En México, en ningún lado, existe una verdadera procuración de justicia dado que no hay fiscales autónomos.
Y ningún fiscal ha tenido un origen plena y totalmente autónomo por la sencilla razón de que a ningún presidente ni gobernador le conviene eso.
No les conviene por dos razones principales: Una, porque no quieren estar expuestos a ser investigados y menos sujetos a una investigación con autonomía, por eso buscan colocar ahí a un incondicional o a alguien que sienta el peso de la subordinación. Dos, porque no quieren que las investigaciones contra los enemigos estén en manos de alguien que no acate órdenes.
Por eso la supuesta autonomía de las fiscalías son puro cuento. Los fiscales generales, ni los de México, ni los de los estados, han realizado una sola investigación seria en contra de un presidente, un gobernador o un funcionario de alto nivel. Las que ha habido solo han sido de pantalla o contra alguien caído en desgracia. La que hubo contra Cuauhtémoc Blanco por su actuación como gobernador de Morelos, fue por parte de un fiscal que no nombró él, y a final de cuentas a ese fiscal, Uriel Carmona, le fue mal.
Veracruz ha tenido tres fiscales “autónomos”, Luis Ángel Bravo, Jorge Winckler y Verónica Hernández. Los dos primeros terminaron en la cárcel (Bravo ya está libre) y la fiscala ha corrido con suerte al permanecer en el cargo tras el cambio de gobernador. Pero ahora que estamos en tiempos de Morena con todo el poder, cuya élite detesta la transparencia, acaba de ser enviada una iniciativa de ley que si bien, en el papel, mantiene la “autonomía” en los hechos permitirá que la gobernadora Rocío Nahle nombre y quite al fiscal con facilidad, es decir, a su antojo.
Por lo que se ve Nahle ha decidido que terminó el ciclo de la actual fiscala, Verónica Hernández, nombrada por el exsecretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, con el aval del exgobernador Cuitláhuac García. Aportó prácticamente nada positivo a la procuración de justicia, por el contrario, maniobró para que exfuncionarios y políticos considerados enemigos de sus jefes, fueran encarcelados, quedando mal porque uno a uno fueron saliendo de prisión al tirar las acusaciones. Tampoco pudo encarcelar al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ahora fuera del alcance de la Gobernadora.

Así las cosas, estaría por llegar a la Fiscalía General de Veracruz otra mujer, la magistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien no pudo repetir como presidenta del Poder Judicial de Veracruz por falta de votos, pero al tener la confianza de la Gobernadora, se apoderó con su gente de la parte administrativa de ese Poder dejando a la actual presidenta, Rosalba Hernández, sólo el cascarón.
En fin, con el cambio que se avecina en la Fiscalía General ¿los agentes ministeriales ya no acumularán acusaciones?, ¿avanzarán las investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud que tienen el récord nacional por dinero público que anda volando?, ¿aparecerán el dinero y los expedientes de alumnos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz?, ¿habrá castigo contra exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas?, ¿por lo menos algunos exalcaldes y alcaldes salientes pagarán por lo que se han robado?, ¿darán con los asesinos que tienen ensangrentado a Veracruz y detendrán a los criminales que extorsionan y secuestran?, porque de eso, entre otras cuestiones, se trata la procuración de justicia.