16 de agosto de 2018
alcalorpolitico.com
Cuatrocientos cuarenta y cinco días después de asumir el poder, cuando este lado del mundo temblaba por los fríos que llegaron de las estepas y causaron caos en los aeropuertos y detuvieron trenes y otros medios de transporte y dejaron campos y ciudades cubiertos de nieve, el gobierno de Veracruz hizo oficial su estrategia de comunicación.
Cambió mucho pero no cambió nada, pese a lo que decía la página tres de la Gaceta Oficial del martes veinte de febrero, que en la letra ofrecía lo que en la práctica no hizo el gobierno del estado en su relación (de algún modo hay que llamarle) con la prensa.
Aquí se dijo que el decreto parecía poner orden donde no había nada. Lo que decían las autoridades se ahogaba en el mar de las redes sociales pero permitía la ilusión de que decía lo que hacía y alguien, que no era periodista, se interesaba en eso.
Aquí también se dijo que interesarse en las cosas públicas es asunto de los medios y responsabilidad de sus reporteros y de sus analistas. Y después el trabajo es cosa de todos. Uno va, ve, y cuenta mal que bien lo que pasó, en teoría sin prejuicios y sin dolo.
Se dijo también que los medios (viejos como la prensa escrita o el radio y nuevos como cualquier cosa que haya internet en este momento) son todavía más confiables que el rumor y el chisme y el mal chiste, aunque no les guste a muchos, porque los hechos no son cosa de gustos.
Oficialmente, el muchacho que atiende los asuntos de la prensa en Palacio de Gobierno, o donde quiera que estén sus oficinas, tenía que acordar acciones en materia de comunicación social con los medios de Veracruz, de México y del mundo.
También tenía que celebrar convenios con ellos para que la imagen del gobierno cambie y todos vieran una administración incluyente, transparente, sustentable y respetuosa de los derechos humanos, comprometida con la igualdad de género y la rendición de cuentas.
Pero no fue así. No hay nada que señale que fue así. Y el muchacho está bajo sospecha de haber abandonado su trabajo oficial para hacer campaña a favor de un candidato, un delito serio si quien lo comete es un servidor público.
No se sabe si en la oficina del muchacho mantuvieron actualizados el banco hemerograÌfico, la fototeca, la videoteca, las grabaciones radiofoÌnicas, producciones y la paÌgina web de la CoordinacioÌn General sobre las obras, actividades y servicios del Gobierno del Estado. Si uno busca no encuentra mucho.
Otra parte del trabajo de la oficina del muchacho era proveer a los medios de comunicacioÌn la informacioÌn oficial que emite el Gobierno del Estado, establecer los viÌnculos y la colaboracioÌn con las instituciones acadeÌmicas, y consolidar viÌnculos de colaboracioÌn y apoyo con organismos e instituciones educativas y culturales, puÌblicas y privadas, para fomentar el anaÌlisis, estudio y proyeccioÌn de la comunicacioÌn social. No hubo tal.
La tarea de la coordinación de Comunicación Social era (y es, según el decreto de ley) propiciar el acercamiento y la interacción de la sociedad a las acciones de Gobierno mediante los canales de comunicacioÌn disponibles, curiosamente lo contrario de lo que hizo el gobierno de Veracruz, desde el más alto hasta el más bajo funcionario.
Dijimos aquí que no era fácil olvidar que muchos reporteros fueron rechazados con el argumento de que hacían preguntas difíciles porque buscaban convenios para ellos mismos o para sus medios. Pensamos que con las nuevas reglas el gobierno buscaría hacer esos convenios para cambiar su imagen, como dice el decreto de febrero. Y respetaría a la prensa.
Pero lo que no cambió fue la forma de hacer las cosas. Los medios de comunicación tienen el derecho de informar y la obligación de preguntar. Esa es su importancia. Mantener informados a cuantos se pueda. Es mucho trabajo, pero es su trabajo.
La vaina terminó en que un juez les ordenó publicar los convenios que el gobierno de Javier Duarte tuvo con quién sabe qué medios, información que el gobierno de Miguel Ángel Yunes (que hizo publicidad de los cuadernos de Karime Macías y la abundancia) no quería dar a conocer quién sabe por qué.
