22 de marzo de 2021
alcalorpolitico.com
*Truculencia y manipulación
*Nefasto presidencialismo
*Un gobierno monopólico
Pareciera más teatral que real, el acto en el que el Presidente de México y los Gobernadores (que en ello participen) procederán a la firma del “Acuerdo Nacional por la Democracia”... mismo que se efectuará el día de mañana martes (ni te cases, ni te embarques) a los cuales obviamente que se sumarán la Presidenta del Congreso del Estado, el titular del Tribunal Superior de Justicia, evento al cual también se invitó a las partidos políticos, como si la vida democrática requiriera “de acuerdos” para respetarla y hacerla respetar, cuando constituye un ordenamiento inseparable de nuestras obligaciones constitucionales como funcionarios públicos, como candidatos, como integrantes de casillas electorales y como ciudadanos mexicanos.
Siempre he considerado que no se requiere jurar el respetar la ley, cuando nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan, es obligado acatarlas seas funcionario púbico o ciudadano común y corriente, porque ni los unos, no los otros, son merecedores de privilegios especiales, incluyendo insisto, a los comúnmente prepotentes funcionarios públicos, quienes habitualmente actúan como si se tratara de seres superiores a quienes conforman “las muchedumbres de las masas pueblerinas y citadinas”, mismas que con regularidad, son defraudadas precisamente por quienes elevaron un juramente de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes que de ella emanen”...
Hoy en los marcos de los escenarios gubernamentales federales y estatales, ya se habla de firmar un acuerdo “de civilidad” entre partidos políticos, candidatos y gobernantes, cuando la ley es clara en los marcos de escenarios electorales, en donde la contienda electoral debe apegarse estrictamente a las leyes en la materia, todo ello bajo la vigilancia de las autoridades electorales, responsables de organizar y vigilar cada una de las etapas de un proceso de elección municipal, estatal y federal, áreas en las que participan tanto funcionarios electorales como la propia ciudadanía, existiendo para casos de controversias instancias diversas, enmarcadas en los propios ámbitos de las leyes que para tales casos se encuentran vigentes.
El convocar por parte de las autoridades municipales, estatales o federales al respeto a la legalidad, refiere un escenario meramente protocolario que poco o nada influye en la vida democrática de México, que no sea el hacer sentir al electorado que el proceso electoral “es ajeno a truculencias y manipulaciones” cuando, en la realidad, mucha es la contaminación perniciosa que de siempre se practican en procesos electorales, tanto los que detentan el poder, como los que aspiran a sustituirlos.
Claro está que quienes por lógica y hábitos tradicionales en tierras mexicanas, tienen mayores posibilidades de actuar al margen de la legalidad lo son los grupos de poder y candidatos, militantes del mismo bando partidista que es poseedor mayoritario, de los controles municipales y distritales, así como de gubernaturas y en especial, de la Presidencia de la República... Ser candidato opositor al partido del que forman parte titulares de alcaldías, diputaciones, gubernaturas, senadurías y obviamente presidencia de la República, es una tarea compleja porque luchar contra los grupos de quienes detentan el poder, siempre y en todo país, resulta más complejo que para los candidatos del sector dominante en los ámbitos de la administración pública.
La misma lógica nos hace reflexionar que es más sencillo nadar en favor de la corriente que en contra de la misma, ello porque luchar electoralmente contra la corriente del poder imperante, es como enfrentarse a quienes detentan el poder municipal, estatal y federal, que obviamente representan un peso específico institucional, del que no disponen los candidatos no sólo ajenos, sino adversarios de tales niveles de poderío y control gubernamental.
Confrontarse con candidatos emanados de la fuerza gubernamental imperante, siempre representará mayor reto para banderas opositoras, que para quienes nadan en favor de la corriente gobernante, sobre todo si en tales escenarios se abarca como fuerza gubernamental los ámbitos presidenciales, así como legislativos tanto federales como estatales, agregando a ello espacios gubernamentales estatales... escenario que es precisamente el caso que priva en tierras jarochas.
