A casi 10 años de la implementación obligatoria del sistema penal acusatorio en México, todavía existen deficiencias en infraestructura, capacitación e independencia judicial, señaló Tomás Mundo Arriasa, abogado penalista y titular del “Proyecto Inocencia” en Veracruz.
El especialista consideró que, aunque este modelo de justicia lleva más de 200 años funcionando en países como Estados Unidos, en México su aplicación no ha logrado los resultados esperados debido a fallas en la operación y a la falta de preparación de algunos integrantes del sistema.
“No basta con tener una sala, un sillón y una jueza observando si no hay independencia judicial. Los operadores del sistema han quedado mucho a deber y se ha politizado mucho la justicia”, expresó.
Mundo Arriasa afirmó que uno de los principales problemas es el uso excesivo de la prisión preventiva, lo que ha provocado que personas permanezcan privadas de su libertad sin una sentencia, situación que, dijo, vulnera principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.
“La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero si cualquier autoridad lo violenta queda en papel mojado. En el discurso se habla de estado de derecho, pero en materia de justicia penal y civil estamos reprobados”, señaló.
El abogado penalista aseguró que existen casos donde se han fabricado culpables con el objetivo de presentar resultados en materia de seguridad, sin que necesariamente se esté garantizando justicia para las víctimas.
Criticó además la forma en que se realizan algunas detenciones derivadas de cateos, pues aseguró que en ocasiones cuentan con “apariencia de legalidad”, pero pueden derivar en procesos donde resulta complicado obtener una no vinculación o una sentencia absolutoria.
“Basta de utilizar el sistema de justicia para tener números y justificar que se está haciendo justicia cuando en realidad no se está respetando el debido proceso y, por otro lado, tampoco se les hace justicia a las víctimas”, manifestó.
Finalmente, hizo un llamado a los abogados a unirse para exigir que las investigaciones se realicen correctamente, que las personas responsables sean sancionadas conforme a la Ley, pero que se respeten los derechos de quienes enfrentan un proceso penal.