1.- Los planteamientos que ha hecho el senador Ricardo Monreal Avila respecto al delito “ultrajes a la autoridad”, se enfocan en varios sentidos partiendo lo que debe entenderse por autoridad.
 
Así, un agente de tránsito que reclama su autoridad ante cualquier manejador de un vehículo, al que intenta infraccionar porque “según él ha violado la reglamentación de tránsito por traer fundido un foco.
 
Y de su vehículo, y la resistencia de él al argumentar que eso acaba de suceder y ambos 'se manotean' sin llegar a los golpes, ¿podría ser motivo de que el automovilista fuera remitido ante la autoridad ministerial para ser remitido a la cárcel?
 

Porque el concepto de autoridad no es único ni exclusivo de los policías, sean ministeriales o de esos que son municipales.
 
Y si les 'ultraja' con una mentada de madre qué sucede entonces con los policías que 'ultrajan' y golpean a los ciudadanos porque como son 'autoridad' ¿tienen derecho a hacerlo”.
 
Por lo pronto este asunto está en el aire y alguien “con autoridad” debe resolverlo entre más pronto, mejor.
 

2.- Ahora que este asunto no necesariamente impulsaría al senador en su propósito de “figurar en la boleta del 2024” cuando se elija presidente de la República, por ahora hay quienes quieren ver su intervención para lograr ese propósito.
 
Esto nada tiene que ver con la intención del senador zacatecano en su presunto interés en “estar en la boleta para el 2024”
 
Una cosa no llevará a la otra...
 

3.- El diferendo jurídico que involucró a un Magistrado del Poder Judicial del Estado, discretamente, ha quedado resuelto.
 
El magistrado Roberto Dorantes Romero fue reincorporado a la función judicial, pero ahora como visitador, luego de más de un año de haber obtenido amparos en contra de la remoción que le fue aplicada por haber cumplido 70 años.
 
Con dicha reinstalación, conforme a las resoluciones de los amparos que obtuvo, además se le deberán pagar [seguramente] los salarios caídos desde julio de 2020, cuando se dio su remoción, a la fecha.
 

Desde abril del 2021 un juez federal puso un ultimátum a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TESJ), Isabel Inés Romero Cruz, para que reinstalara al magistrado en su cargo.
 
Como se sabe, en la resolución se estableció que se contaba con un término de tres días, que vencían el viernes 16 de abril del año anterior, para que el magistrado fuera incorporado a su cargo y se le pagaran los salarios caídos, así como prestaciones que dejó de percibir al ser destituido por el Congreso local en julio del año pasado.
 
Pero ahora, las cuentas son nuevas y Roberto Dorantes regresa a lo que sabe hacer: ver que haya justicia donde debe haberla...