14 de noviembre de 2019
alcalorpolitico.com
Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez,
Gobernador de Veracruz.
Señor Gobernador:
No acostumbro escribir ni publicar textos como este, con un destinatario específico, pero la seriedad del caso me obliga a hacer una excepción.
Como usted está –sin duda– enterado, la Secretaría de Educación de Veracruz firmó un convenio que otorga exclusividad a una empresa refresquera para vender sus productos en las escuelas secundarias y preparatorias del estado a cambio de cuatro millones de pesos (más dos en "imagen").
Ese arreglo, que significa un promedio de setecientos cincuenta pesos por escuela (según la propia SEV, hay cerca de tres mil quinientas secundarias y poco más de mil ochocientas secundarias) significa un grave riesgo para la salud de los estudiantes, y en última instancia representa un incremento en el gasto a mediano y largo plazo en los servicios de salud.
Como todos –menos los funcionarios de la SEV– saben desde hace años, los refrescos azucarados producen osteoporosis, obesidad, hipertensión, diabetes y otros males mayores y menores (le dejo aquí una referencia: https://www.uv.mx/universo/295/infgral/infgral06.htm).
Pero la referencia que cito no es la única. Aquí hay más. Está una sobre los factores, las causas y las perspectivas de la obesidad infantil en nuestro país (https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis/article/view/3592/3734), y hay otra que señala que nuestro país es el primer gran consumidor de refrescos con alto contenido de azúcar, como Pepsi y Coca Cola (http://189.203.43.34:8180/bitstream/20.500.12103/1885/1/ActPed2002_07.pdf), como confirma un estudio reciente de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (https://www.jornada.com.mx/2019/04/08/sociedad/031n1soc).
Y además, está la ley, que también desde hace años fija los lineamientos para el expendio y la distribución de alimentos y bebidas en las escuelas (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014), y que prohíbe expresamente la venta de alimentos y bebidas que, por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.
No creo que haga falta decir mucho más. Ya les hice la tarea. Estoy seguro de que el secretario de Salud ya le expresó su preocupación por la posibilidad de que se incrementen los casos de obesidad infantil y los padecimientos que esta condición produce a mediano y a largo plazo, y se opuso de plano a este proyecto.
Aunque no he visto declaraciones de los cuerpos médicos –ni de médicos en particular– del estado, me encontré en el excepcional caso de coincidir con don Esteban Pablo Rodríguez Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia: si este arreglo se lleva a cabo se estará cometiendo un atentado de grandes proporciones contra los niños veracruzanos.
La diputada Ana Miriam Ferráez, quien participó en el reciente Foro sobre la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad Infantil en Veracruz, ofreció cifras preocupantes: hay más de cuatro millones de niños y niñas en edad escolar con problemas de sobrepeso o de obesidad. La legisladora declaró que se busca trabajar con especialistas para tener un compendio de información para crear una ley sobre el tema.
Mientras eso sucede, el secretario de Educación asegura que no se ha firmado ningún convenio, aunque lo contradice el oficio girado por el profesor Teodoro Iván Méndez González, subdirector de escuelas secundarias, que explica textualmente:
"Con relación a la circular No. SEV/TE/0002/2019 de fecha 25 de septiembre, me permito informar a usted que se firmó un convenio de exclusividad con el grupo GEPP (PEPSI), por lo que los concesionarios de las tiendas escolares sólo podrán vender bebidas del grupo mencionado".
Alguien miente. Pero además de mentir, se ofrece información incompleta y equívoca a los veracruzanos. La subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, está convencida de que "los estudiantes de secundaria ya tienen la capacidad para decidir si se compran un refresco o un bote de agua", como si eso bastara para justificar decisiones que les van a afectar en el futuro.
El secretario –que se siente crucificado por la preocupación y las críticas que ha provocado el arreglo– anunció que el convenio podría firmarse en enero, y aseguró que la SEV tiene programas permanentes para estilos de vida saludables, aunque ninguno de esos programas recomiende beber refrescos ni consumir productos de escaso valor nutritivo. Pero parece que la decisión ya está tomada, a pesar de la abundante información sobre los daños que produce la comida chatarra.
Usted ya no estará en el poder ni sus colaboradores en el gobierno cuando se empiecen a registrar nuevos casos de obesidad, caries, osteoporosis, hipertensión y otros problemas cardiovasculares, diabetes, y un largo etcétera. No tendrá que pensar de dónde saldrán mañana los fondos para atender a los afectados por las malas decisiones de hoy. Pero tendrá la responsabilidad histórica y política de no haber evitado una crisis que costará vidas y distraerá recursos.
Ojalá que el sábado, cuando informe a los veracruzanos de lo que ha hecho en su gobierno, incluya el dato de que el convenio de la SEV con los refresqueros se cancela porque no es bueno, ni ética ni políticamente. Muchos lo vamos a aplaudir.
