29 de noviembre de 2019
alcalorpolitico.com
Como hace un año, el viento que baja de las montañas es frío y hace que uno se quede en su casa, leyendo cosas que tal vez en otras circunstancias no serían muy interesantes, y en la pantalla de la computadora espera la información sobre las asociaciones público-privadas que parecen ser la parte más importante del Plan Nacional de Infraestructura.
Es lo mismo que era hace un año. En términos técnicos se trata de esquemas de inversión a largo plazo que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado, para decirlo como lo dicen quienes escriben documentos para los archivos. Y todos ganan.
Pero suena bien, sobre todo a esta hora en que es demasiado tarde para tomar café y demasiado temprano para tomar un aperitivo: el sector privado construye la obra que el gobierno necesita, y cobra por ofrecer el servicio que hasta ahora es responsabilidad del gobierno: escuelas, hospitales, carreteras, y un largo etcétera sin más límites que la creatividad contable. Y todo sin recurrir de manera inmediata a fondos públicos.
En lenguaje común, se puede decir que son proyectos de inversión mediante los cuales el sector privado financia obra pública, y luego cobra una renta por operar esa obra, más otros gastos que se acumulen en períodos de veinte años o más, según el contrato, porque alguien tiene que ganar y alguien tiene que pagar. Y algunos ganan más que otros.
La idea no es nueva – fue un invento de los ejercicios financieros en contabilidad creativa que se practicaba en Australia hace treinta años –, pero ciertamente ha sido motivo de lágrimas y de fortunas, más de unas que de otras, y es un paso hacia la privatización y la desregulación, como sugiere el hecho de que los promueven tanto corporaciones como organismos internacionales (entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que esta misma semana aprobó una línea de crédito a México por más de sesenta mil millones de dólares).
El estudio de Relaciones Exteriores
Basta leer el estudio que comisionó hace seis años el Instituto Matías Romero de la secretaría de Relaciones Exteriores: la falta de regulación, la falta de transparencia en los contratos, la falta de metodologías para evaluar la obra y sus efectos, y la corrupción que infectan este tipo de proyectos, son problemas difíciles de corregir, sobre todo en el país que vivíamos. Poco ha cambiado desde entonces.
(El documento original en inglés se puede consultar aquí: https://us.boell.org/sites/default/files/alexander_ppps_nancy.pdf).
A fin de cuentas, el capital – que es por definición privado – nunca ha sido solidario con las necesidades de los demás, aunque haya tratado de parecerlo. No habrá inversión en salud ni en energía, por ejemplo, porque la ganancia es poca o nada. Para que haya inversión en infraestructura tiene que haber ganancias grandes, porque el negocio es el negocio.
Así que todo o casi todo indica que tendremos una infraestructura nacional privada en los hechos, aunque los contratos sugieran otra cosa, porque no se conocen los detalles de este plan de infraestructura.
Pero podemos dormir tranquilos, porque según el experto en finanzas públicas Javier Duarte de Ochoa, la figura del fideicomiso público es la manera más transparente de administrar recursos públicos. Con eso tengo bastante. Es hora del aperitivo.
Otro crimen de Estado
Y todavía nadie sabe a dónde fueron a parar los miles de millones de pesos que gobiernos corruptos se llevaron del fondo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Las cuentas no son claras, aunque "en Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo tiene registrado el adeudo del Gobierno del Estado como responsable solidario por concepto de insuficiencia de recursos para el pago de obligaciones por seis mil millones de pesos", como señala El Universal en su edición del 16 de octubre de hace dos años, citando las conclusiones del Órgano de Fiscalización Superior respecto de la cuenta pública de 2016.
Pero nadie es responsable, aunque alguien tiene en su cuenta o en su bolsillo todo ese dinero. Nadie sabe, nadie supo. Si las cosas fueran diferentes, el gobierno de Veracruz tendría que pagar el dinero que se extrajo ilegalmente del fondo de retiro, e investigar y procesar a los responsables del despojo. A todos.
Es la mejor forma de pedir perdón.
Es lo mismo que era hace un año. En términos técnicos se trata de esquemas de inversión a largo plazo que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado, para decirlo como lo dicen quienes escriben documentos para los archivos. Y todos ganan.
Pero suena bien, sobre todo a esta hora en que es demasiado tarde para tomar café y demasiado temprano para tomar un aperitivo: el sector privado construye la obra que el gobierno necesita, y cobra por ofrecer el servicio que hasta ahora es responsabilidad del gobierno: escuelas, hospitales, carreteras, y un largo etcétera sin más límites que la creatividad contable. Y todo sin recurrir de manera inmediata a fondos públicos.
En lenguaje común, se puede decir que son proyectos de inversión mediante los cuales el sector privado financia obra pública, y luego cobra una renta por operar esa obra, más otros gastos que se acumulen en períodos de veinte años o más, según el contrato, porque alguien tiene que ganar y alguien tiene que pagar. Y algunos ganan más que otros.
La idea no es nueva – fue un invento de los ejercicios financieros en contabilidad creativa que se practicaba en Australia hace treinta años –, pero ciertamente ha sido motivo de lágrimas y de fortunas, más de unas que de otras, y es un paso hacia la privatización y la desregulación, como sugiere el hecho de que los promueven tanto corporaciones como organismos internacionales (entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que esta misma semana aprobó una línea de crédito a México por más de sesenta mil millones de dólares).
El estudio de Relaciones Exteriores
Basta leer el estudio que comisionó hace seis años el Instituto Matías Romero de la secretaría de Relaciones Exteriores: la falta de regulación, la falta de transparencia en los contratos, la falta de metodologías para evaluar la obra y sus efectos, y la corrupción que infectan este tipo de proyectos, son problemas difíciles de corregir, sobre todo en el país que vivíamos. Poco ha cambiado desde entonces.
(El documento original en inglés se puede consultar aquí: https://us.boell.org/sites/default/files/alexander_ppps_nancy.pdf).
A fin de cuentas, el capital – que es por definición privado – nunca ha sido solidario con las necesidades de los demás, aunque haya tratado de parecerlo. No habrá inversión en salud ni en energía, por ejemplo, porque la ganancia es poca o nada. Para que haya inversión en infraestructura tiene que haber ganancias grandes, porque el negocio es el negocio.
Así que todo o casi todo indica que tendremos una infraestructura nacional privada en los hechos, aunque los contratos sugieran otra cosa, porque no se conocen los detalles de este plan de infraestructura.
Pero podemos dormir tranquilos, porque según el experto en finanzas públicas Javier Duarte de Ochoa, la figura del fideicomiso público es la manera más transparente de administrar recursos públicos. Con eso tengo bastante. Es hora del aperitivo.
Otro crimen de Estado
Y todavía nadie sabe a dónde fueron a parar los miles de millones de pesos que gobiernos corruptos se llevaron del fondo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Las cuentas no son claras, aunque "en Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo tiene registrado el adeudo del Gobierno del Estado como responsable solidario por concepto de insuficiencia de recursos para el pago de obligaciones por seis mil millones de pesos", como señala El Universal en su edición del 16 de octubre de hace dos años, citando las conclusiones del Órgano de Fiscalización Superior respecto de la cuenta pública de 2016.
Pero nadie es responsable, aunque alguien tiene en su cuenta o en su bolsillo todo ese dinero. Nadie sabe, nadie supo. Si las cosas fueran diferentes, el gobierno de Veracruz tendría que pagar el dinero que se extrajo ilegalmente del fondo de retiro, e investigar y procesar a los responsables del despojo. A todos.
Es la mejor forma de pedir perdón.