25 de febrero de 2026
alcalorpolitico.com
Encarcelados o muertos los principales jefes de la delincuencia organizada de México, pero todavía con la presión de EU ¿qué le queda por hacer al gobierno mexicano?
Ya en tiempos de la Presidenta fue capturado El Mayo Zambada, el capo que durante más años movió los hilos del narcotráfico. Lo entregó -se dijo- uno de los hijos de El Chapo, quien también fue detenido en Estados Unidos.
Ya extraditó a EU a casi un centenar de jefes del crimen organizado, entre ellos a Rafael Caro Quintero, precursor de los grandes narcos en México; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como los Z40 y Z43; Vicente Carrillo Fuentes, hermano de El Señor de los Cielos; Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho; Abigael González Valencia, jefe de Los Cuini, aliados del CJNG, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.
Ya consintió la Presidenta recibir asesoría militar de Estados Unidos y realizar el operativo para capturar (¿y matar?) a El Mencho.
¿Qué sigue?, porque el presidente Trump, tras el último gran golpe con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en vez de reconocer la acción dijo: México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas.
Traducción, el Presidente de EU, una vez logrado echar abajo eso de los abrazos a los narcos, quiere más del gobierno mexicano y seguirá presionando.
Así las cosas, hay dos caminos a seguir por las autoridades. Uno, continuar la batida contra la delincuencia organizada. Si pudo con El Mencho cómo no va a poder contra los jefes regionales, de ciudades y de poblaciones chicas a quienes seguramente tiene bien ubicados.
Dos, entregar a EU o encarcelar aquí a los políticos involucrados en la delincuencia organizada.
El poder alcanzado por los narcotraficantes, convertidos después en amos y señores del tráfico de migrantes, de la trata de mujeres, de los secuestros, de las extorsiones a comerciantes y productores, de las cárceles, del robo de combustibles y del huachicol fiscal, no sería posible sin el respaldo de gobernadores, alcaldes, jefes estatales policiacos, jefes policiacos federales y de mandos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.
López Obrador optó, para no meterse en problemas o por alianza, por la política de abrazos, no balazos. Sheinbaum, presionada, ha atacado al crimen organizado, pero evidentemente se resiste a encarcelar a quienes, desde la 4T, están metidos con los cárteles.
Posiblemente antes de eso entregue de ofrenda a EU -deseando ya la dejen en paz- a uno que otro pez gordo del empresariado que, por ambición o amenazas, haya entrado a blanquear las carretadas de dinero producto de los crímenes cometidos a diario en México.
Y de esos políticos y empresarios hay en Veracruz.
PROTECCIÓN A PERIODISTA, NO; A POLÍTICOS, SÍ
A la periodista Fernanda de Luna Ferral, a quien en 2020 le mataron a su mamá, la también periodista María Elena Ferral, y quien ya sufrió un atentado, le acaban de retirar la protección que le otorgaban instancias federales.
Sobre esto, expone lo siguiente:
"Es absolutamente falso que mis medidas hayan caducado. Mi Plan de Protección se encuentra vigente y establece con claridad que mi esquema de seguridad debe mantenerse en sus términos actuales hasta que exista una nueva evaluación o análisis de riesgo emitido formalmente por el propio Mecanismo.
"Mi nivel de riesgo está catalogado como ALTO. Soy víctima indirecta en el proceso penal por el asesinato de mi madre, la periodista María Elena Ferral. Dos personas ya fueron liberadas, el autor intelectual continúa prófugo y el proceso judicial sigue en distintas etapas. El riesgo no ha desaparecido.
"El retiro de mis escoltas no es un asunto administrativo: es una acción que pone en riesgo mi integridad y mi vida. Constituye una violación a mis derechos como víctima y a los derechos que adquirí al ser incorporada al Mecanismo Federal de Protección.
"Hago responsable al Gobierno del Estado de Veracruz y a la Secretaría de Seguridad Pública de cualquier agresión, daño o situación que pueda poner en riesgo mi vida o mi integridad derivada de esta decisión arbitraria".