Respetuosamente,
Miguel Molina
Gobernador de Veracruz.
Señor Gobernador:
No acostumbro escribir ni publicar textos como este, con un destinatario específico, pero la seriedad del caso me obliga a hacer una excepción.
Como usted está –sin duda– enterado, la Secretaría de Educación de Veracruz firmó un convenio que otorga exclusividad a una empresa refresquera para vender sus productos en las escuelas secundarias y preparatorias del estado a cambio de cuatro millones de pesos (más dos en "imagen").
Ese arreglo, que significa un promedio de setecientos cincuenta pesos por escuela (según la propia SEV, hay cerca de tres mil quinientas secundarias y poco más de mil ochocientas secundarias) significa un grave riesgo para la salud de los estudiantes, y en última instancia representa un incremento en el gasto a mediano y largo plazo en los servicios de salud.
Como todos –menos los funcionarios de la SEV– saben desde hace años, los refrescos azucarados producen osteoporosis, obesidad, hipertensión, diabetes y otros males mayores y menores (le dejo aquí una referencia: https://www.uv.mx/universo/295/infgral/infgral06.htm).
Pero la referencia que cito no es la única. Aquí hay más. Está una sobre los factores, las causas y las perspectivas de la obesidad infantil en nuestro país (https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis/article/view/3592/3734), y hay otra que señala que nuestro país es el primer gran consumidor de refrescos con alto contenido de azúcar, como Pepsi y Coca Cola (http://189.203.43.34:8180/bitstream/20.500.12103/1885/1/ActPed2002_07.pdf), como confirma un estudio reciente de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (https://www.jornada.com.mx/2019/04/08/sociedad/031n1soc).
Y además, está la ley, que también desde hace años fija los lineamientos para el expendio y la distribución de alimentos y bebidas en las escuelas (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014), y que prohíbe expresamente la venta de alimentos y bebidas que, por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.
No creo que haga falta decir mucho más. Ya les hice la tarea. Estoy seguro de que el secretario de Salud ya le expresó su preocupación por la posibilidad de que se incrementen los casos de obesidad infantil y los padecimientos que esta condición produce a mediano y a largo plazo, y se opuso de plano a este proyecto.
Aunque no he visto declaraciones de los cuerpos médicos –ni de médicos en particular– del estado, me encontré en el excepcional caso de coincidir con don Esteban Pablo Rodríguez Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia: si este arreglo se lleva a cabo se estará cometiendo un atentado de grandes proporciones contra los niños veracruzanos.
La diputada Ana Miriam Ferráez, quien participó en el reciente Foro sobre la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad Infantil en Veracruz, ofreció cifras preocupantes: hay más de cuatro millones de niños y niñas en edad escolar con problemas de sobrepeso o de obesidad. La legisladora declaró que se busca trabajar con especialistas para tener un compendio de información para crear una ley sobre el tema.
Mientras eso sucede, el secretario de Educación asegura que no se ha firmado ningún convenio, aunque lo contradice el oficio girado por el profesor Teodoro Iván Méndez González, subdirector de escuelas secundarias, que explica textualmente:
"Con relación a la circular No. SEV/TE/0002/2019 de fecha 25 de septiembre, me permito informar a usted que se firmó un convenio de exclusividad con el grupo GEPP (PEPSI), por lo que los concesionarios de las tiendas escolares sólo podrán vender bebidas del grupo mencionado".
Alguien miente. Pero además de mentir, se ofrece información incompleta y equívoca a los veracruzanos. La subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, está convencida de que "los estudiantes de secundaria ya tienen la capacidad para decidir si se compran un refresco o un bote de agua", como si eso bastara para justificar decisiones que les van a afectar en el futuro.
El secretario –que se siente crucificado por la preocupación y las críticas que ha provocado el arreglo– anunció que el convenio podría firmarse en enero, y aseguró que la SEV tiene programas permanentes para estilos de vida saludables, aunque ninguno de esos programas recomiende beber refrescos ni consumir productos de escaso valor nutritivo. Pero parece que la decisión ya está tomada, a pesar de la abundante información sobre los daños que produce la comida chatarra.
Usted ya no estará en el poder ni sus colaboradores en el gobierno cuando se empiecen a registrar nuevos casos de obesidad, caries, osteoporosis, hipertensión y otros problemas cardiovasculares, diabetes, y un largo etcétera. No tendrá que pensar de dónde saldrán mañana los fondos para atender a los afectados por las malas decisiones de hoy. Pero tendrá la responsabilidad histórica y política de no haber evitado una crisis que costará vidas y distraerá recursos.
Ojalá que el sábado, cuando informe a los veracruzanos de lo que ha hecho en su gobierno, incluya el dato de que el convenio de la SEV con los refresqueros se cancela porque no es bueno, ni ética ni políticamente. Muchos lo vamos a aplaudir.
Respetuosamente,
Miguel Molina