A veces uno ya no sabe a qué atenerse, sobre todo cuando se trata de la cosa pública. No hace mucho, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero expresó su preocupación por la forma en que las autoridades de todos los niveles ignoran la presunción de inocencia de quienes han sido acusados de algún delito. Poco después circuló un proyecto con ocho iniciativas de ley y una de reformas a catorce artículos constitucionales, y su letra y su espíritu preocuparon a muchos.
 
Lo que propone el texto que conocieron los medios y la opinión pública altera de manera significativa varias reglas que hasta ahora limitaban lo que pueden hacer la policía y otras autoridades con las personas detenidas. Si este proyecto se aprueba (se presentará al Senado el primer día de febrero, que es sábado), afectará las garantías individuales y cambiará la forma en que el gobierno se relacione con el pueblo. Habría que indagar quién hizo esta reforma: quién la ordenó, quién la coordinó, quién la escribió, y quién va a justificarla ante el Poder Legislativo.
 
Entre otras cosas, además de alargar el tiempo que cualquier sospechoso puede estar detenido, elimina el derecho a guardar silencio, consiente que los jueces acepten pruebas conseguidas de manera ilícita, permite embargar las propiedades y bienes de quienes están sujetos a investigación antes de un juicio, y revive los delitos contra el honor: la difamación, la calumnia y la injuria.
 

Aquí tendríamos que detenernos para exhibir la prosa opaca y pedregosa de quienes escriben las leyes. Hay artículos como el 468, un rollo ambiguo que afecta de manera directa la libertad de expresión porque amenaza con cárcel "a quienes profieran expresiones que dañen la reputación de una persona; imputar (sic) a alguien un hecho cierto (énfasis mío) o falso, determinado o indeterminado que le cause deshonra, descrédito o perjuicio".
 
También tendríamos que tomar en cuenta que no todos los que ejercen el oficio de contar la historia de lo inmediato se molestan en confirmar lo que dicen, ni consultan las leyes para saber y comprender cuáles son los límites de su actividad, ni les importan reputaciones ajenas. Allá ellos, pero no somos todos.
 
Sin embargo, la reforma legal que se prepara nos va a afectar a todos: a quienes escribimos y a quienes nos leen, o nos oyen o nos ven. Nosotros, los periodistas, no podremos decir que una persona está bajo investigación en Estados Unidos o en España o en México, ni que las autoridades sospechan o sospechaban que esa persona tiene vínculos con organizaciones criminales, aunque sea cierto, porque eso causaría deshonra y descrédito.
 

Los lectores, la opinión pública, no podrán enterarse de quién es quién ni qué hizo nadie. Se callarán cosas terribles, fraudes enormes, corrupciones sin cuento, nadie sabrá qué mañas tienen y qué chanchullos hicieron quienes gobiernan o quienes tienen la fuerza del dinero.
 
Lo que es un hecho es que – más allá de los efectos negativos para la libertad de expresión – el proyecto de reforma huele a retroceso y corre el riesgo de que se interprete como algo que quizá no es. Pero así está la cosa. Por lo pronto, el grupo de Morena en el Senado buscará modificar la ley para que los amparos (un remedio legal que protege los derechos constitucionales de los ciudadanos) no puedan frenar los proyectos y las obras del gobierno federal.
 
Lo dicho. A veces uno ya no sabe a qué atenerse. Todos podemos ser Sergio Aguayo. Y así no se hace un país nuevo...