vez que reciben financiamiento público por parte de los 32 OPLES del País, en una proporción prácticamente equivalente, pues en este año 2019, los partidos políticos nacionales en su conjunto recibirán por parte del INE la friolera de $4,965,828,351 (Cuatro mil, novecientos sesenta y cinco millones, ochocientos veintiocho mil, trescientos cincuenta y un pesos); mientras que recibirán por parte de los OPLES del país, la cantidad de $4,676,568,682 (Cuatro mil novecientos sesenta y cinco millones, ochocientos veintiocho mil, trescientos cincuenta y un pesos) que suman $9,642,397,033 (Nueve mil seiscientos cuarenta y dos millones, trescientos noventa y siete mil, treinta y tres pesos), cantidad que se aproxima en demasía al costo de operación anual del INE.



Austeridad en los bueyes de mi compadre.



Como se ve, el único nicho de bonanza en el país lo constituyen los partidos políticos, pues inclusive la retórica de la iniciativa de reforma, da cuenta de la falta de congruencia discursiva, pues en cada párrafo que atañe al ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades de la materia, se martilla con insistencia que en el ejercicio de su función se debe observar el principio de “austeridad electoral”, muy bien, es necesario y significa un gesto mínimo de solidaridad para con los miles de mexicanos que apenas tienen lo necesario para subsistir, pero, ¿Y los partidos políticos?, ¿Para ellos no aplica la austeridad?
Parece que no es la intención de la reforma, pues aunque en ella se plantea el cambio de la fórmula para calcular la base anual del financiamiento público, para que en lugar de multiplicar el 65% del valor de la UMA por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se propone que el factor de proporción de la UMA disminuya al 33%, lo que implica disminuir en aproximadamente 50% el monto total de la bolsa anual de financiamiento público que corresponde a partidos políticos; la iniciativa se olvida de algunos hechos relevantes que se apuntan a continuación:

1. Los partidos políticos nacionales acceden a una doble fuente de financiamiento público, pues lo reciben por parte del INE y por parte de los OPLES, de tal serte que “cobran” dos veces y en dos entidades públicas distintas por hacer lo mismo. Aplicar el principio de austeridad a los partidos políticos, implicaría que los partidos políticos nacionales sólo accedan al financiamiento público que otorga el INE, y que sólo a los partidos políticos locales, en donde los haya, les otorgue financiamiento público el OPLE que corresponda.
2. Previo a la reforma en materia política de 2007, los partidos políticos gastaban hasta el 80% de sus recursos en la contratación de tiempo comercial en radio y televisión, a partir de entonces, los partidos políticos tienen acceso gratuito al tiempo en radio y televisión. Por lo tanto, se debió disminuir la base de cálculo del financiamiento público, pues el mayor rubro de su gasto dejó de existir ante la gratuidad del acceso a la radio y televisión.

¿Dónde está el dinero?



La falta de rigor metodológico de la iniciativa de reforma se evidencia, además por el hecho de no ofrecer un análisis integral del ejercicio del gasto a cargo de los OPLES, ni de las funciones sustanciales que realizan éstos en el ámbito local.

En este sentido, al revisar el presupuesto que en este año ejercerán cada uno de los OPLES en el país, se observa que en promedio, el 70% del gasto que ejercen los organismos locales corresponde al rubro de servicios personales, dato que evidencia las graves consecuencias que puede traer aparejada la medida propuesta, pues más que significar un ahorro, puede generar inestabilidad fiscal, financiera y social.


De prosperar la reforma planteada en sus términos, la federación dejará de recaudar más de mil millones de pesos al año[2] por concepto del Impuesto Sobre la Renta, ello sin tomar en cuenta las aportaciones a los sistemas de seguridad social (salud, vivienda y ahorro para el retiro).



A lo anterior se debe sumar el impacto que en el mercado financiero tendrá prescindir de la totalidad de personas que laboran en lo OPLES, pues con ello se generará un problema de cartera vencida con la banca, en razón que la gran mayoría de trabajadores tienen contratados créditos hipotecarios, para la compra de automóviles, tarjetas de crédito y departamentales; compromisos financieros que fueron adquiridos con base a la estabilidad laboral que disfrutan y que al ser largados, no podrán hacer frente a sus obligaciones.

Asimismo, se debe ponderar el impacto social que pueda traer aparejada la medida, pues detrás de cada clave de personal, de cada nómina, dependen diversas economías, formales e informales, pues con el salario que se paga a los trabajadores de los OPLES, se pagan colegiaturas, se compran alimentos, se contrata servicio doméstico, se consume en fondas, restaurantes, tiendas, etc.

Por todo lo anterior, se debe mirar objetivamente el problema y ponderar, sin filias y sin fobias, si la medida de ahorro que se propone, es objetivamente necesaria, justa y viable.



Máxime que desaparecer a los OPLES no generará los ahorros sustanciales prometidos, pues como se ha visto, sólo se tiene la expectativa de ahorrar tres mil millones de pesos anuales[3], cifra que comparada con los 5 billones 838 mil,059 millones de pesos a que asciende la cantidad total presupuesto de egresos de la federación para este 2019, apenas representa el 0.008% proporción que no resulta determinante para absolutamente nada.

Para consultar el archivo haga click aquí:

https://www.alcalorpolitico.com/adjuntos/GastosOPLE.xlsx

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