Porque está claro que, de siempre en el territorio mexicano y en muchas otras áreas del mundo, las estructuras del poder público imperantes, no son ajenas a las campañas electorales que en los espacios de sus respectivas administraciones se registran, prueba de ello es que el protagonismo de funcionarios tanto federales, como estatales, distritales y municipales, invariablemente asumen estrategias tanto administrativas como políticas, que permitan fomentar la credibilidad en la fuerza partidista a la que pertenecen y, de la misma forma hacia el o los candidatos de orígenes semejantes.
En México, en nuestro territorio, hablar de equidad en ámbitos gubernamentales en torno a procesos electorales no se podría calificar como un escenario tradicional, se puede apuntar que, sin lugar a dudas, se ha logrado avanzar de manera notoria y claramente comprobable en lo relativo a la validez del sufragio y, consecuentemente, del respeto a los resultados electorales, tanto así que los últimos tres comicios presidencial, el resultado ha favorecido a un candidato del PAN (Felipe Calderón) luego a una propuesta del PRI (Enrique Peña Nieto) y últimamente a un abanderado de MORENA (Andrés Manuel López Obrador)...
Pero lamentablemente (porque así lo debemos de calificar) tales determinaciones de los ciudadanos mexicanos, simultáneamente otorgaron curso a espacios legislativos similares, o sea, el Presidente Calderón Hinojosa disponía de un Congreso de inclinaciones “azuladas”, al igual que el Presidente Peña Nieto fue acompañado de un Congreso con tendencias “tricolores”, mientras el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, refiere “a sus órdenes” a un Congreso notablemente dispuesto al acatamiento “de lo que Usted disponga Seños Presidente”... Igual a lo que ha sucedido (insisto) en etapas anteriores.
Tales apuntes son indicadores de escenarios que debemos referir como “regímenes presidencialistas” que, de igual forma se extienden hacia gubernaturas estatales, que disponen con la mayoría a su favor en el respectivo Congreso Local, a lo que debemos agregar Presidentes Municipales, con cuerpos edilicios bajo su control, escenarios que cierran el círculo del poder en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) que por obviedad y natural efecto “se transforma” en “prácticamente absolutos”, lo que nos ubica en un sistema de gobierno “piramidalmente monopólico”, ámbito en el que corremos el riesgo invariable, no virtual sino real, donde administraciones municipales, estatales y la cúpula federal, podrían convertirse en claramente impositivas hacia sectores de la población, con acciones ajenas a la democracia y coincidentes con el “todo poderoso” dominio unipartidista, moldeado y a la vez integrado, por los actores primordiales en la vida pública de un país, lo que por obviedad y efecto natural, nos acerca hacia prácticas que podrían reflejar tendencias dictatoriales.
La oposición siempre ha registrado un valor de alto peso en la vida política de los pueblos del mundo, su existencia no es ajena a etapas de estancamiento de núcleos sociales, pero de la misma forma también ha sido origen y pilar del desarrollo social, porque las sociedades de pensamiento monolítico no existen, dado que siempre privará la divergencia, la que más que opacar la historia de las naciones la enriquece, pero ello es dable en un contexto gubernamental donde sí existe real inclinación hacia la vida democrática, con gobiernos que por su tendencia democrática (no populista) suman propuestas y, por lo mismo, consolidan un colectivo social de diversidad en pensamientos y, a la vez, de riqueza en aportaciones para el desarrollo integral, lo que al final constituye el objetivo invaluable de la convivencia social, del desarrollo integral y del bienestar colectivo...