El gobierno de Rocío Nahle debe reconsiderar el haberle quitado la protección.
Ya en tiempos de la Presidenta fue capturado El Mayo Zambada, el capo que durante más años movió los hilos del narcotráfico. Lo entregó -se dijo- uno de los hijos de El Chapo, quien también fue detenido en Estados Unidos.
Ya extraditó a EU a casi un centenar de jefes del crimen organizado, entre ellos a Rafael Caro Quintero, precursor de los grandes narcos en México; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como los Z40 y Z43; Vicente Carrillo Fuentes, hermano de El Señor de los Cielos; Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho; Abigael González Valencia, jefe de Los Cuini, aliados del CJNG, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.
Ya consintió la Presidenta recibir asesoría militar de Estados Unidos y realizar el operativo para capturar (¿y matar?) a El Mencho.
¿Qué sigue?, porque el presidente Trump, tras el último gran golpe con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en vez de reconocer la acción dijo: México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas.
Traducción, el Presidente de EU, una vez logrado echar abajo eso de los abrazos a los narcos, quiere más del gobierno mexicano y seguirá presionando.
Así las cosas, hay dos caminos a seguir por las autoridades. Uno, continuar la batida contra la delincuencia organizada. Si pudo con El Mencho cómo no va a poder contra los jefes regionales, de ciudades y de poblaciones chicas a quienes seguramente tiene bien ubicados.
Dos, entregar a EU o encarcelar aquí a los políticos involucrados en la delincuencia organizada.
El poder alcanzado por los narcotraficantes, convertidos después en amos y señores del tráfico de migrantes, de la trata de mujeres, de los secuestros, de las extorsiones a comerciantes y productores, de las cárceles, del robo de combustibles y del huachicol fiscal, no sería posible sin el respaldo de gobernadores, alcaldes, jefes estatales policiacos, jefes policiacos federales y de mandos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.
López Obrador optó, para no meterse en problemas o por alianza, por la política de abrazos, no balazos. Sheinbaum, presionada, ha atacado al crimen organizado, pero evidentemente se resiste a encarcelar a quienes, desde la 4T, están metidos con los cárteles.
Posiblemente antes de eso entregue de ofrenda a EU -deseando ya la dejen en paz- a uno que otro pez gordo del empresariado que, por ambición o amenazas, haya entrado a blanquear las carretadas de dinero producto de los crímenes cometidos a diario en México.
Y de esos políticos y empresarios hay en Veracruz.
PROTECCIÓN A PERIODISTA, NO; A POLÍTICOS, SÍ
A la periodista Fernanda de Luna Ferral, a quien en 2020 le mataron a su mamá, la también periodista María Elena Ferral, y quien ya sufrió un atentado, le acaban de retirar la protección que le otorgaban instancias federales.
Sobre esto, expone lo siguiente:
"Es absolutamente falso que mis medidas hayan caducado. Mi Plan de Protección se encuentra vigente y establece con claridad que mi esquema de seguridad debe mantenerse en sus términos actuales hasta que exista una nueva evaluación o análisis de riesgo emitido formalmente por el propio Mecanismo.
"Mi nivel de riesgo está catalogado como ALTO. Soy víctima indirecta en el proceso penal por el asesinato de mi madre, la periodista María Elena Ferral. Dos personas ya fueron liberadas, el autor intelectual continúa prófugo y el proceso judicial sigue en distintas etapas. El riesgo no ha desaparecido.
"El retiro de mis escoltas no es un asunto administrativo: es una acción que pone en riesgo mi integridad y mi vida. Constituye una violación a mis derechos como víctima y a los derechos que adquirí al ser incorporada al Mecanismo Federal de Protección.
"Hago responsable al Gobierno del Estado de Veracruz y a la Secretaría de Seguridad Pública de cualquier agresión, daño o situación que pueda poner en riesgo mi vida o mi integridad derivada de esta decisión arbitraria".
El gobierno de Rocío Nahle debe reconsiderar el haberle quitado la protección.