1.- Los rollos y los rolleros no paran. Ahora resulta que en el PRI “hay un grupo rebelde” que, según rolleros, “se han negado a avalar la iniciativa de la reforma energética enviada a San Lázaro desde el poder Ejecutivo Federal..."
 
Ahora resulta que hasta ya saben quiénes “no votarán a favor de la iniciativa” según la nota que rueda en los medios, habida cuenta de que todos los votos cuentan, sean a favor o en contra.
 
Quienes afirman de la existencia del “grupo rebelde” en el PRI, hasta los nombres cuelan: Listan a siete legisladores de Nuevo León, siete de Coahuila; una legisladora del Estado de México y José Francisco Yunes, Zorrilla del estado de Veracruz, que presentada como fue, pareciera una delación para quién quiera saberlo.
 

Sabido es que el PRI cuenta con 71 diputados federales y si como dicen quienes afirman que el “grupo rebelde” no votaría a favor de la reforma, entonces esto significaría un gran boquete para Alito que hace sumas y restas y allí la lleva: Buscando excusas y pretextos para decirle a la membresía cuál será el sentido del voto tricolor.
 
El listado de presuntos diputados priistas que votarán “en contra de la iniciativa”, los expone, obviamente, a presiones de dentro y de fuera de su partido, y todo porque simplemente su obligación es votar, en el sentido que decidan, sin rendirle pleitesía al presidente de su partido. Nada más.
 
Pero Alito dice que “votarán en bloque”, y sólo él sabe qué significa esto.
 

2.- El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, hace algunos días promovió un recurso de amparo contra “cualquier orden de captura que algún juez haya librado en su contra”, es decir, un amparo “buscador” como dicen en el argot.
 
Sin embargo, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal, ni siquiera lo admitieron a trámite.
 
El impartidor de justicia [sentado en la silla del poder] le pidió al exministro en retiro, que “aclare cuáles son los actos que reclama, en un plazo de cinco días, y que en caso contrario se tendrá como no presentada la demanda.
 

Así asentó: “Visto el escrito de demanda... Se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días aclare. Se apercibe que de no hacerlo se tendrá no presentada la demanda”, en el resolutivo el juez.
 
Sin embargo, el exministro Góngora Pimentel que tramitó el recurso el pasado 1 de octubre y señaló como autoridad responsable al juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en su carácter de juez de control del Centro de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, no aclaró bien a bien, cuál es su dolencia legal. Cosas del tiempo.
 
3.- Ahora todo lo que pega, duele. Resulta que la regularización de vehículos ilegales, afirman los dolientes, afectará el patrimonio de los propietarios de autos legalmente adquiridos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, se afirmó en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
 

El organismo argumentó desde su óptica, que la regularización anunciada por el presidente López Obrador, depreciará el valor de los bienes adquiridos legalmente [los coches de agencias locales] ante una previsible saturación de la oferta.
 
En comentarios fuera de récord, miembros de la agrupación, al margen de la buena fe de quiénes poseen vehículos ilegales, “no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos es un delito que beneficia a organizaciones criminales”.
 
Allí queda, otra más...
 

4.- El asunto de Dos Bocas, allí va; paso a pasito."Es asunto de sindicatos"...