El bienestar colectivo y el desarrollo integral, no es dable en gobiernos impositivos y radicales tendiendo hacia los extremos, sino que el bienestar social se encuentra entrelazado en la suma de voluntades y programas, no para eliminar la riqueza en perjuicio de unos y aparente beneficio de otros, sino para que esa riqueza persista, impulsando su grandeza al tiempo de favorecer convenios y programas, que impacten positivamente la economía en lo general y, por ende, el nivel de vida del sector laboral, porque los grandes capitales no deben ser considerados como enemigos del trabajador, ni del país, por el contrario, su existencia, crecimiento y consolidación, son fundamentales para el bienestar de la nación, por ello lo que se requiere es crear puentes de entendimiento, de solidaridad y de apoyo mutuo; cierto, todo en los marcos de la Ley, pero de la misma forma entendiendo que la riqueza debe generar riqueza, tanto para el inversionista, como para el trabajador y obviamente para el país.
Lo que un gobernante debe extinguir de un país no es la riqueza, sino lo abyecto de la improductividad, de la colusión delictiva, del mercado de lo ilegal, de la explotación y el desarrollo delincuencial, de la ineficacia en materia de seguridad, del estancamiento en la productividad agrícola, de los elevados índices de contaminación, de la ausencia de reales programas para rescatar la limpieza de ríos, lagos y mares, agregando a ello plantas procesadoras para purificar aguas negras, así como impulsar políticas y acuerdos para elevar paralelamente a la productividad, el nivel de vida de la clase trabajadora.
Es aberrante perseguir a empresarios e inversionistas, en lugar de acordar prácticas y políticas para elevar su productividad y reorientar beneficios laborales; un gobierno debe tener claro que los extremos siempre serán origen de disputas y tales desgastes dañan la economía del país, los objetivos gubernamentales deben de ser fundamentalmente sumar voluntades, unificar los objetivos de mejoras laborales e incremento productivo, es al amparo de apoyos mutuos, de entendimiento y suma de esfuerzos, como se avanza en materia empresarial y con ello se incrementan fuentes laborales y mejora el panorama para el sector laboral, para el comercio, para los ingresos por concepto de impuestos, paralelamente a mayores satisfactores que dan curso a una sociedad con mayor estabilidad, tanto económica como emocional.
La llamada Transformación del país no debe ser para eliminar, sino para engrandecer, sumando voluntades no para catalogar a buenos y malos, sino para encontrar las vías de conciliación entre el sector productivo, el ámbito laboral, así como los espacios gubernamentales, que permitan conformar tendencias “de real transformación” donde se incremente el capital y los beneficios invaluables de más y mejores fuentes de trabajo.
Crear un país productivo requiere de un pueblo trabajador con puertas abiertas en los renglones industriales, comerciales, ganaderos, pesqueros y agrícolas, que precisamente por los factores de estabilidad, de tranquilidad social y de apertura de mercados, todo ello por los buenos oficios gubernamentales y las buenas relaciones tanto al interior como al exterior del país, originan ingresos favorables para el empresariado, para el fisco y para el sector laboral, lo que constituye un factor fundamental para la tranquilidad social y el bienestar de la sociedad en lo general.
El desarrollo integral, debe ser la meta fija de un gobierno, que más allá de las próximas elecciones debe preocuparse de los inmediatos retos que económica y socialmente afronta el pueblo mexicano, incluyendo en ello el drama doloroso e imborrable del exterminio pandémico, reflexionando en que lo importante no es ganar las próximas elecciones, sino ganar terreno en materia del desarrollo social, sumando a ello la integración y ejecución de un programa sólido y solidario para rescatar la actividad económica, así como retomar los senderos no sólo del restablecimiento de las plazas laborales perdidas, sino de un país cuya nueva modalidad sea la unidad en esfuerzos compartidos de todos los sectores, que nos induzcan hacia el restablecimiento del bienestar y la confianza en un mejor porvenir, más allá de cualquier interés político partidista... Ello es lo que sería una real y valiosa “transformación”, pero no de aspiraciones partidistas, sino de logros en beneficio del desarrollo integral de los mexicanos, tanto de los empresarios como de los trabajadores y del pueblo en lo general... Ahí la dejamos.
