7 de octubre de 2021
alcalorpolitico.com
*Córdoba y la hacienda
*Persiste la violencia
*Recuperar tranquilidad
Siempre (desde mucho antes del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador) hemos referido en este espacio puntos de vista con nuestro contundente y claro desacuerdo (que coincide con millones de veracruzanos y mexicanos en lo general) en torno a la venta de empresas propiedad del pueblo de México... Tendencia que ha sido practicada por los últimos presidentes de nuestro país, desincorporación que en parte conforma el arbitrario e irresponsable despojo del patrimonio de la nación, lo que obviamente ha debilitado los niveles de bienestar del país, efectos que, como es lógico, repercuten negativamente en la economía de todos los mexicanos, pero en especial de los que menos tienen.
Le asiste la razón al actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que para muchos mexicanos el proceso de privatización de empresas que realizó en el pasado el Gobierno de la República, representa uno de “los saqueos al patrimonio nacional” que podría ser considerado entre los de mayores dimensiones en la historia del país, porque simple y sencillamente resulta inconcebible, que empresas estatales de elevado nivel productivo, mismas que de alguna forma favorecían el bienestar de la población, fueran colocadas cual tianguis de remates para desincorporarlas del patrimonio nacional mexicano, acción que por sus efectos directos y colaterales, siempre benefició económicamente a privilegiados, al tiempo de originar daños tanto al sector laboral, como a la economía del país.
En lo general las acciones de privatización se ejecutaron en el transcurrir de tres sexenios gubernamentales, proceso que inició en el año 1984 para terminar ya en la década del 2000, última etapas del proceso de desincorporación en la que se remata el poderío económico y de servicios que representaban los Ferrocarriles Nacionales de México, así como los sistemas de comunicación vía satelital, cuando ya anteriormente se habían vendido numerosas empresas incluyendo las poderosas siderúrgicas, la red telefónica del país y diversas instituciones bancarias, mismas a las que se agregan muchas más.
Para muchos mexicanos, dichas operaciones representaron por un lado un abuso, a más de yerro financiero que dañaba el patrimonio nacional, para otros constituía la oportunidad de que el país se fortaleciera, estimulando para ello una mayor participación del sector privado en los espacios de la productividad.
Lo cierto es que para numerosos estudiosos del tema, la venta de empresas realmente exitosas que fueron propiedad del pueblo mexicano, se encubrió por parte del sistema gubernamental acreditándolas como ineficientes y, por lo tanto, “notoriamente improductivas”... Maquillajes propicios para que no se registraran problemas frente al despojo del patrimonio nacional que habría de ejecutarse.
En tiempos actuales y en las últimas horas, en fracciones partidista legislativas, se ha registrado aguda polémica en torno a la pretendida Reforma Eléctrica, en la cual el Gobierno Federal presidido por Andrés Manuel López Obrador, requiere del respaldo legislativo para frenar la posibilidad de que la CFE sea impactada negativamente por su incapacidad tecnológica, para dotar de energía al sector productivo del país y, obviamente, a un creciente conglomerado social, perspectiva negativa en la que se encuentran involucradas las voces y el sufragio de los legisladores, por lo que se requiere en el Congreso del país, que legisladores militantes de otros partidos políticos, no simpatizantes de MORENA (que podrían ser del PRI) se sumen en favor de los programas de inversión en materia de Energía Eléctrica, así como de políticas fiscales en torno al tema, precisamente dirigidas hacia la definición de más estrictas limitantes, en lo referente a la producción de electricidad obtenida por vía eólica e incluso, no faltan quienes sostienen que también podrían registrarse modificaciones en torno a los procesos para la generación del fluido eléctrico aprovechando la luz del sol.
La argumentación, entre muchas otras que sobre tales medidas se externan, es que no fructifique la tendencia de que surjan compañías, incluso con intereses financieros del extranjero, que generen electricidad comercializándola entre los mexicanos, o sea, evitar el avance de la privatización en el renglón de energía eléctrica, sin que su cobertura sea superior a la que cubre la Comisión Federal de Electricidad, porque ello se convertiría en un atentado contra la economía y el bienestar del país, corriéndose el riesgo (como ya sucedió en el pasado en otros renglones de economía y la productividad) cuando lo que fue propiedad pública se convirtió en privada...
Parte sobresaliente del tema es el que personalmente y frente a los medios de comunicación, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, efectuó un llamado a los dirigentes priistas y militantes en lo general, para sumarse y apoyar en el Congreso Nacional las propuestas planteadas en materia de Energía Eléctrica, ante la urgencia de fortalecer la generación de electricidad en el territorio nacional, proyecto claramente vinculado con la posibilidad de impulsar el desarrollo industrial.
Las reacciones negativas de militantes del Partido Acción Nacional ante tales planteamientos, no se han dejado esperar y reclama al PRI que no apruebe propuestas de “los morenos”... La historia incuestionablemente dejará constancia de los hechos.
