Esta es una declaración de pesimismo. La cosa ya no tiene remedio: el país está dividido otra vez y nuevamente se cuestionan las elecciones. La diferencia es que ahora hay redes sociales que amplifican el tamaño del apoyo y las dimensiones del descontento, y a la vez ofrecen imágenes inquietantes que sugieren que las cosas se siguen haciendo como antes.

Unos dicen que se hace eso porque la élite del poder (ahora distribuida en todos los partidos) aprendió el arte de la política -bueno, es un decir- en ese antes. Los memoriosos advierten que las cosas nunca vuelven a ser lo fueron, aunque haya quienes quieran que eso pase...

El caso es que las elecciones están ahora en manos del Instituto Federal Electoral, y eventualmente pasarán a ser asunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones sobre las que caerá el humo de la duda y la ceniza de la desconfianza durante los próximos días, las semanas que vienen, los meses que faltan.


Muchos dirán que la Cámara de Diputados fue la primera en minar el respeto que merecía el IFE cuando se tardó más de un año en nombrar a tres consejeros electorales y aprobó tres nombres en un debate de veinticinco minutos, dos días antes de que arrancaran formalmente las campañas.

Esos muchos también dirán que el IFE ha ido perdiendo credibilidad -si no respeto- y que Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral, cometió un serio error porque la noche del domingo anunció los resultados del programa de conteo preliminar (PREP) una proyección estadística -una ciencia que, como demostraron casi todas las encuestas, no es exacta- que los medios y varios gobiernos de otros países tomaron como una declaración de victoria.

También a muchos les parecerá que a José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo traicionaron las ganas de hablar cuando declaró (hablando sobre la impugnación que piensa presentar la izquierda) que nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas, en un claro ejemplo de prejuicio que a simple vista le impediría seguir en su cargo si viviera en otro país.


Hay que pensar que Luna Ramos no recordó que un juez o un magistrado no pueden ni debe externar una opinión sobre un caso que va a considerar (como lo indica claramente la fracción décima del artículo treinta y nueve del Código Federal de Procedimientos Civiles, que yo sí leí).

En todo caso, alguien tiene que explicar las cosas que han aparecido en las redes sociales y en otros medios que exhibieron casillas con propaganda política, que evidenciaron la presencia de personas armadas en las inmediaciones de casillas, que advirtieron la actividad de equipos que al parecer pagaban a otros para que votaran, y que publicaron fotografías de actas presuntamente alteradas, vainas de esas.

Tal vez quienes mejor pueden investigar estos señalamientos antes de desecharlos (porque involucran a todos los partidos) son los consejeros del IFE, que ganan trescientos mil pesos al mes y tienen quién sabe cuántos cientos de miles más para contratar asesores y otras comodidades.


Es verdad que publicar algo (una acusación, una imagen, un video) no es prueba de nada desde un punto de vista estrictamente legal, pero examinar tan serias y tan numerosas denuncias tendría que ser obligación moral y cívica de quienes manejan el proceso electoral.

Más allá de los derechos que tengan los candidatos y los partidos que los postulan, las autoridades tienen que investigar porque los votantes merecen saber. Este país dividido exige que alguien le explique qué pasó.

Pero ni el IFE ni el TEPJF pueden hacer ya nada. No pudieron hacer nada hace una docena de años, cuando se determinó que los amigos de Vicente Fox usaron fondos del extranjero (un serio delito que en otras partes podría llegar a invalidar el proceso electoral y forzar nuevas elecciones). La ley es la ley pero no es particularmente dura cuando se trata de estas cosas.


Lo más que pasó fue que el PAN pagó una multa por haber recibido financiamiento ilegal para llevar a Fox la presidencia, y el PAN pagó la multa con el dinero que recibe del Estado mexicano porque es una organización política, y Fox siguió siendo presidente o lo que haya sido.

Ahora tampoco se puede anular el proceso, aunque se cuenten los votos. La ley no contempla tal cosa. Estamos como estamos. Muchos pensamos que una segunda vuelta electoral podría corregir de golpe tantos vicios, cerrar tantas heridas, unir tantas voluntades...

Pero al humo de la duda y la ceniza de la desconfianza se va agregar el agua caliente del descontento durante los próximos días, las semanas que vienen, los meses que faltan. Y la cosa ya no tiene remedio, pase lo que pase.