*Nefasto presidencialismo
*Un gobierno monopólico
Pareciera más teatral que real, el acto en el que el Presidente de México y los Gobernadores (que en ello participen) procederán a la firma del “Acuerdo Nacional por la Democracia”... mismo que se efectuará el día de mañana martes (ni te cases, ni te embarques) a los cuales obviamente que se sumarán la Presidenta del Congreso del Estado, el titular del Tribunal Superior de Justicia, evento al cual también se invitó a las partidos políticos, como si la vida democrática requiriera “de acuerdos” para respetarla y hacerla respetar, cuando constituye un ordenamiento inseparable de nuestras obligaciones constitucionales como funcionarios públicos, como candidatos, como integrantes de casillas electorales y como ciudadanos mexicanos.
Siempre he considerado que no se requiere jurar el respetar la ley, cuando nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan, es obligado acatarlas seas funcionario púbico o ciudadano común y corriente, porque ni los unos, no los otros, son merecedores de privilegios especiales, incluyendo insisto, a los comúnmente prepotentes funcionarios públicos, quienes habitualmente actúan como si se tratara de seres superiores a quienes conforman “las muchedumbres de las masas pueblerinas y citadinas”, mismas que con regularidad, son defraudadas precisamente por quienes elevaron un juramente de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes que de ella emanen”...
Hoy en los marcos de los escenarios gubernamentales federales y estatales, ya se habla de firmar un acuerdo “de civilidad” entre partidos políticos, candidatos y gobernantes, cuando la ley es clara en los marcos de escenarios electorales, en donde la contienda electoral debe apegarse estrictamente a las leyes en la materia, todo ello bajo la vigilancia de las autoridades electorales, responsables de organizar y vigilar cada una de las etapas de un proceso de elección municipal, estatal y federal, áreas en las que participan tanto funcionarios electorales como la propia ciudadanía, existiendo para casos de controversias instancias diversas, enmarcadas en los propios ámbitos de las leyes que para tales casos se encuentran vigentes.
El convocar por parte de las autoridades municipales, estatales o federales al respeto a la legalidad, refiere un escenario meramente protocolario que poco o nada influye en la vida democrática de México, que no sea el hacer sentir al electorado que el proceso electoral “es ajeno a truculencias y manipulaciones” cuando, en la realidad, mucha es la contaminación perniciosa que de siempre se practican en procesos electorales, tanto los que detentan el poder, como los que aspiran a sustituirlos.
Claro está que quienes por lógica y hábitos tradicionales en tierras mexicanas, tienen mayores posibilidades de actuar al margen de la legalidad lo son los grupos de poder y candidatos, militantes del mismo bando partidista que es poseedor mayoritario, de los controles municipales y distritales, así como de gubernaturas y en especial, de la Presidencia de la República... Ser candidato opositor al partido del que forman parte titulares de alcaldías, diputaciones, gubernaturas, senadurías y obviamente presidencia de la República, es una tarea compleja porque luchar contra los grupos de quienes detentan el poder, siempre y en todo país, resulta más complejo que para los candidatos del sector dominante en los ámbitos de la administración pública.
La misma lógica nos hace reflexionar que es más sencillo nadar en favor de la corriente que en contra de la misma, ello porque luchar electoralmente contra la corriente del poder imperante, es como enfrentarse a quienes detentan el poder municipal, estatal y federal, que obviamente representan un peso específico institucional, del que no disponen los candidatos no sólo ajenos, sino adversarios de tales niveles de poderío y control gubernamental.
Confrontarse con candidatos emanados de la fuerza gubernamental imperante, siempre representará mayor reto para banderas opositoras, que para quienes nadan en favor de la corriente gobernante, sobre todo si en tales escenarios se abarca como fuerza gubernamental los ámbitos presidenciales, así como legislativos tanto federales como estatales, agregando a ello espacios gubernamentales estatales... escenario que es precisamente el caso que priva en tierras jarochas.