Lo que se lee
Claro que los cordobeses deben coincidir con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuando la intención del Gobierno del Estado de Veracruz, es el que “las ruinas” (medio maquilladas) que conforman lo que fuera la Hacienda de San Francisco Toxpan, imponentes vestigios de toda una época de esplendor, es mejor que por conducto de la administración estatal sea objeto de restauración y embellecimiento, a que permanezcan “entre azul y buenas noches” al amparo de administraciones municipales que sin recursos y sin imaginación, ya han referido su ineficacia para convertirla en un atractivo de mayores dimensiones.
Sobre el tema externó Eric Cisneros Burgos, titular de la Secretará de Gobierno en tierras veracruzanas, que dicha construcción debe ser considerada como una “joya nacional” que configura parte de las riquezas de nuestro país, por lo que la administración estatal habrá de brindarle especial atención, con el claro objetivo de dotarla de real atractivo, tanto para los cordobeses como para el sector turístico en lo general... Vale el agregar: “Atinada la reflexión”.
Lo que se ve
La violencia sobre tierras veracruzanas y nacionales, incluyendo elevada cifra de feminicidios, constituyen pruebas contundentes, en el sentido de que los programas de seguridad diseñados en los espacios de la Cuarta Transformación, no han resultado exitosos como cotidianamente se intenta proyectar hacia la opinión pública, por parte de funcionarios gubernamentales.
La verdad es que a punto de cerrar la primera mitad de la actual administración tanto Federal como Estatal, en tierras jarochas seguimos con el mismo temor y preocupación, que ya se registraba en el pasado, inquietud que por su prolongada vigencia se está transformando en una especie de “usos y costumbres” lo que, por obviedad, siembra elevada frustración al interior del colectivo social.
Lo peor de todo sería que siguiéramos bailando con el mismo son, tanto el que se predica desde los estratos gubernamentales, como el que se escucha ante la angustia, preocupación, reclamos y duelo en el seno del colectivo social.
Lo que se oye
Correcto es que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en lugar enmascarar la realidad, afronte la verdad al reconocer que efectivamente se han disparado los hechos delictivos en las carreteras veracruzanas, escenarios de terror que no son privativos de tierras del son y la bamba, en tanto que los reclamos de la ciudadanía por hechos similares, día tras día se escuchan en gran parte del territorio mexicano.
Así las cosas, si en los espacios gubernamentales se reconoce tal deficiencia, bien se podría reflexionar que, lógicamente, habrá respuestas efectivas e inmediatas con la intención de restablecer tranquilidad social, lo que sólo se puede alcanzar con efectividad policiaca y judicial, así como con más y mejores fuentes de trabajo... Ahí la dejamos.
*Persiste la violencia
*Recuperar tranquilidad
Siempre (desde mucho antes del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador) hemos referido en este espacio puntos de vista con nuestro contundente y claro desacuerdo (que coincide con millones de veracruzanos y mexicanos en lo general) en torno a la venta de empresas propiedad del pueblo de México... Tendencia que ha sido practicada por los últimos presidentes de nuestro país, desincorporación que en parte conforma el arbitrario e irresponsable despojo del patrimonio de la nación, lo que obviamente ha debilitado los niveles de bienestar del país, efectos que, como es lógico, repercuten negativamente en la economía de todos los mexicanos, pero en especial de los que menos tienen.
Le asiste la razón al actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que para muchos mexicanos el proceso de privatización de empresas que realizó en el pasado el Gobierno de la República, representa uno de “los saqueos al patrimonio nacional” que podría ser considerado entre los de mayores dimensiones en la historia del país, porque simple y sencillamente resulta inconcebible, que empresas estatales de elevado nivel productivo, mismas que de alguna forma favorecían el bienestar de la población, fueran colocadas cual tianguis de remates para desincorporarlas del patrimonio nacional mexicano, acción que por sus efectos directos y colaterales, siempre benefició económicamente a privilegiados, al tiempo de originar daños tanto al sector laboral, como a la economía del país.
En lo general las acciones de privatización se ejecutaron en el transcurrir de tres sexenios gubernamentales, proceso que inició en el año 1984 para terminar ya en la década del 2000, última etapas del proceso de desincorporación en la que se remata el poderío económico y de servicios que representaban los Ferrocarriles Nacionales de México, así como los sistemas de comunicación vía satelital, cuando ya anteriormente se habían vendido numerosas empresas incluyendo las poderosas siderúrgicas, la red telefónica del país y diversas instituciones bancarias, mismas a las que se agregan muchas más.
Para muchos mexicanos, dichas operaciones representaron por un lado un abuso, a más de yerro financiero que dañaba el patrimonio nacional, para otros constituía la oportunidad de que el país se fortaleciera, estimulando para ello una mayor participación del sector privado en los espacios de la productividad.
Lo cierto es que para numerosos estudiosos del tema, la venta de empresas realmente exitosas que fueron propiedad del pueblo mexicano, se encubrió por parte del sistema gubernamental acreditándolas como ineficientes y, por lo tanto, “notoriamente improductivas”... Maquillajes propicios para que no se registraran problemas frente al despojo del patrimonio nacional que habría de ejecutarse.
