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Columnas y artículos de opinión

Solo respeto a los acuerdos legislativos, nada más...

Trinchera Final

Por: Jenaro del Angel Amador

03/09/2020

alcalorpolitico.com

1.- Ante la avalancha de rumores tuiteros y demás yerbas de la tecnología moderna que anunciaban con insistencia otro golpe a la economía familiar, [la pandemia dio el primero] el senador Ricardo Monreal Ávila puntualizó algunas cosas, que si bien calman las ansias, no del todo tienen credibilidad absoluta abaratada como están las palabras de los legisladores.
 
Se rumoraba: impuestos a herencias y legados [desde hace algún tiempo le tienen “hambre” impositiva a este renglón], alza al costo de los refrescos por carga en el impuesto a su consumo; abrir una discusión sobre progresividad fiscal en busca de cobrar más a los sectores de mayores ingresos, lo que rompería la promesa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no buscar incrementar impuestos, al menos en sus primeros tres años de gobierno.
 
Además, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, manifestó que “el Paquete Económico “está prácticamente acabado, no lo estamos diseñando, así que les puedo decir que no va a haber”. Y que se enviará al Congreso el próximo 8 de septiembre.
 
Además, el titular de Hacienda, en entrevista televisiva mencionó que los llamados “alimentos chatarra”, bebidas azucaradas, gasolinas... se encuentran bajo la categoría del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Tienen un tratamiento tributario distinto en México y en la mayor parte de los países, porque esos impuestos que existen a esos bienes... que son bienes que al consumirse producen algún mal”.
 
Puntualizó que “la discusión de los impuestos en esos bienes, que no va a cambiar el año que entra, lo voy aclarando, responde a razones de obesidad, de contaminación, más que a razones tributarias”.
 
2.- Ayer, al pardear la tarde [14.45 horas] se anunció en la Cámara de Diputados, que Dulce María Sauri Riancho, del PRI, presidiría la Mesa Directiva.
 
Para llegar a este punto, antes La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados “avaló la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que Dulce María Sauri Riancho presida la Mesa Directiva en el último año de la 64 Legislatura y el acuerdo se llevará al pleno como primer punto en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, en espera del respaldo de los legisladores”...
 
Lo que así sucedió.
 
La votación, hasta donde vimos la transmisión televisiva, quedó así: A favor de la propuesta encabezada por el PRI: 313 votos; 123 en contra y 17 abstenciones. Dulce María Sauri como presidenta; Dolores Padierna (Morena), Xavier Azuara Zúñiga (PAN) y Sara Rocha Medina (PRI) como vice presidentes. Nuevamente, en protesta, el PT rechazó incluir una propuesta para secretario de la mesa.
 
Justicia a secas que validaron el acuerdo tomado al iniciarse en 2018, los trabajos de la 64 legislatura federal.
 
3.- Historia aparte la discusión para la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, para “acotar el fuero presidencial, para que el Ejecutivo pueda ser procesado, además de por traición a la patria -como está vigente- por los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluidos en el artículo 19 constitucional
 
El pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma que deja sin fuero al Presidente de la República, por lo que podrá ser juzgado por corrupción, delitos electorales y los listados en artículo 19 de la Constitución.
 
Tras dos horas y media de discusión, el pleno la aprobó la reforma por mayoría calificada (dos terceras partes del quórum), en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 19 en contra y cinco abstenciones, sobre las cuatro de la tarde de ayer.
 
El documento –que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución General de la República, fue enviado al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual ratificación.
 
Como se ha comentado, la modificación asienta, además, que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).
 
Actualmente, el artículo 108 indica que el Presidente de la República “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
 
Con antelación, en el Senado de la República se habría aprobado la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados para el proceso de ley, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.
 
Refirió que, actualmente, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero.

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