Porque está claro que, de siempre en el territorio mexicano y en muchas otras áreas del mundo, las estructuras del poder público imperantes, no son ajenas a las campañas electorales que en los espacios de sus respectivas administraciones se registran, prueba de ello es que el protagonismo de funcionarios tanto federales, como estatales, distritales y municipales, invariablemente asumen estrategias tanto administrativas como políticas, que permitan fomentar la credibilidad en la fuerza partidista a la que pertenecen y, de la misma forma hacia el o los candidatos de orígenes semejantes.
En México, en nuestro territorio, hablar de equidad en ámbitos gubernamentales en torno a procesos electorales no se podría calificar como un escenario tradicional, se puede apuntar que, sin lugar a dudas, se ha logrado avanzar de manera notoria y claramente comprobable en lo relativo a la validez del sufragio y, consecuentemente, del respeto a los resultados electorales, tanto así que los últimos tres comicios presidencial, el resultado ha favorecido a un candidato del PAN (Felipe Calderón) luego a una propuesta del PRI (Enrique Peña Nieto) y últimamente a un abanderado de MORENA (Andrés Manuel López Obrador)...
Pero lamentablemente (porque así lo debemos de calificar) tales determinaciones de los ciudadanos mexicanos, simultáneamente otorgaron curso a espacios legislativos similares, o sea, el Presidente Calderón Hinojosa disponía de un Congreso de inclinaciones “azuladas”, al igual que el Presidente Peña Nieto fue acompañado de un Congreso con tendencias “tricolores”, mientras el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, refiere “a sus órdenes” a un Congreso notablemente dispuesto al acatamiento “de lo que Usted disponga Seños Presidente”... Igual a lo que ha sucedido (insisto) en etapas anteriores.
Tales apuntes son indicadores de escenarios que debemos referir como “regímenes presidencialistas” que, de igual forma se extienden hacia gubernaturas estatales, que disponen con la mayoría a su favor en el respectivo Congreso Local, a lo que debemos agregar Presidentes Municipales, con cuerpos edilicios bajo su control, escenarios que cierran el círculo del poder en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) que por obviedad y natural efecto “se transforma” en “prácticamente absolutos”, lo que nos ubica en un sistema de gobierno “piramidalmente monopólico”, ámbito en el que corremos el riesgo invariable, no virtual sino real, donde administraciones municipales, estatales y la cúpula federal, podrían convertirse en claramente impositivas hacia sectores de la población, con acciones ajenas a la democracia y coincidentes con el “todo poderoso” dominio unipartidista, moldeado y a la vez integrado, por los actores primordiales en la vida pública de un país, lo que por obviedad y efecto natural, nos acerca hacia prácticas que podrían reflejar tendencias dictatoriales.
La oposición siempre ha registrado un valor de alto peso en la vida política de los pueblos del mundo, su existencia no es ajena a etapas de estancamiento de núcleos sociales, pero de la misma forma también ha sido origen y pilar del desarrollo social, porque las sociedades de pensamiento monolítico no existen, dado que siempre privará la divergencia, la que más que opacar la historia de las naciones la enriquece, pero ello es dable en un contexto gubernamental donde sí existe real inclinación hacia la vida democrática, con gobiernos que por su tendencia democrática (no populista) suman propuestas y, por lo mismo, consolidan un colectivo social de diversidad en pensamientos y, a la vez, de riqueza en aportaciones para el desarrollo integral, lo que al final constituye el objetivo invaluable de la convivencia social, del desarrollo integral y del bienestar colectivo...