En tiempos actuales y en las últimas horas, en fracciones partidista legislativas, se ha registrado aguda polémica en torno a la pretendida Reforma Eléctrica, en la cual el Gobierno Federal presidido por Andrés Manuel López Obrador, requiere del respaldo legislativo para frenar la posibilidad de que la CFE sea impactada negativamente por su incapacidad tecnológica, para dotar de energía al sector productivo del país y, obviamente, a un creciente conglomerado social, perspectiva negativa en la que se encuentran involucradas las voces y el sufragio de los legisladores, por lo que se requiere en el Congreso del país, que legisladores militantes de otros partidos políticos, no simpatizantes de MORENA (que podrían ser del PRI) se sumen en favor de los programas de inversión en materia de Energía Eléctrica, así como de políticas fiscales en torno al tema, precisamente dirigidas hacia la definición de más estrictas limitantes, en lo referente a la producción de electricidad obtenida por vía eólica e incluso, no faltan quienes sostienen que también podrían registrarse modificaciones en torno a los procesos para la generación del fluido eléctrico aprovechando la luz del sol.
La argumentación, entre muchas otras que sobre tales medidas se externan, es que no fructifique la tendencia de que surjan compañías, incluso con intereses financieros del extranjero, que generen electricidad comercializándola entre los mexicanos, o sea, evitar el avance de la privatización en el renglón de energía eléctrica, sin que su cobertura sea superior a la que cubre la Comisión Federal de Electricidad, porque ello se convertiría en un atentado contra la economía y el bienestar del país, corriéndose el riesgo (como ya sucedió en el pasado en otros renglones de economía y la productividad) cuando lo que fue propiedad pública se convirtió en privada...
Parte sobresaliente del tema es el que personalmente y frente a los medios de comunicación, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, efectuó un llamado a los dirigentes priistas y militantes en lo general, para sumarse y apoyar en el Congreso Nacional las propuestas planteadas en materia de Energía Eléctrica, ante la urgencia de fortalecer la generación de electricidad en el territorio nacional, proyecto claramente vinculado con la posibilidad de impulsar el desarrollo industrial.
Las reacciones negativas de militantes del Partido Acción Nacional ante tales planteamientos, no se han dejado esperar y reclama al PRI que no apruebe propuestas de “los morenos”... La historia incuestionablemente dejará constancia de los hechos.
Lo que se lee
Claro que los cordobeses deben coincidir con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuando la intención del Gobierno del Estado de Veracruz, es el que “las ruinas” (medio maquilladas) que conforman lo que fuera la Hacienda de San Francisco Toxpan, imponentes vestigios de toda una época de esplendor, es mejor que por conducto de la administración estatal sea objeto de restauración y embellecimiento, a que permanezcan “entre azul y buenas noches” al amparo de administraciones municipales que sin recursos y sin imaginación, ya han referido su ineficacia para convertirla en un atractivo de mayores dimensiones.
Sobre el tema externó Eric Cisneros Burgos, titular de la Secretará de Gobierno en tierras veracruzanas, que dicha construcción debe ser considerada como una “joya nacional” que configura parte de las riquezas de nuestro país, por lo que la administración estatal habrá de brindarle especial atención, con el claro objetivo de dotarla de real atractivo, tanto para los cordobeses como para el sector turístico en lo general... Vale el agregar: “Atinada la reflexión”.
Lo que se ve
La violencia sobre tierras veracruzanas y nacionales, incluyendo elevada cifra de feminicidios, constituyen pruebas contundentes, en el sentido de que los programas de seguridad diseñados en los espacios de la Cuarta Transformación, no han resultado exitosos como cotidianamente se intenta proyectar hacia la opinión pública, por parte de funcionarios gubernamentales.
La verdad es que a punto de cerrar la primera mitad de la actual administración tanto Federal como Estatal, en tierras jarochas seguimos con el mismo temor y preocupación, que ya se registraba en el pasado, inquietud que por su prolongada vigencia se está transformando en una especie de “usos y costumbres” lo que, por obviedad, siembra elevada frustración al interior del colectivo social.
Lo peor de todo sería que siguiéramos bailando con el mismo son, tanto el que se predica desde los estratos gubernamentales, como el que se escucha ante la angustia, preocupación, reclamos y duelo en el seno del colectivo social.
Lo que se oye
Correcto es que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en lugar enmascarar la realidad, afronte la verdad al reconocer que efectivamente se han disparado los hechos delictivos en las carreteras veracruzanas, escenarios de terror que no son privativos de tierras del son y la bamba, en tanto que los reclamos de la ciudadanía por hechos similares, día tras día se escuchan en gran parte del territorio mexicano.
Así las cosas, si en los espacios gubernamentales se reconoce tal deficiencia, bien se podría reflexionar que, lógicamente, habrá respuestas efectivas e inmediatas con la intención de restablecer tranquilidad social, lo que sólo se puede alcanzar con efectividad policiaca y judicial, así como con más y mejores fuentes de trabajo... Ahí la dejamos.