Los meses pasan y todo indica que desde el gobierno pretenden echarle tierra al escándalo del llamado cártel inmobiliario de Veracruz.
Las investigaciones no avanzan y a este asunto Morena le aplicaría el mismo método al utilizado en otro escándalo -este de nivel nacional- el del huachicol fiscal.
Lo del huachicol sería el fraude, el robo más cuantioso a las arcas del país. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado a cuantificar el daño causado, la cifra oficial más baja señala la pérdida para el país de 16 mil millones de pesos, aunque la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, tasó el fraude en 600 mil millones.
Seiscientos mil millones de pesos es muchísimo dinero, tanto que se pierde la noción de lo que implica una cantidad así, pero para dar una idea es más de tres veces el presupuesto del Gobierno del Estado de Veracruz para 2026 o poco más del 60 por ciento del presupuesto total del gobierno de un país como Guatemala.
Pese a ese dineral en juego y tras el escándalo de saber que dos altos mandos de la Semar, Manuel Roberto y Fernando Farías, sobrinos de quien fue secretario de Marina con López Obrador, Rafael Ojeda Durán, eran las cabezas del huachicol, así como de un no creíble suicidio y un asesinato de otro jefe marino, ya no ha pasado nada.
El gobierno federal estaría apostando al paso del tiempo para sepultar el mayor robo a la nación.

Aquí en Veracruz sucede algo similar. Desde el año pasado estalló el escándalo del llamado cártel inmobiliario, mediante el cual han despojado de terrenos y casas a familias de Xalapa y la región, con la supuesta participación de jueces, notarios, policías y personal del Registro Público de la Propiedad, entre otros.
En diciembre del año pasado la gobernadora Rocío Nahle admitió la existencia de denuncias por despojo de propiedades y dos meses después, a principios de febrero, señaló que en el Registro Público de la Propiedad han sido toleradas prácticas que derivarían en extorsiones y corrupción.

Esto pasa cuando se suelta el gobierno, cundo hay una ausencia del Estado y eso no puede ser, dijo severa la gobernadora en una de sus conferencias de prensa, para rematar con la orden de investigar a fondo ese asunto y aplicar la ley “caiga quien caiga”.
Las semanas han pasado y no se sabe ni siquiera qué ha pasado con las decenas de “trabajadores meritorios” que, a diario, recibían miles de pesos por acelerar trámites y debían entregar el dinero a sus jefes, menos si hay avances en las investigaciones sobre notarios, jueces, policías y funcionarios dependientes de la Secretaría de Gobierno.
Cosa de la vida, de ambos casos tiene informes importantes el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued.

Sobre lo del huachicol fiscal supo tanto y no podía hacer nada que optó por presentarle su renuncia como director general de Aduanas al entonces presidente López Obrador, para regresarse al Senado.
Del cártel inmobiliario de Veracruz también debe saber mucho en su calidad de secretario de Gobierno y sobre esto último se sigue a la espera de que, tras las extensas investigaciones del caso, se aplique la ley persona por persona, como lo planteó la Gobernadora.
Sin embargo, hay dudas sobre la aplicación de la ley, pues pareciera que el hecho de que estarían involucrados personajes de muy alto nivel del gobierno pasado (¿también del presente?), impide llegar al fondo y hasta ahora solo se ha informado de un notario detenido.