El bienestar colectivo y el desarrollo integral, no es dable en gobiernos impositivos y radicales tendiendo hacia los extremos, sino que el bienestar social se encuentra entrelazado en la suma de voluntades y programas, no para eliminar la riqueza en perjuicio de unos y aparente beneficio de otros, sino para que esa riqueza persista, impulsando su grandeza al tiempo de favorecer convenios y programas, que impacten positivamente la economía en lo general y, por ende, el nivel de vida del sector laboral, porque los grandes capitales no deben ser considerados como enemigos del trabajador, ni del país, por el contrario, su existencia, crecimiento y consolidación, son fundamentales para el bienestar de la nación, por ello lo que se requiere es crear puentes de entendimiento, de solidaridad y de apoyo mutuo; cierto, todo en los marcos de la Ley, pero de la misma forma entendiendo que la riqueza debe generar riqueza, tanto para el inversionista, como para el trabajador y obviamente para el país.
Lo que un gobernante debe extinguir de un país no es la riqueza, sino lo abyecto de la improductividad, de la colusión delictiva, del mercado de lo ilegal, de la explotación y el desarrollo delincuencial, de la ineficacia en materia de seguridad, del estancamiento en la productividad agrícola, de los elevados índices de contaminación, de la ausencia de reales programas para rescatar la limpieza de ríos, lagos y mares, agregando a ello plantas procesadoras para purificar aguas negras, así como impulsar políticas y acuerdos para elevar paralelamente a la productividad, el nivel de vida de la clase trabajadora.
Es aberrante perseguir a empresarios e inversionistas, en lugar de acordar prácticas y políticas para elevar su productividad y reorientar beneficios laborales; un gobierno debe tener claro que los extremos siempre serán origen de disputas y tales desgastes dañan la economía del país, los objetivos gubernamentales deben de ser fundamentalmente sumar voluntades, unificar los objetivos de mejoras laborales e incremento productivo, es al amparo de apoyos mutuos, de entendimiento y suma de esfuerzos, como se avanza en materia empresarial y con ello se incrementan fuentes laborales y mejora el panorama para el sector laboral, para el comercio, para los ingresos por concepto de impuestos, paralelamente a mayores satisfactores que dan curso a una sociedad con mayor estabilidad, tanto económica como emocional.
La llamada Transformación del país no debe ser para eliminar, sino para engrandecer, sumando voluntades no para catalogar a buenos y malos, sino para encontrar las vías de conciliación entre el sector productivo, el ámbito laboral, así como los espacios gubernamentales, que permitan conformar tendencias “de real transformación” donde se incremente el capital y los beneficios invaluables de más y mejores fuentes de trabajo.
Crear un país productivo requiere de un pueblo trabajador con puertas abiertas en los renglones industriales, comerciales, ganaderos, pesqueros y agrícolas, que precisamente por los factores de estabilidad, de tranquilidad social y de apertura de mercados, todo ello por los buenos oficios gubernamentales y las buenas relaciones tanto al interior como al exterior del país, originan ingresos favorables para el empresariado, para el fisco y para el sector laboral, lo que constituye un factor fundamental para la tranquilidad social y el bienestar de la sociedad en lo general.
El desarrollo integral, debe ser la meta fija de un gobierno, que más allá de las próximas elecciones debe preocuparse de los inmediatos retos que económica y socialmente afronta el pueblo mexicano, incluyendo en ello el drama doloroso e imborrable del exterminio pandémico, reflexionando en que lo importante no es ganar las próximas elecciones, sino ganar terreno en materia del desarrollo social, sumando a ello la integración y ejecución de un programa sólido y solidario para rescatar la actividad económica, así como retomar los senderos no sólo del restablecimiento de las plazas laborales perdidas, sino de un país cuya nueva modalidad sea la unidad en esfuerzos compartidos de todos los sectores, que nos induzcan hacia el restablecimiento del bienestar y la confianza en un mejor porvenir, más allá de cualquier interés político partidista... Ello es lo que sería una real y valiosa “transformación”, pero no de aspiraciones partidistas, sino de logros en beneficio del desarrollo integral de los mexicanos, tanto de los empresarios como de los trabajadores y del pueblo en lo general... Ahí la dejamos.