A eso llegamos. Y todavía no se sabe quién recibió cuánto ni por qué.
Cambió mucho pero no cambió nada, pese a lo que decía la página tres de la Gaceta Oficial del martes veinte de febrero, que en la letra ofrecía lo que en la práctica no hizo el gobierno del estado en su relación (de algún modo hay que llamarle) con la prensa.
Aquí se dijo que el decreto parecía poner orden donde no había nada. Lo que decían las autoridades se ahogaba en el mar de las redes sociales pero permitía la ilusión de que decía lo que hacía y alguien, que no era periodista, se interesaba en eso.
Aquí también se dijo que interesarse en las cosas públicas es asunto de los medios y responsabilidad de sus reporteros y de sus analistas. Y después el trabajo es cosa de todos. Uno va, ve, y cuenta mal que bien lo que pasó, en teoría sin prejuicios y sin dolo.
Se dijo también que los medios (viejos como la prensa escrita o el radio y nuevos como cualquier cosa que haya internet en este momento) son todavía más confiables que el rumor y el chisme y el mal chiste, aunque no les guste a muchos, porque los hechos no son cosa de gustos.
Oficialmente, el muchacho que atiende los asuntos de la prensa en Palacio de Gobierno, o donde quiera que estén sus oficinas, tenía que acordar acciones en materia de comunicación social con los medios de Veracruz, de México y del mundo.
También tenía que celebrar convenios con ellos para que la imagen del gobierno cambie y todos vieran una administración incluyente, transparente, sustentable y respetuosa de los derechos humanos, comprometida con la igualdad de género y la rendición de cuentas.
Pero no fue así. No hay nada que señale que fue así. Y el muchacho está bajo sospecha de haber abandonado su trabajo oficial para hacer campaña a favor de un candidato, un delito serio si quien lo comete es un servidor público.
No se sabe si en la oficina del muchacho mantuvieron actualizados el banco hemerograÌfico, la fototeca, la videoteca, las grabaciones radiofoÌnicas, producciones y la paÌgina web de la CoordinacioÌn General sobre las obras, actividades y servicios del Gobierno del Estado. Si uno busca no encuentra mucho.
Otra parte del trabajo de la oficina del muchacho era proveer a los medios de comunicacioÌn la informacioÌn oficial que emite el Gobierno del Estado, establecer los viÌnculos y la colaboracioÌn con las instituciones acadeÌmicas, y consolidar viÌnculos de colaboracioÌn y apoyo con organismos e instituciones educativas y culturales, puÌblicas y privadas, para fomentar el anaÌlisis, estudio y proyeccioÌn de la comunicacioÌn social. No hubo tal.
La tarea de la coordinación de Comunicación Social era (y es, según el decreto de ley) propiciar el acercamiento y la interacción de la sociedad a las acciones de Gobierno mediante los canales de comunicacioÌn disponibles, curiosamente lo contrario de lo que hizo el gobierno de Veracruz, desde el más alto hasta el más bajo funcionario.
Dijimos aquí que no era fácil olvidar que muchos reporteros fueron rechazados con el argumento de que hacían preguntas difíciles porque buscaban convenios para ellos mismos o para sus medios. Pensamos que con las nuevas reglas el gobierno buscaría hacer esos convenios para cambiar su imagen, como dice el decreto de febrero. Y respetaría a la prensa.
Pero lo que no cambió fue la forma de hacer las cosas. Los medios de comunicación tienen el derecho de informar y la obligación de preguntar. Esa es su importancia. Mantener informados a cuantos se pueda. Es mucho trabajo, pero es su trabajo.
La vaina terminó en que un juez les ordenó publicar los convenios que el gobierno de Javier Duarte tuvo con quién sabe qué medios, información que el gobierno de Miguel Ángel Yunes (que hizo publicidad de los cuadernos de Karime Macías y la abundancia) no quería dar a conocer quién sabe por qué.
A eso llegamos. Y todavía no se sabe quién recibió cuánto ni por qué.